Esta semana el presidente López Obrador presentó una iniciativa para cumplir con uno de sus compromisos de campaña: la Ley de Amnistía. Durante la contienda política se había dejado incertidumbre sobre qué contemplaba y qué no, la idea del presidente. ¿Sería una puerta para dispensa de criminales? ¿Era una forma de sentar, de manera radical, un nuevo comienzo? ¿Un despliegue político para connotar que estábamos en franca situación de guerra? La incertidumbre creció, como con muchos otros temas en que la común actitud polémica y la a veces espesa o ambigua comunicación del presidente ayuda poco para la discusión transparente. Pero esta semana, decía, por fin presentó su iniciativa, escrita en primera persona y no puedo más que aplaudirla.
La etapa de las secundarias, la reglamentación, será interesante. Habremos de descifrar cómo pretende lograr su cometido, dados los procesos del fuero común. Evidentemente en el ámbito judicial no debe haber nada que se interponga con el federalismo.
Dicho lo cual, la ley me parece interesante, justa y digna de celebración. Sobre todo en renglones claros. Dejo en suspenso de confianza aquel que se refiere a los presos políticos. Me parece que es la parte más débil y que se puede prestar al aparato político (para cualquier mandatario futuro). Me centraré en los aspectos restantes, absolutamente dignos de reconocimiento.
En primer lugar el de los derivados de narcotráfico bajo coacción, o los de portación de los estupefacientes apenas por encima de las cantidades consideradas por la ley. Este punto es importantísimo debido a que, como se ha dicho, es importante para proteger a personas vulnerables, mujeres, jóvenes y niños, que pueden, bajo amenaza, llegar a generar actos de narcotráfico, por su condición mental, física o de pobreza. Es entonces, clave que se redimensione la actividad punitiva alrededor de este sector. Por otro lado, se ha dicho también, que aquellos que fueron detenidos con un poco de droga sin los requisitos que la ley prevé y terminaron en situación de cárcel sin duda alguna son personas ahora en una mayor situación de desventaja social y vulnerabilidad. Ya ni decir que entran a la cárcel por un error poco importante (portar marihuana, por ejemplo) y terminan conociendo un ambiente mucho más pernicioso para un futuro difícil, pues además terminarán estigmatizados de por vida. Es hora que reconozcamos lo obtusos que hemos sido al combatir a través de la prohibición el asunto de las drogas que en México es un problema no de salud sino de seguridad.
El segundo aspecto que quiero celebrar es el de la amnistía para quienes cometieron delitos simples (sin arma de fuego) por necesidad económica (delitos de hambre) esta población es -aunque sé que está afirmación causará controversia- más un recordatorio de las deudas históricas que los gobiernos han tenido para su ciudadanía: nadie debería sufrir hambre y eso es una responsabilidad distributiva que el estado tiene para sus ciudadanas y ciudadanos. Por supuesto que la cárcel por este motivo es sólo una revictimización que no abona en el cambio sustancial que como país necesitamos. En este mismo aspecto está el de las y los indígenas que no hayan podido llevar una defensa o acompañamiento legal en su idioma (bajo el mismo principio de que sean delitos sin armas). La población indígena del país ha llegado a enfrentar los atroces procesos kafkianos sin una compañía que les permita entender de qué se les acusa y cuáles son sus derechos.
Finalmente, está el asunto de las mujeres que interrumpieron su embarazo. En el mismo tenor que en el de las drogas, la prohibición ha demostrado no funcionar en absoluto, más allá de la discusión teórica sobre el derecho de las mujeres, en las que creo la razón apunta para el lado de su libertad, los castigos son absolutamente clasistas, pues las mujeres en situación económica holgada tienen oportunidad de trasladarse a clínicas donde esto está permitido, incluso al extranjero, y son las más pobres y desesperadas las que terminan recurriendo a este difícil trance que encima termina con una afectación terrible para su vida (sin que solucione, para nada, el asunto toral que tanto y tanto persigue corregir el Frente por la Familia).
En suma, creo que la iniciativa del presidente es absolutamente progresista, justa, retributiva y restauradora de un estado de derecho en muchos aspectos fallidos. Se sabe bien que no soy optimista ni porrista de este nuevo gobierno, porque desconfío de su líder y de sus políticas mal llamadas de izquierda. Pero esta iniciativa sí representa los valores que la cuarta transformación dice perseguir.
/Aguascalientesplural | @alexzuniga | TT CIENCIA APLICADA
