Resulta muy interesante que una de las primeras iniciativas de reforma que envía Peña Nieto a la Cámara de Diputados tiene que ver directamente con el tema de la educación en México. A tan sólo nueve días de su toma de protesta, el nuevo presidente hizo llegar un documento de 26 páginas que fue publicado este martes 11 de diciembre en la Gaceta Parlamentaria y que contiene un preámbulo justificativo de dichas modificaciones así como las reformas propuestas al artículo tercero constitucional en sus fracciones III, VII y VIII, adicionando la fracción IX, y al 73 fracción XXV.
Podemos hacer varias lecturas de este texto. Por un lado, se lee a un gobierno preocupado por la calidad educativa y que reconoce que la educación es una política del Estado fundamental para la “satisfacción de los anhelos de justicia y desarrollo” de la sociedad, de donde éste es el principal responsable de crear las condiciones adecuadas para su correcta implementación. Para ello, dice, se requiere el esfuerzo de los poderes públicos, de los órganos de gobierno, de las autoridades e instituciones, de los maestros, de las organizaciones gremiales, de los expertos, de los padres de familia y de la sociedad para mejorar los procesos educativos. Así, se requieren modificaciones que van desde el órgano jurídico, los acuerdos de voluntades entre el Ejecutivo Federal, los ejecutivos estatales y la organización sindical.
Propone entonces la creación de un servicio profesional docente pues reconoce que “el desempeño del docente es el factor más relevante de los aprendizajes” y que “el liderazgo de quienes desempeñan funciones de dirección y supervisión resulta determinante”. De modo que la nueva disposición constitucional en materia de ingreso, promoción y permanencia de los maestros, directores y supervisores permitirá “superar inercias y fijar con claridad responsabilidades”.
Asimismo, propone que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (creado en 2002) adquiera la calidad constitucional de órgano autónomo para la toma de decisiones técnicas relativas a la medición y evaluación de la educación. Un órgano “confiable” que tendrá la mayor jerarquía para informar de los objetivos, y asesore y fije directrices para la elaboración de las políticas educativas en base al análisis y evidencias de los expertos. Todo ello dentro del marco de las evaluaciones continuas a estudiantes, maestros, escuelas, directores y servicios educativos para medir, dentro de cada una de las distintas circunstancias de la Federación, los niveles de mejoramiento y desarrollo.
Esto es lo que a primera vista nos dice el texto, pero podemos hacer algunas lecturas más. Es imposible negar que esta reforma está dirigida a restar poder al sindicato magisterial, al cual considera tan sólo el “titular de las relaciones colectivas de trabajo”. Incluso el nuevo titular de la Secretaría de Educación Pública, Emilio Chuayffet Chemor, afirmó que la rectoría de la educación en el país debe estar a cargo únicamente del Estado, no de los grupos que son agentes de ella. Además, el nuevo sistema de selección, contratación y promoción de los “trabajadores al servicio del Estado” en el sector educativo no presupone ninguna distinción para que se atengan a otra que no sea la legislación federal vigente (art. 123), como cualquier otro servidor del gobierno.
Con ello se pretende finalmente restar poder a la hegemónica y vitalicia lideresa sindical. Pero si se lo restan a ella, por ley física alguien más lo obtiene. Aquí lo importante es saber quién y para qué fines. Y entonces caemos en la cruda realidad. El gobierno de Peña Nieto es, como el de sus antecesores, hijo del más acendrado neoliberalismo. Sus cánones se basan en la competencia feroz, en el gobierno de las élites políticas y económicas, y en el adoctrinamiento de las masas. Noam Chomsky explica de manera simple que hay dos formas de educación: la que sirve para hacer pensar y la que sirve para hacer obedecer. En este sentido, es muy significativo el hecho que siendo los principales opositores a Peña gente con grados de educación distintos a los de la mayoría de la población (llámese estudiantes, académicos, profesionistas) y habiendo sufrido en carne propia los reclamos, las críticas y la reprobación de estos sectores librepensadores, Peña busque llevar a toda la población una educación reflexiva y analítica (ilustrada, como diría Chomsky). Lo lógico, entonces, es pensar que este nuevo gobierno pretende, una vez más, confundirnos y hacernos pensar que efectivamente busca la educación y el bienestar para la sociedad, cuando en realidad lo que busca es generar una sociedad mexicana “de clase media” que aprenda desde las primeras clases a estudiar para pasar el examen, a callar y obedecer, a no hacer muchas preguntas y, sobre todo, a no cuestionar el sistema, a no exigir ni reclamar nada a los gobiernos. Y un gobierno sin críticas es un gobierno sin límites, absoluto. Grandes desafíos nos vienen por delante. En nosotros está la decisión de pensar o de obedecer.
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