Decíamos en anteriores entregas que el grave problema de la seguridad pública en México no es sólo ni exclusivamente un tema de policías escasas, corruptas e ineficientes, porque hay otros factores igualmente o acaso más determinantes que inciden en el tema.
Uno de ellos es sin duda el déficit histórico en la impartición de justicia, donde tenemos algunos datos duros que no por conocidos dejan de sorprender. Por ejemplo, una tasa del 99.3% de impunidad: “El país es el cuarto con mayor corrupción a nivel mundial luego de que su sistema de justicia está colapsado en 26 de las 32 entidades. Por si fuera poco, hay un déficit de 120 mil policías locales”. “En 26 de las 32 entidades federativas del país, el sistema judicial ‘está colapsado’ por la falta de policías y de jueces. Esto genera una condición de ‘impunidad rampante que pone en riesgo el futuro del país’”, advirtió Gerardo Rodríguez Sánchez-Lara, coordinador del Índice Global de Impunidad México 2018. (“La impunidad en México es de 99.3%; no hay policías ni jueces suficientes: UDLAP”, Aristegui Noticias, marzo 13, 2018).
Esto significa, grosso modo, que en México menos del 1% de los delitos son castigados. Y no hablamos sólo de delitos de alto impacto, sino de todo tipo de delitos. Por eso, no es menor ni irrelevante la condena de cadena perpetua a la que se sentenció recientemente al conocido narcotraficante y estrella mediática que fungía como líder del cártel de Sinaloa, con una fortuna estimada de más de mil millones de dólares, según Forbes.
El problema es que dicha sentencia viene desde otro país, pues éste ha demostrado repetidamente que carece de capacidades administrativas, judiciales y de voluntad política para procesar a todo tipo de criminales. Ahí quedan para muestra los paradigmáticos casos del ciudadano chino con una habitación en una residencia de Las Lomas de Chapultepec repleta de dólares de los que no podía explicar su origen, o las avionetas de gobiernos estatales cargadas de efectivo en tiempos electorales, o el caso de la “estafa maestra”, o los cuantiosos sobornos ligados a la brasileña Odebrecht, la española OHL, o bien el escándalo y corrupción históricas en Pemex, huachicoleo incluido, como también las casas blancas del grupo Higa para Osorio, Videgaray y Peña.
Así que dentro del grave panorama, destacan informaciones recientemente dadas a conocer por organizaciones de la sociedad civil como Equis Justicia, que sostiene que: “Todos los poderes judiciales son opacos en México y están reprobados en materia de justicia abierta”, dado que: “Luego de un análisis con base en solicitudes de información, hallaron que ninguna entidad logró 50% de la calificación; apenas Yucatán fue el mejor calificado con 47.5 puntos, mientras que los poderes judiciales más opacos son los de Aguascalientes, Morelos, Puebla y Estado de México, pues no respondieron o negaron sus obligaciones” (“Todos los poderes judiciales de México son opacos: Equis Justicia”, SDP Noticias, 8 de mayo de 2019). Hay otras informaciones, que apuntan a problemas de nepotismo (“el 51% de los jueces tiene al menos un familiar en el poder judicial en México”, EFE, edición USA, 17 de agosto de 2018). Véase también a Julio Ríos en Nexos: “El déficit meritocrático. Nepotismo y redes familiares en el Poder Judicial de la Federación”, agosto 27, 2018.
¿Cómo interpretar en éste contexto de corrupción y opacidad generalizada, las informaciones recientes en el sentido de que a un honorable ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, le fueron encontradas transacciones millonarias y sin aclarar por dos millones 382 mil 526 libras esterlinas, unos montos que exceden con mucho sus ingresos anuales? Y son nuevamente los gringos a través de su departamento del tesoro, haciendo el trabajo que corresponde a México, tal como en el caso del conocido narcotraficante sentenciado a cadena perpetua; pues al parecer en México nadie se había dado cuenta de las opulentas cuentas y transacciones del citado ministro, quien por cierto, antes había sido Procurador General de la República y embajador de México en Estados Unidos (“Las Transferencias millonarias del Ministro Medina Mora”, El Universal, 6 de junio de 2019).
Pero aún más sorprendente resulta que dicho alto juzgador, quien es conspicuo representante en La Corte de unos intereses político-empresariales perfectamente identificados con el viejo régimen, siga en funciones al día de hoy sin que parezca importarle mucho a nadie su inexplicable bonanza en libras, dado que los altos empleados públicos en México -nuestros empleados, según la ley- jamás se plantean renunciar cuando son atrapados o exhibidos in fraganti.
¿Son acaso la reciente persecución judicial de Lozoya y familia, la condena de Guzmán en Nueva York o “el descubrimiento” de cuentas millonarias del gobernador del Estado de México en Andorra, algunas incipientes señales de que los “pactos de impunidad” o “pactos mafiosos” (así los califica el investigador Buscaglia) están rotos entre la 4T y el viejo régimen?
Muy pronto para saberlo, pero no para desearlo colectivamente, porque no puede haber paces ni seguridad sin terminar con la impunidad rampante, que pasa ineludiblemente por administrar e impartir justicia de manera “pronta y expedita”.
Post Scriptum. Dicen que hay cosas que no se le pueden consentir ni a los mejores amigos. Si tuviésemos que seguir pidiendo renuncias en los tiempos de la 4T, que te parece para ésta semana la del candidato electo al gobierno de Baja California, quien ofreció, según ciertas fuentes y en medio del mayor escándalo, nada menos que un millón de dólares a cada diputado local de los necesarios para cambiar vía reforma constitucional, su periodo de gobierno de 2 a 5 años. Y de paso también la de la todopoderosa señora Polevnsky, a la que tal actuación del señor Bonilla le pareció muy atinada. Unos políticos de cuarta son Yeidckol y Jaime, por decir lo menos.
Con la venia de nuestro querido director y equipo de redacción, abrimos un breve pero necesario receso veraniego para encontrarnos de nuevo en septiembre próximo.
@efpasillas
