La renuncia de Carlos Urzúa como secretario de Hacienda y Crédito Público no ha sido el primer traspié del nuevo Gobierno Federal, pero sí el primero con la capacidad de debilitarlo. Su renuncia puede considerarse desde varias ópticas. En primer lugar, desde la perspectiva de la ética del servicio público, su renuncia (al igual que la de Germán Martínez al frente del IMSS) es la última instancia a la cual el exsecretario podía recurrir. En ese sentido, su renuncia es una denuncia. En segundo lugar, su renuncia está lejos de mostrar sólo un disenso personal y particular del exsecretario con el ejecutivo. Su renuncia es la muestra de un malestar profundo de un grupo cercano al presidente con otros grupos cercanos. Si tomamos en cuenta estas dos perspectivas, creo que podemos analizar con mucha mayor profundidad la denuncia pública que realizó Urzúa.
La denuncia de Urzúa puede descomponerse en cuatro piezas fundamentales: a) el exsecretario considera que en general el Gobierno Federal ha tomado decisiones de política pública “sin el suficiente sustento”; b) a su juicio, y de manera mucho más específica, piensa que las políticas económicas deben tomarse atendiendo a la evidencia disponible, tomando en cuenta los diversos efectos que puedan tener y libres de extremismos de izquierda o de derecha; c) le resulta inaceptable la imposición de funcionarios que desconocen la Hacienda pública; y d) cree que las imposiciones están motivadas por “personajes influyentes del actual gobierno con un patente conflicto de interés”.
La mayoría de los análisis en la comentocracia mexicana se han detenido en la cuarta pieza de la denuncia casi de manera exclusiva. Es comprensible: la nota periodística parece estar en los nombres que omite Urzúa. ¿Quiénes son los personajes influyentes que tienen un patente conflicto de interés? A minutos de la renuncia se desataron las especulaciones. Éstas ya se han detenido gracias a la entrevista que Urzúa concedió a Hernán Gómez (alguien cercano al grupo de Urzúa, Esquivel y Márquez en el gobierno), y que señala a Alfonso Romo como el genio maligno detrás de todo lo malo en la cuarta transformación de la vida pública de México. El chisme se ha detenido, las especulaciones ya se han evaporado, pero hace falta analizar las primeras tres piezas de la denuncia: ellas, pienso, son verdaderamente el genio maligno y no el ultraconservador empresario regio.
Las primeras tres piezas de la denuncia de Urzúa son de carácter epistémico. Me explico. Las tres tienen que ver con el hecho, ya patente para muchos, de que este gobierno gobierna a ciegas. La política pública del país está a cargo de improvisados, ignorantes e incompetentes. Sobre todo: está al servicio del contentillo del presidente. Hay muchos caprichos, mucho simbolismo, mucha cercanía con el pueblo, mucha emotividad, pero hasta hoy muy poca eficacia. Es peor: es esperable que sus políticas públicas fracasen, y por una sola razón que resume las tres primeras inquietudes de Urzúa: el presidente no comprende que en materia de política pública debería ser la evidencia la primera y más importante restricción. Ahora se entiende que Urzúa estuviera en desacuerdo con la cancelación del NAIM o con la construcción de la nueva refinería en Dos Bocas. Su desacuerdo no era político, es y sigue siendo fáctico: resultaba inviable y económicamente imprudente.
El conocimiento que se requiere para gobernar es heterogéneo y múltiple: en ocasiones se requiere conocimiento local (de los principales afectados o beneficiados por una política pública), se requiere también conocimiento de las preocupaciones e intereses de los gobernados, conocimiento o capacidad ejecutiva (para decidir entre distintos cursos de acción de acuerdo con la evidencia disponible), pero me atrevería a decir que siempre (o casi siempre) se requiere de conocimiento técnico para la evaluación, el diseño y la implementación de las políticas públicas. El Gobierno Federal ha despreciado una y otra vez este tipo de conocimiento, considerando que basta el sentido común popular para gobernar, que basta la democracia de mano alzada, que basta la profunda comprensión de las preocupaciones e intereses de los gobernados que tiene el presidente. Los técnicos cercanos al gobierno son contradichos en público una y otra vez, y los lejanos calificados de “mafia de la ciencia”, de fifís o de privilegiados. Así, Andrés Manuel López Obrador es un fiel representante de la posverdad: la subordinación política de la realidad. No está nada claro cuál es el papel del conocimiento técnico en el gobierno, y ésta, pienso, es la razón que un prestigioso técnico y académico como Urzúa considero antes que cualquier otra para renunciar a su cargo.
Si añadimos a las consideraciones anteriores que su denuncia/renuncia no sólo es indicativa de un individuo particular, sino reflejo de las creencias de un grupo, podemos sospechar que las inquietudes de Urzúa son compartidas también por sus cercanos, algunos de ellos todavía en el gobierno. Son las inquietudes de la secretaria de Economía, Graciela Márquez, fueron las inquietudes de Gerardo Esquivel, nominado a subsecretario de Egresos durante la transición, son las inquietudes de Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, y quizá son también similares a las inquietudes del canciller Marcelo Ebrard. Ellos, considerados “moderados” al interior de la 4T, y algunos muy cercanos a Urzúa, son los salvados por el exsecretario de Hacienda cuando habla de “extremismos” sean de izquierda o de derecha. Pero más importante, la renuncia de Urzúa debería considerarse reflejo del primer posible cisma al interior de la 4T. ¿Seguirán las renuncias o ganará la ciencia y la evidencia? Espero que el presidente reconsidere, tarde o temprano, sus filias y fobias.
[email protected] | /gensollen | @MarioGensollen | TT Ciencia Aplicada
