El tema de la semana y de muchas semanas es el asunto de la recién creada Guardia Nacional y la disolución, motín minoritario incluido, de algunos integrantes de la ex Policía Federal. Esto, porque tal vez el problema más grave que enfrenta el Estado mexicano está muy claro: una de las tasas de violencia e impunidad más altas de la región y del mundo, incluso por encima de países y regiones oficialmente en guerra.
Pero es un argumento envenenado contra el actual gobierno decir que seis meses después todo sigue igual e incluso peor, según datos recogidos, por ejemplo, por el “ejecutómetro” que desde hace años realiza, entre otros, el Semanario Zeta de Tijuana ante la falta histórica de estadísticas oficiales confiables en la materia. Puede que sí, tal vez estemos peor que nunca en julio de 2019. Pero: ¿Quién puede hacer en seis meses lo que no se hizo en 60 años?
Así que es difícil, muy difícil solidarizarse con las reivindicaciones “laborales” de los rebeldes policías federales (que por cierto también proceden en gran número del Ejército y Marina) y de sus oficiosos patrocinadores, porque los resultados actuales no hablan nada bien de su trabajo, sino precisamente todo lo contrario. Allí están multitud de precedentes nefastos, casos emblemáticos bien documentados que hablan de la brutalidad o la ausencia completa, ambas presumiblemente deliberadas (San Fernando, Tamaulipas; Allende Coahuila; Tlatlaya, Estado de México; Iguala, Guerrero; las jornadas de represión magisterial en Oaxaca, o los miles de “desaparecidos” en todo el país, son todos notorios casos ligados a la infamia, la necropolítica y al estado de excepción). Ello desde luego no implica que los derechos de los policías federales sean violados. Sus ceses o cambios de adscripción deberían ser respetuosos de las normas vigentes, y éstas aplicadas puntualmente y justificadas caso por caso. Tal vez el motín de coyuntura da para que México se dote, por fin legalmente, de un régimen laboral para todos los policías del país, dada la especial naturaleza de sus funciones. Uno que respete escrupulosamente sus derechos laborales y que les brinde el reconocimiento social y la protección propios de su función. Para transitar hacia la “normalidad” democrática, también tenemos que dejar de ver a los policías como enemigos o como sospechosos, pero necesitamos poderosas razones y estímulos para hacerlo.
Para cambiar las cosas de raíz y precisamente por causas como las expuestas, se dice que se creó un cuerpo policiaco nuevo y con intención de ser diferente, que es efectivamente, y pese a todo lo que se diga, en origen, esencia, disciplina y mandos, un cuerpo militarizado, pues ha sido sólo el Ejército el último resquicio de una ciudadanía indefensa ante la grave onda expansiva de una alta criminalidad y de la impunidad imperantes.
Dicen algunos “expertos” que la Guardia Nacional está viciada de origen por esa fuerte raíz militar, pues sostienen que así el actual gobierno hace propia y repite la fracasada estrategia de guerra sin seguridad de al menos los dos gobiernos anteriores, mismos que justamente militarizaron la seguridad pública ante el fracaso evidente de las policías. Es especialmente evidente el fracaso de la policía federal, dadas las consiguientes violaciones masivas de derechos humanos, ampliamente documentadas por todo tipo de organizaciones nacionales e internacionales. El argumento “experto” omite sin embargo, señalar que el Ejército ya venía haciendo labores de seguridad pública desde hace al menos 18 años en todo el país, sólo que de modo enteramente extra-legal o de modo ilegal, si se prefiere, contrariando así el claro mandato constitucional, así como diversas recomendaciones de los Organismos especializados de la ONU y otras agencias internacionales, sin que a los titulares del Ejecutivo o a sus colaboradores e intelectuales orgánicos e inorgánicos y demás adeptos, les haya preocupado mayormente la violación continuada y flagrante del orden constitucional vigente.
Lo que no nos explican tales “expertos” son las alternativas posibles o viables ante el caos, la impunidad, y el estado cuasi de guerra reinante en amplias regiones del país, lo mismo en el centro que en el norte o en el sur, porque el tema requería y requiere de una atención urgente e inmediata ante la tan evidente espiral de crimen y violencia, así como la negligencia y negación de al menos, los dos gobiernos federales anteriores. Así que dada la gravedad de la crisis, suponemos que la actuación gubernamental pretende dar respuestas que pueden ser más o menos acertadas, pero que son respuestas al fin, y que los ilustrados debates académicos pueden esperar un mejor momento.
Luego, está claro que amplios sectores de la población en todo el país demandamos unos gobiernos y autoridades de todo nivel que cumplan escrupulosamente con el catálogo de Derechos Fundamentales que reconoce nuestra Constitución. Y no sólo en materia de seguridad pública. Eso no está a discusión. Pero construir o reconstruir instituciones públicas abandonadas a su suerte durante décadas y sumidas en una enorme corrupción, no se puede hacer de un día para otro, y las cosas no están como para partir de cero, pues es urgente la intervención pública.
La apuesta del gobierno ha sido entonces crear una Guardia Nacional dotada de un marco constitucional y legal, cosa que no se hizo antes con el Ejército; misma que acaba de entrar en operaciones formalmente y que ya cumplió sus primeros despliegues. Muy desafortunado parece que dicha Guardia se estrene persiguiendo migrantes extranjeros indefensos, pues es muy claro que otras tareas mucho más importantes y legítimas requieren la intervención policiaca firme e inmediata. Pero aun así, deberíamos al menos conceder al gobierno el beneficio de la duda, porque no se ven muchas otras alternativas en el corto plazo. Sí a una policía civil y profesionalizada, que haga valer el Estado de derecho frente al estado de anarquía o de “no-derecho” prevaleciente, sujeta al escrutinio público, al control y auditoría ciudadanas y a los mejores estándares y prácticas internacionales. No a la militarización de la vida pública, no a la violación masiva de derechos humanos, no a la persecución de migrantes indefensos y no a la represión de los movimientos sociales.
Pero es que además, la cuestión policiaca, siendo fundamental, no es la única para resolver el problema de la seguridad pública en México. Faltan otras “patas de la mesa”, que van desde la limpia y reforma profunda en la procuración y administración de justicia (es decir fiscalías y jueces locales y federales -de los que poco se habla-), hasta el combate a fondo a la corrupción grande y pequeña. También se requiere de la práctica, de modo transversal, de una cultura de la prevención y de paz, que pasa necesariamente por la educación en todos sus niveles y modalidades. Pacificar a México es posible con una estrategia integral y con cambios estructurales, no sólo con una nueva policía nacional, que siempre será insuficiente. Muchos otros países han avanzado por esta senda en los años recientes con resultados positivos y notorios. México puede hacerlo también y debería pedir ayuda y cooperación internacional.
Post Scriptum. Pasado un año de la histórica jornada electoral del 1 de julio, que mandó a su lugar en la historia al viejo régimen y a sus corruptos protagonistas principales, muchos, la mayoría según las encuestas, seguimos pensando que hicimos lo correcto votando por quienes lo hicimos (se llama hartazgo social masivo y generalizado) y volveríamos a hacerlo. Pero no todo son aciertos ni luces. Mucho hay que rectificar y corregir para poder hablar en serio de un cambio de régimen en México.
- Abogado en ejercicio. Doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad de Granada.
