El Programa de Estancias Infantiles surgió en el 2007, con la finalidad de apoyar a madres trabajadoras y padres solos, para brindar cuidado y educación inicial a sus hijos. Desde ese año y hasta septiembre del 2018, las estancias infantiles atendían a poco más de 309 mil niños y beneficiaban a más de 294 mil padres y madres. Desde diciembre del año pasado, el Gobierno Federal comenzó a implementar acciones y modificaciones respecto a dicho programa, bajo el argumento que se habían detectado muchos “niños fantasmas” en las estancias. Hasta el momento, el propio Gobierno Federal, aquél que tomó como bandera investigar y acabar con la corrupción, no ha demostrado ni sancionado a los responsables de dichas irregularidades.
El Gobierno Federal decidió confiar en el pueblo sabio y honesto, ese pueblo que se pasa los semáforos en rojo, que tira la basura en la calle, que evade impuestos, etc. Para que el dinero de las estancias llegara directamente a las madres y padres de familia, y no a las responsables de las estancias como se hacía con anterioridad. Ante la incertidumbre de la continuación del Programa de Estancias Infantiles, muchas responsables comenzaron a interponer amparos en el ámbito nacional, algunos de ellos desechados, otra parte, sigue todavía en proceso, como es el caso del último amparo presentado en Aguascalientes.
Hace unos meses se comenzaba a especular sobre la posible desaparición de las estancias, un rumor que parecía descabellado y completamente fuera de la realidad, sin embargo, con las decisiones y acciones tomadas por los oficialistas, esa especulación comenzó a tener sentido. Cuando se aprobó la Reforma Educativa, la oposición manifestó su malestar a las contradicciones de fondo del propio gobierno, ya que con dicha Reforma, el Estado ahora debe de garantizar el acceso a la educación inicial, para ello debe establecer un programa en el ámbito nacional relacionado con la primera infancia. ¿Cómo un gobierno que busca garantizar la educación inicial ha demostrado en sus acciones todo lo contrario? Se preguntó la oposición, cuestionamiento cuya respuesta se convertía en la propia incógnita. Pero, que ayer, comenzó por redactarse su propia respuesta en los hechos.
De acuerdo a “Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad”, los Centros de Desarrollo Infantil (Cendis), recibirán 800 millones de pesos para su funcionamiento, dicho recurso, viene etiquetado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, bajo el nombre de “Expansión de la Educación Inicial”. Con ello, se reafirma el plan que ya tenía el gobierno contemplado para el rumbo que tomarían las estancias infantiles, el rumbo del olvido y la desaparición, por representar en sentido simbólico, la imagen de sus predecesores, aquellos que a sus palabras, “llevaron al país a la ruina”.
Usted, podrá decir que dicha decisión del Gobierno Federal no tiene nada malo, ya que la educación inicial seguirá siendo prioridad, que ningún infante quedará fuera de acceder a este derecho. Sin embargo, qué pasaría si le dijera que los Cendis, desde 1990 han sido operados por asociaciones civiles y gente cercana al Partido del Trabajo, sí, ese partido que después de perder su registro a nivel nacional en los años noventa, resurgió de la cenizas y que desde las campañas del 2006, ha respaldado en toda decisión a quien encabeza actualmente el Poder Ejecutivo.
Realidad que supera a la ficción, ya que los propios Cendis, han sido objeto de corrupción. Hace un tiempo, un Juez de Control, resolvió vincular a proceso a un miembro de dicho partido, por su presunta participación en el delito de operaciones con recurso de procedencia ilícita en su carácter de coautor material. Varios integrantes de esa institución política, estructuraron una red, algo así, como lo que ellos llaman, un tipo de mafia de poder, de la cual aprendieron bien, en donde el dinero destinado a los Cendis se colocaba en un fondo de inversión y se distribuía en varias formas y personas, pero sin llegar a dichos Centros.
Con esta medida ¿se terminará la corrupción en la educación inicial? No, la corrupción no se termina con corrupción. ¿Estas decisiones se pueden afirmar como conflicto de interés? Obviamente. ¿Qué procede en estos casos? De acuerdo a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, una sanción y hasta la deshabilitación de la función pública, y de acuerdo al artículo 19 constitucional reformado en abril de este año, amerita prisión preventiva al tratarse de ejercicio abusivo de funciones.
En la palabra, sabemos que el Ejecutivo Federal negará estas acusaciones, sin embargo no importa lo que digan en la palabra o, como dicen ellos, lo que diga su dedito, por sus acciones los conoceréis. Habrá que esperar una vez que se tengan los convenios y lo lineamientos para la utilización del recurso etiquetado, y esperar el Programa Nacional de la Primera Infancia que pronto se podrá dar a conocer para saber, si los Cendis controlado por un grupo político sustituyen a las Estancias Infantiles. Lo cual, sería una decisión política más que social.
Que triste y decepcionante panorama Nos engañaron nuevamente, yo si creí por un momento, pero ahora ya no!!!