Acorde con ONU Mujeres (2016), la violencia en espacios públicos, particularmente en los sistemas de transporte público, reduce la libertad de movimientos de mujeres y niñas. Esto limita su posibilidad de acudir a la escuela o al trabajo y a participar plenamente de la vida pública; acceder a servicios esenciales; y a disfrutar de oportunidades culturales y de ocio. También impacta negativamente en su salud y bienestar.
La percepción de seguridad es clave para que las mujeres puedan hacer uso de los sistemas de transporte público. En el caso de Aguascalientes, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2018, señala que del total de personas que fueron víctimas de algún delito, 50.6% son mujeres y pese a que ninguno de los delitos referidos fue cometido en el transporte público, el 44.7% de las personas en el estado se sienten inseguras en él, siendo las mujeres (63.6%) quienes más inseguridad sienten.
Lo anterior no es novedoso, ya que en diversas partes del mundo el transporte público resulta en un ambiente hostil para las mujeres. Esto incluye la infraestructura de acceso, ya que los riesgos para acceder al transporte público aumentan en ciertos horarios cuando no se cuenta con una infraestructura de iluminación adecuada, los medios de transporte están menos disponibles o son poco frecuentes, la proximidad entre viviendas, servicios y empleo es amplia, entre otros.
La provisión de infraestructura y servicios de transporte con perspectiva de género es un desafío importante. La perspectiva de género es una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y hombres que se propone eliminar las causas de la opresión de género como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basadas él. Promueve la igualdad entre géneros a través de la equidad, el adelanto y el bienestar de las mujeres; contribuye a construir una sociedad en donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, la igualdad de derechos y oportunidades para acceder a los recursos económicos y a la representación política y social en los ámbitos de toma de decisiones. Es a partir de esta mirada analítica, que la perspectiva de género contribuye a evidenciar y visibilizar las desigualdades y las formas de violencia que viven las mujeres en los espacios públicos y que impiden su acceso seguro al transporte (Ivermujeres, 2015).
Es decir, la perspectiva de género implica tener presente que las necesidades de movilidad de hombres y mujeres son diferentes debido a los roles y responsabilidades que ejercen y a cómo estos inciden en sus patrones de uso, acceso y necesidades de transporte (Jaimurzina, Muñoz y Pérez, 2017:7).
Los estudios sugieren que los desplazamientos de las mujeres en las ciudades son distintos a los de los hombres tanto en configuración como en características (ver tabla) y en consecuencia las características de los modos y medios de transporte público, la calidad y el costo de los servicios, en conjunto con la seguridad que ofrecen, se constituyen en aspectos centrales que pueden condicionar y afectar la calidad de vida de las mujeres, así como el grado de equidad e inequidad de género (Cepal, 2015)
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Fuente: ONU Mujeres (2017)
En este aspecto se debe considerar que el diseño del transporte, así como del espacio público, está condicionado a una visión masculinizada que busca satisfacer las necesidades de la sociedad sin asumir la diversidad de dinámicas propias de la movilidad de las mujeres, asumiendo una igualdad de condiciones indistinto del género (Kunieda y Gauthier, 2007), cuando la realidad es diametralmente diferente.
Los sistemas de transporte público con perspectiva de género deben tomar en cuenta que las mujeres son un grupo social sensible a factores espacio-temporales, como la distancia y las condiciones del viaje, la disponibilidad y horarios del transporte público, entre otros (Díaz Muñoz y Jiménez, 2003) y considerar cuales son los riesgos específicos de género que enfrentan las mujeres en el sistema y qué medidas deben de implementarse para la eliminación de dichos riesgos (Cepal, 2015).
Por tanto, para que la infraestructura de transporte sea segura e incluyente debería contar con las siguientes características: ser de fácil acceso hacia y desde el lugar; tener buena iluminación para que las personas puedan ver y ser vistas; contar con señalización fácil de leer; caminos limpios, bien mantenidos donde poder ver con facilidad; prever variedad de usos -muchos lugares para pasar tiempo, caminar, jugar, comer, hacer ejercicio, etc., para diferentes grupos a distintas horas del día, lo que incluye instalaciones para niños pequeños y adultos mayores. Por su parte, el servicio de transporte público debería resultar confiable, fácil de usar, flexible, tomar en cuenta y cubrir las necesidades de las mujeres y niñas según sus patrones de viaje, las horas del día que dependen del transporte público, los lugares en los que esperan, y los lugares en donde bajan de él (Ivermujeres, 2015).
Bajo las premisas anteriores, ¿considera Usted que el transporte público de Aguascalientes tiene una perspectiva de género? Quienes escriben consideran que no. Tanto desde la perspectiva del servicio como de la infraestructura hay muchos aspectos físicos, técnicos y operativos que podemos mejorar. En lo que respecta a la infraestructura pública asociada al servicio de transporte, basta con recorrer los paraderos marcados para darse cuenta que una gran parte de ellos no es accesible a todas las personas, no cuenta con un refugio que proteja a los usuarios de las inclemencias del tiempo, ni con iluminación suficiente para incrementar su nivel de protección y percepción de seguridad, mucho menos con asientos que hagan más cómoda la espera. Pareciera además que en muchas ocasiones no fueron consideradas las condiciones de tráfico del espacio público para minimizar el riesgo de accidentes o de interferencia con otros flujos vehiculares y/o peatonales. En lo que respecta al servicio, lo que más salta a la vista es el alto grado de incertidumbre en torno a la frecuencia de los recorridos de casi todas las rutas; un gran número de unidades con antigüedad muy superior a la establecida en la Ley de Movilidad Estatal, con poco o nulo mantenimiento que frecuentemente fallan estando en operación; la falta de capacitación y/o mala actitud de algunos operadores, entre otros.
Para avanzar en este rubro, es necesario tomar conciencia de que se trata de un problema en el que el gobierno, los concesionario del transporte público y la sociedad misma tienen injerencia, que no basta con que el gobierno invierta grandes cantidades de recursos económicos, materiales y humanos en mejorar la infraestructura pública si los ciudadanos no cuidan y respetan estos espacios y si los concesionarios de transporte no se esfuerzan en mejorar la calidad del servicio que ofertan. Se requiere además definir una estrategia de cambio a partir de un estudio concienzudo que permita conocer con un mayor nivel de detalle los perfiles de viaje de los hombres y mujeres de Aguascalientes; definir una serie de indicadores asociados al servicio de transporte público y su infraestructura de acceso; habilitar espacios de esparcimiento ad hoc con la cantidad de viajes generados/atraídos en los diferentes paraderos; revisar que las rutas actuales satisfagan la necesidad real de movilidad de la población, entre otros.
