Desde hace ya varios años hemos venido conociendo las informaciones, tanto de la SHCP y de la ASF del Congreso de la Unión, como de analistas económicos, sobre el creciente endeudamiento que están teniendo los gobiernos estatales y los gobiernos municipales; el cambio de dinámica en este punto, prácticamente, se inició con la alternancia política en el gobierno federal, en el año 2000, precedida por la pérdida de la mayoría del PRI en la cámara de diputados, en 1997.
Un elemento explicativo de la nueva dinámica de gasto de los gobiernos mencionados, considero, es, por un lado, la nueva forma de manejar las finanzas de los gobiernos federales panistas, que continuaron la transformación y fortalecimiento financiero iniciado por el presidente Ernesto Zedillo; con el reordenamiento financiero puesto en operación por el presidente Vicente Fox, la tradicional discrecionalidad manejada en las administraciones anteriores, en que el presidente era la salvación para los desórdenes estatales y municipales además del control político ejercido por la dotación de recursos, ya no fue tan sencillo equilibrar los déficits de gastos corrientes de los gobiernos.
Las nuevas reglas de operación de los programas federales –no obstante el exceso al que se llegó en algunos que complicaron la fluidez de recursos-, también contribuyó a que esos gobiernos ya no pudieran contar con dinero que, dada “la manga ancha” que había en su control, podían desviar hacia otros renglones por los que tenían una determinada preferencia; la alternativa que fue apareciendo para que algunos gobiernos estatales y municipales pudieran seguir manejándose igual que antes –con sobrada disponibilidad de dinero para los particulares asuntos-, fue recurrir a los endeudamientos.
Es así que, según el estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad dado a conocer en días recientes (El Universal, 23 de noviembre), los gobiernos estatales crecieron sus gastos del 23 por ciento al 39 por ciento en dos décadas; Juan Pardinas, director del IMCO, comentó que dichos gastos no tuvieron criterios de transparencia por lo que persiste la “contabilidad creativa” de pagos de salarios, pensiones y deudas.
Como parámetro de estimación del aumento de deuda, el IMCO toma las participaciones federales: “las obligaciones financieras de Coahuila como porcentaje de transferencias federales, representaron 300 %, al primer trimestre. En Quintana Roo superaron 200 %, mientras que en Nuevo León, Chihuahua y Michoacán estuvieron por encima de 100 %. El endeudamiento por sí solo no es necesariamente un problema. Sin embargo, un manejo irresponsable puede culminar en una crisis como la que actualmente afecta a Europa o como la que sufrió México en los 80”.
Continúa: “… la deuda de algunos estados es alarmante, en donde Coahuila tendría que destinar por tres años consecutivos todas sus transferencias [federales] para cubrir su deuda”.
Dado el cambio de administración federal que se hará el próximo 1º de diciembre y el trato que ha dado hasta ahora el presidente electo, Enrique Peña, al ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, responsable del endeudamiento de su administración estatal, consideró oportuno observar cuáles van a ser los criterios que van a aplicar en los próximos años; la disyuntiva estaría entre que la futura comisión nacional para el combate a la corrupción impulsará las investigaciones que ya se han hecho en el caso Coahuila, hasta llegar –con claridad y precisión- a un resultado y sus consecuencias, o, validar la postura que ha asumido Moreira en las últimas semanas, en las que no se considera responsable de los excesos –no obstante ser la primera autoridad en el estado-, y, así, convertirse en prototipo de lo que para el país sería permitir que dicha dinámica de endeudamiento llegara a ser “política pública”.
Los grandes déficits gubernamentales que detonan tanto la crisis financiera de los gobiernos, como su consecuencia nefasta en las economías y en la calidad de vida de las poblaciones, tardan su tiempo en llegar a niveles explosivos. Lo que viven, por ejemplo, los sectores sociales griegos y españoles, como los trabajadores, los estudiantes, los adultos mayores y personas vulnerables, no es algo que aparezca repentinamente y de improviso; los problemas que tienen tuvieron sus orígenes en tiempos y gobiernos que perdieron el equilibrio de sus finanzas, e iniciaron el camino del creciente déficit fiscal con su correspondiente crecimiento del endeudamiento.
Es una realidad, ya apreciada en algunos estados del país, que los gobiernos endeudados están poniendo en alto riesgo a sus ciudadanos; para algunos gobernantes es altamente satisfactorio –y lo consideran un modelo de desarrollo válido- el estar dedicando recursos al asistencialismo social, bajo la cobertura de la gran necesidad que tiene la población en pobreza.
Cierto, es de solidaridad ayudar a los sectores pobres de la población, lo que no exime de la obligación de gobierno de utilizar los recursos como impulso al autoempleo y a la auto sustentación, contrario a la subordinación y la dependencia; los indicadores que son necesarios considerar y hacer su seguimiento, son, por ejemplo y comenzando desde el nivel del dato poblacional, el número de personas en pobreza extrema, en pobreza, sin empleo, y los índices de desarrollo humano, para observar su evolución durante los años de una administración.
Según el estudio del IMCO, Aguascalientes tiene un nivel de obligaciones financieras comparada con las transferencias federales del 50 por ciento; es un nivel bajo comparado con otros estados. Sin embargo, si el ritmo de endeudamiento continúa como hasta ahora –lo cual parece ser según las señales dadas por la administración-, y el modelo asistencialista sigue aplicándose y creciendo, el resultado que podremos apreciar en el año 2016 será que Aguascalientes también tendrá un nivel grande de deuda.
Estamos ante un nuevo momento que permite revisar y debatir los grandes diferendos de las políticas actuales de los gobiernos: el estado de bienestar, el populismo, y lo que algunos han llamado neoliberalismo (concepto que considero se refiere, más bien, al crecimiento o decrecimiento del tamaño del estado de bienestar).
