- El Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes denunció una postura cerrada por parte de las autoridades hacia un protocolo contra el acoso sexual y hostigamiento
- Con el protocolo se busca prevenir, atender, sancionar y erradicar las distintas violencias
En un comunicado dirigido al rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA), Francisco Javier Avelar González, así como los titulares de la Secretaría General, del Departamento Jurídico, de la Defensoría de Derechos Universitarios y del Comité Institucional para la Equidad de Género de la Autónoma, el Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes señaló una postura cerrada por parte de las autoridades para la publicación de un “protocolo específico que contenga los mecanismos y procesos administrativos, claros y precisos, que sancionen e inhiban el hostigamiento y acoso sexual universitario”. Reproducimos el comunicado a continuación.
Con la finalidad de generar y homologar la normatividad y las medidas correspondientes para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en condiciones de igualdad, de conformidad con los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos de las Mujeres, el Estado Mexicano promulgó el 1 de febrero de 2007 la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Las medidas que se derivan de la misma son el marco referente para las leyes locales que deben garantizar la prevención, atención, sanción y erradicación de todos los tipos de violencia contra las mujeres durante su ciclo de vida, promueven su desarrollo integral y su plena participación en todas las esferas de la vida, por ende, el entorno docente o escolar juega un papel preponderante dentro de la vida de las mujeres y el Capítulo II de la Ley fue diseñado para establecer los mecanismos que combatan la violencia en el ámbito escolar, docente, así como laboral.
El hostigamiento y acoso sexual laborales son reconocidos como un ejercicio abusivo y arbitrario de poder, por ello mismo la Ley obliga 1) al establecimiento de mecanismos que favorezcan su erradicación en centros docentes, privados y públicos, que reivindiquen la dignidad de las mujeres; 2) al establecimiento de procesos administrativos claros y precisos que sancionen e inhiban el hostigamiento y acoso sexual escolar; 3) a garantizar la no revictimización, la confidencialidad y el que no se generen situaciones de represalia por el hecho de denunciar; 4) a proporcionar atención psicológica y legal, especializada y gratuita a quien sea víctima de hostigamiento o acoso sexual escolar; y 5) a implementar sanciones administrativas para los superiores jerárquicos del hostigador o acosador que sean omisos en recibir y/o dar curso a la queja.
El Observatorio de Violencia Social y de Género acompañó al colectivo de Estudiantes Organizadas y a la Asamblea Estudiantil de la Universidad Autónoma de Aguascalientes en algunas reuniones con autoridades universitarias para aconsejar los puntos relacionados al “Protocolo de actuación ante situaciones de acoso, discriminación y violencia”, presentado por el Centro de Ciencias Sociales y Humanidades y la Defensoría de los Derechos Universitarios y aprobado por el Consejo Universitario el 11 de diciembre de 2017.
En las referidas negociaciones, las autoridades de la UAA han mostrado una postura cerrada ante las propuestas de publicación de un Protocolo específico que contenga los mecanismos y procesos administrativos, claros y precisos, que sancionen e inhiban el hostigamiento y acoso sexual universitario en beneficio no sólo de la comunidad estudiantil, sino también de la comunidad académica, administrativa y auxiliar de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.
Es importante mencionar que “la máxima casa de estudios” en el Estado cuenta con diversos Comités, entre ellos, el de Equidad de Género (CIEG), y diversos Centros y Departamentos que deberían estar al pendiente y fijar postura sobre las deficiencias, y lo poco claro y preciso que resulta el Protocolo aprobado para los casos de hostigamiento y acoso sexual en el entorno universitario. Su ausencia en estos procesos no sólo envía un mensaje erróneo al estudiantado, sino que muestra el desinterés estructural institucional de la Universidad a la atención integral a los problemas que el protocolo busca atender.
El Observatorio manifiesta su preocupación ante la falta del reconocimiento de las deficiencias del Protocolo aprobado, así como la negativa a reelaborar un nuevo protocolo o protocolos que contengan los lineamientos básicos necesarios para prevenir, atender, sancionar y erradicar las distintas violencias, ya que al aplicarse como está daría como resultado una desatención en la violencia de género y la ausencia de justicia para las estudiantes, por lo tanto, manifestamos lo siguiente:
*No es posible elaborar un protocolo que esté enfocado a atender todos los tipos de violencia ya que cada una de ellas tiene causas distintas y por lo tanto debería de tener medidas preventivas, de atención y sanción diferenciadas.
*La violencia de género debe ser atendida tomando en cuenta sus causas estructurales y no sólo viéndola como una expresión más de violencia general.
*Es necesario incluir materias de Derechos Humanos y Perspectiva de Género que sean obligatorias en los planes de estudio de todas las carreras.
*El protocolo elaborado por el Centro de Ciencias Sociales y Humanidades y la Defensoría de los Derechos Universitarios, y aprobado por el Consejo Universitario es ineficaz, por lo tanto, es imprescindible elaborar un nuevo protocolo en el cual se mencione de forma transparente quiénes se involucraron en su elaboración y cómo fue el proceso, así como establecer de forma certera todos los elementos que requiere un protocolo para efectuar acciones de prevención, atención, sanción y reparación en los casos de violencia de género, garantizando mecanismos para la no repetición de situaciones similares en las instalaciones de la universidad.
*Es fundamental para la Universidad contar con personal capacitado en perspectiva de género y de Derechos Humanos en todas sus áreas, para evitar incurrir en los errores de comunicación, atención y respuesta ante la violencia que viven académicos, personal administrativo y estudiantado.
Con información del OVSGA
