El lunes de la presente semana y último día del año 2018, apareció publicada en este diario la entrevista que le hiciera Carlos Olvera Zurita al ciudadano rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes Francisco Javier Avelar González, en relación con una demanda de la agrupación Unión Estudiantil de dicha institución, para que se disminuyan las colegiaturas que cubren mensualmente, al menos en un 20%.
UAA para privilegiados. Aparentemente, dicha demanda parece tener justificación desde el momento en que al cambiar el nombre del Instituto por el de Universidad en 1974, fue la que inició la práctica en México de cobrar altas colegiaturas en la educación pública, convirtiéndose desde entonces en la universidad gubernamental más cara del país, con dedicatoria para la clase privilegiada; como constancia de ello entre sus primeros equipos deportivos hubo uno de polo y otro de escaramuza charra que, como lo saben quienes conocen de estos menesteres, solo son para acaudalados por su elevado costo.
El Instituto, que había sido hasta 1973 para el pueblo, en 1974 se transformó en una institución al servicio, básicamente, de la clase acomodada.
Y claro, los más favorecidos fueron los altos funcionarios universitarios, que de ganar un salario muy modesto en el Instituto se enriquecieron con la Universidad, al grado de que el primero llegó a tener hasta avión particular y después ha habido rectores que se han dado el lujo de fijarse un ingreso superior al del gobernador.
En contraste, nos gustaría saber en qué medida se cumplió la promesa a los campesinos del Ejido Pocitos, a quienes al donar los terrenos donde se construyó la Universidad se les prometió educar gratuitamente a sus descendientes; ¿cuántos de ellos han obtenido títulos profesionales en dicha institución? ¿O cuántos hijos de obreros de salario mínimo -que en 1950 podían asistir a clases mediante el pago simbólico de diez pesos mensuales- estudian actualmente en la UAA? Porque lo que se ve desde afuera, es una nube de automóviles que abarrotan los amplios estacionamientos.
Tampoco sabemos cuántos estudiantes hay que sean hijos de trabajadores de clase media, que son probablemente los que presentaron la demanda de reducir la tarifa que alcanza la venta del conocimiento en la UAA, a quienes el propio rector Avelar trata de convencer con el argumento de que:
“…la disminución de las colegiaturas no abriría las puertas a quienes no pueden estudiar pues en realidad quienes estudian hasta este nivel educativo ya son, en su gran mayoría, personas privilegiadas, ‘Hay, sí, compañeros que no pueden pagar la colegiatura a ellos es quienes hay que ayudar mediante el Fondo de Becas que fue fortalecido con 80 millones de pesos’.”
Con esta respuesta pareciera que el problema quedaría resuelto, pues aunque el rector reconoce que la Universidad es para privilegiados, abre una rendija por la que los de medio pelo confraternicen con ellos y se esfuercen por obtener el anhelado título, instrumento con el que -tal vez con el tiempo- llegarían a insertarse en su privilegiada clase. ¿O será otro su propósito?
Por otra parte el rector, resucitando los argumentos sofistas de los “fundadores” de la UAA en 1973-1974, afirmó, según su entrevistador, “que el bajar las colegiaturas sería una medida que lejos de beneficiar a los alumnos más necesitados, convendría a quienes tienen más recursos, ‘Favorecer a los más favorecidos no es justicia social, quien pueda colaborar con la sociedad para pagar su educación debería de hacerlo como mínimo principio ético’.”
¿De verdad creerá esto el rector Avelar?
A mi manera de entender lo que es la Universidad, los estudiantes, al igual que el rector, están rotundamente equivocados.
¿Qué es una beca? En primer término, el uso que se les da a las que el rector llama becas, de nada les sirve a los estudiantes porque no ven un centavo de ellas pues al otorgárselas, la propia institución las dedica, íntegras, a cubrir las indebidas colegiaturas.
Hablando -como lo hacemos- de educación pública, las becas no deben utilizarse en pagar colegiaturas; ese uso es para el mercado de la enseñanza privada, donde las escuelas son negocios en los que los acaudalados comercian con el conocimiento.
Las becas, en la educación pública, no deben ser para quienes obtengan buenas calificaciones (eso sí que es injusto cuando se les otorga a quienes no las necesitan) sino para los estudiantes que, aun siendo pobres, desean superar su nivel de conocimientos para servir a su comunidad; son para que el estudiante se alimente mejor de lo que normalmente lo hace; que pueda adquirir sus libros y materiales; que tenga para pagar el transporte, para comprar una prenda que lo proteja del frío, etc.; es decir, para mejorar las limitaciones que padece para que pueda aprovechar de la mejor manera su esfuerzo académico.
Colegiaturas indebidas: lógicamente, los estudiantes están más interesados en reducir sus desembolsos contantes y sonantes a obtener una beca que nunca va a estar en sus bolsillos y creen que “demandando” la disminución de solo un 20% de la colegiatura aliviaría un poco sus apuros económicos cuando deberían de exigir su total eliminación, pues de acuerdo con el artículo 3 de nuestra Constitución Política, todas las instituciones educativas públicas (es decir que pertenecen al Estado, como es el caso de la UAA) deben ser gratuitas. Esto quiere decir que las escuelas públicas que cobren así sea un centavo están violando la Constitución, que es nuestra norma suprema.
¿Después de esto sería capaz el rector Avelar de seguir repitiendo, en un lenguaje que no es el suyo, que “…quien pueda colaborar con la sociedad para pagar su educación debería de hacerlo como mínimo principio ético”?
Llegará el día en que esas “becas” para pagar colegiaturas desaparezcan del lenguaje universitario, como desapareció ya el fatídico y vergonzante crédito educativo.
Por otra parte, siendo estudiantes -espero que buenos- para no andar dando golpes de ciego bien harían los demandantes en estudiar estos temas a profundidad, para que sepan lo que deben hacer, cómo hacerlo y ante quién deben recurrir.
Para esto vale recordar el elevado criterio que prevalecía en el Instituto en el sentido de que el conocimiento es un producto intelectual colectivo producido por la humanidad entera con el que nadie tiene el derecho de especular porque no tiene precio; este criterio dio un vuelco radical cuando le cambiaron el nombre por el de Universidad, pues lo sustituyeron con el concepto “departamental” estadounidense que les dictó Rudolph P. Atcon en 1973-1974 de que el conocimiento es un producto que, aunque intangible, se compra y se vende en el mercado como cualquier otro, gracias al invento de la “propiedad intelectual”.
La vergonzante posición de 1973-1974. El rector de aquella época y sus adláteres obedecieron a pie juntillas la instrucción de Atcon sin permitirnos no digo discutir, sino ni siquiera conocer el texto del proyecto de ley orgánica que le presentó al gobernador para cambiar el nombre del Instituto, por la sencilla razón de que el destructor de muchas de las universidades latinoamericanas mediante la imposición del departamentalismo no se esforzó mucho en convencerlos de que los funcionarios universitarios debían cobrar sus emolumentos en una forma acorde con el alto “valor” del “conocimiento mercancía”; derrochar en lujos y cobrar por todo. El reinado del materialismo y la adoración del becerro de oro.
Irresponsabilidad estatal. Entendemos que el rector, por la irresponsabilidad de los gobernantes que no dotan a la Universidad de los recursos económicos suficientes, se vea obligada la institución a cubrir las necesidades mediante el cobro de colegiaturas que, sin importar su monto, no deben existir.
Por su parte, estoy seguro de que el rector Avelar conoce muy bien el texto del artículo 3 constitucional y está plenamente consciente de que aunque no sea por su gusto lo está violando ante una situación de hecho que tiene que resolver. Lo que no se vale es que desentierre los mismos argumentos de 1973, no solo por su burda ilegalidad sino por la negación que representan de los principios filosóficos en que se funda toda universidad.
Bien valdría la pena que profundizara un poco más en la doctrina universitaria; ello le permitiría consolidar la positiva labor que está realizando al fortalecer la academia científica y humanística, tan necesaria para avanzar hacia la indispensable reforma de la Ley Orgánica en la que, no tengo duda, se extirpará la ideología mercantilista que tanto ha perjudicado a las generaciones egresadas durante las primeras cuatro décadas del violentado y antidemocrático ascenso del Instituto, fundado por Jesús Terán en 1849 (no 1867), a la categoría nominal de Universidad en 1974 (no 1973).
Ahora bien: el ciudadano Andrés Manuel López Obrador, desde que fuera candidato y ahora es presidente de la República, aseguró y sigue asegurando que cumplirá su promesa de hacer respetar la Constitución en lo que atañe a la gratuidad de la enseñanza.
Hasta este momento lo que conocemos es el Manual Jóvenes Construyendo el Futuro que dio a conocer ya como presidente electo, el 13 de Septiembre pasado. Pero en él solo habla de becas a los jóvenes que no estudian ni trabajan para darles la oportunidad de hacerlo, aunque bien a bien todavía no se sabe cuál va a ser el procedimiento exacto.
También se dice que habrá becas para aquellos estudiantes que, al concluir su bachillerato, se propongan continuar sus estudios universitarios en el nivel profesional. Esperamos que se logre.
Pero sobre gratuidad de la enseñanza en todos los niveles solo hay especulaciones y una nebulosa promesa de que se cumplirá progresivamente durante el sexenio.
Pero a mi juicio, sería un error por parte de los estudiantes y también de los funcionarios que los representan, esperar a que graciosamente les llegue la solución desde las alturas burocráticas.
Valdría la pena que la comunidad universitaria integrada por los estudiantes, los profesores y los funcionarios que los representan, unieran sus voluntades para que exijan el cumplimiento de las promesas de campaña y no permitir que se queden pendientes para el final del sexenio, cuando el gobernante lo que quiere es concluir su mandato lo antes posible.
Porque de acuerdo con el mandato constitucional, las universidades deben tener cubierto su presupuesto total con los recursos programados por el Estado, incluidas las becas.
“Por la unidad en la diversidad”
Aguascalientes, México, América Latina
