- El derecho a interrumpir el embarazo “es un requisito indispensable para que las mujeres tengan autonomía sobre sus propios cuerpos”: Luis Castro
- El diputado Mario Valdez votó en contra del Dictamen que buscaba negarle a las mujeres esta posibilidad
Nueva Alianza está a favor de que las mujeres de Aguascalientes puedan decidir sobre sus propios cuerpos y en contra del Dictamen que buscaba plasmar en la Constitución Política del estado la prohibición de este derecho, “pues el negarles la posibilidad de interrumpir el embarazo, afecta en una mayor proporción a las mujeres de bajos recursos”.
El diputado Mario Armando Valdez Herrera votó en contra de la reforma a los párrafos tercero y cuarto del artículo 2, el párrafo segundo del artículo 4 y la adición de los párrafos quinto, sexto y séptimo también del artículo 2, todos de la normativa local, porque dicha Iniciativa “contraviene los estándares internacionales y constitucionales de los que México es parte, en materia de Derechos Humanos”.
Valdez Herrera fue respaldado por este instituto político en el ámbito nacional, pues acciones como estas generan un clima de criminalización y hostigamiento hacia las mujeres que deciden interrumpir el embarazo e incluso a quienes han sido víctimas de violencia sexual. A esto se suma que las que cuentan con mayores recursos tienen que trasladarse a la Ciudad de México en busca de atención médica y mejores servicios “y las que no, acuden a otros lugares en condiciones de clandestinidad, lo que pone en riesgo sus vidas”.
El líder nacional aliancista Luis Castro Obregón reconoció que el derecho a interrumpir el embarazo “es un requisito indispensable para que las mujeres tengan autonomía sobre sus propios cuerpos y fomenta el desarrollo de sus derechos reproductivos y sexuales”, por lo que reconoció el trabajo realizado por el legislador turquesa, toda vez que “el voto de Nueva Alianza fue decisivo para que la propuesta citada no se aprobara”.
Nueva Alianza urge a la LXIV Legislatura del Congreso Estatal para atender las recomendaciones del Comité de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (Cedaw), entre ellas la recomendación número 33 que insta a México a “armonizar las leyes federales y estatales relacionadas con la interrupción del embarazo, para eliminar los obstáculos que tienen que enfrentar las mujeres que buscan hacerlo de forma legal”.
“Es un asunto de justicia social y de salud pública, no de moral o religión. Las mujeres que van a interrumpir su embarazo lo hacen de manera legal o ilegal. Su prohibición, no impide a las mujeres no hacerlo, solo las pone en riesgo; pero el permitirlo tampoco obliga a nadie a interrumpir el embarazo”, señaló Castro Obregón.
A esto se suma que entre 2009 y 2010 se aprobaron 17 reformas a lo largo del país que buscan “proteger la vida desde el momento de la concepción”, pero que en realidad afectan a las mujeres y al ejercicio de sus derechos, particularmente a las que tienen menos recursos.
De acuerdo con el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), dichas reformas conllevan un clima de persecución y criminalización de las mujeres, pues en los 17 estados del país donde se encuentran vigentes, incrementaron de forma significativa las denuncias de aquellas que han abortado, al pasar de de 63 a 226 por año.
Para Nueva Alianza es inconcebible que a las mujeres se les criminalice por abortar; que sean denunciadas ante el Ministerio Público por parte del personal hospitalario; que las presionen médicos y policías para obtener confesiones, incluso como condición para que reciban tratamientos médicos; que sean maltratadas física y verbalmente por personal del sector salud y de las procuradurías; que no se les informe de los cargos en su contra, ni del derecho que tienen a una representación legal; y que no se tome en cuenta que provienen de comunidades marginadas y de escasos recursos.
El voto del legislador Mario Valdez fue contrario a dicha propuesta y a favor de que las mujeres decidan sobre sí mismas, pues para los aliancistas de México “el respeto y la atención de los grupos vulnerables: mujeres, niñas y niños, personas con discapacidad, de la tercera edad, indígenas y la comunidad LGBTTTI es prioridad, para que se les proteja de cualquier acto de discriminación, violencia, xenofobia, racismo, abuso, violación o daño a su integridad física, moral y sicológica”, manifestó Luis Castro.
Nueva Alianza reitera lo dado a conocer por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de que la protección de la vida en la gestación no es absoluta, sino que “tiene que ser compatible con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, incluido el derecho a decidir el número y espaciamiento de las hijas e hijos”, garantizado en el artículo 4 de la Carta Magna como en los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos suscritos por nuestro país. Pues las leyes que otorgan derechos no hacen daño, pero lo que sí nos afecta a todas y todos son las prohibiciones de derechos, pues la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres tiene que ser válida en todos los ámbitos de la vida.
Con información de Nueva Alianza
