La fuerza gravitacional universal hace que las líneas espacio-tiempo en su movimiento acelerado,
velocidad de la luz, se hagan curvas.
En donde el espacio-tiempo es curvo y la gravedad es la manifestación de esa curvatura.
(En gran síntesis enmarca la Teoría de la Relatividad General
de Albert Einstein, 1915)
Durante los últimos ocho días hemos experimentado una auténtica tormenta de ideas acerca de cómo se han planeado las políticas públicas de México, dentro de la teoría económica dominante conocida genéricamente como Neoliberalismo, y cuya responsabilidad fáctica se atribuye, por lo menos, a los seis últimos presidentes del país: Miguel de la Madrid Hurtado, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.
En contra de tal posición pragmática neoliberal, el presidente Andrés Manuel López Obrador opone lo que dice habrá de ser la nueva planeación política de México, retomando ideas del liberalismo nacional-revolucionario del que fuera pre-existente “desarrollo estabilizador”, también conocido como “milagro mexicano”, por su desarrollo del campo, extractivo e industrial a tasas promedio del 6% anualizado; que obviamente antepone al poco o nulo desarrollo observado durante las tres y media últimas décadas, del 2.0% de incremento económico nacional, el que se hace nugatorio como tal, frente al crecimiento demográfico del mismo lapso.
A este juicio sumario del fracasado desarrollismo del México contemporáneo, Andrés Manuel añade la génesis de la corrupción política de la clase dominante (políticos y empresarios) como causa principal de la desigualdad social manifiesta –cada vez más profunda y acelerada en agravio y empobrecimiento de las clases populares / como un movimiento gravitacional universal, en caída libre-, y que ha eclosionado en la corrupción inherente al sistema dominante (establishment), lo que produce como efecto inercial la impunidad generalizada del aparato institucional, patente especialmente en la anulación práctica del poder judicial y en la improductividad mostrenca de su brazo operacional primario que es la Procuración de Justicia, en estado de reforma todavía inoperante e inconclusa, constituye la nueva Fiscalía General de la Nación.
Como cereza de este desastroso diagnóstico, destaca la rapacidad de una minoría privada en connivencia de la alta burocracia privilegiada. Por ello, el correctivo no se hace esperar. El que, a querer o no, depende curiosamente de dos cosas: la nueva Ley de Ingresos 2019 y el Presupuesto de Egresos correlativo, a ser aprobados por el Congreso de la Unión hacia el día 15 del presente mes. Entre tanto, las expectativas de la Hacienda Pública permanecen inciertas, y el sino futuro del país también.
¿Por qué un iceberg económico-político tan masivo y oneroso depende de estas dos piezas legislativas?
Simplemente, sea dicho, porque ambas normas constituyen la más que central Política-Económica de México. Dicho sea de otra manera, ambas piezas conforman la Política Fiscal del país para el Ejercicio Constitucional de Gobierno 2019. Y ella por sí sola define lo que habrán de ser las líneas Macro-económicas dominantes que son definitorias para el sistema de planeación política integral del país. Por ello, en el argot de la Economía Política de un Estado Nacional se denomina: la madre de todas las políticas.
Las otras, las políticas de desarrollo derivadas de esa primera que es mandante, por importantes que sean, constituyen el mapa de Micro-políticas que moldearán el rostro de país que queremos ver, como viabilidad del presente y futuro de la estructura social de México, la carne verdadera de la disímbola población nacional. Por consiguiente, de estas políticas públicas de Estado dependen los equilibrios y el posible acortamiento o cierre de brechas entre clases sociales; y pertenecen a la instancia distributiva de la riqueza de la nación.
Los famosos “superdelegados estatales” son los agentes de la canalización de recursos que bajan a la especificidad de las necesidades de Lo Local, esa masa dineraria desde lo fiscal. En lo personal, creo que se ha agigantado indebidamente su rol y participación en la ejecución de las políticas específicas de desarrollo, pues ya en el pasado no muy remoto se había considerado por la Federación, reducir a una “Ventana Única” la aproximada veintena de ventanas abiertas en cada entidad, para implementar las políticas del Desarrollo Social a nivel estatal. De manera que la presente figura de “coordinadores” de la Política de Desarrollo Social está sobrevalorada como un control de la Federación por encima de los ejecutivos estatales. En realidad, sí ejercerán a modo de contralores que reducen el margen de discrecionalidad de los gobernadores que, dicho sea de paso, efectivamente han abusado de sus facultades para desviar recursos de esta esfera específica a intereses de otro orden o tipo.
En síntesis, es un hecho constatable el sacudimiento del aparato de gobierno que causan las re-definiciones de políticas públicas a ser instrumentadas por el nuevo gobierno. Pero, a la hora de interpretar su significación, me temo que se están traslapando órdenes, niveles, tipos y modos de llevarlas a cabo, lo que está provocando una errática confusión respecto de su verdadera naturaleza. Por ello creo pertinente hacer algunas precisiones.
En primer término, la idea general más importante consiste en la referencia a la Forma de Estado Mexicano. Y ésta pertenece a un Estado nacional capitalista, en su fase monopólica dependiente de los Estados Centrales dirigentes: (Unión Europea, Reino Unido y estados miembro –Canadá-, Estados Unidos, Japón, y ahora, el gigante asiático expansionista, China). Se trata de una forma histórica indiscutible que se impone como orden mundial vigente. De manera que su instala como hegemonía global, actuante, no facultativa. En términos marxistas e históricos impone su forma hegemónica como Capital Dirigente a nivel global del planeta Tierra. México, por ende, es un país capitalista dependiente, en su fase de desarrollo emergente, tributario del Capital globalizado, de los países centrales.
En segundo término, el Tipo de Estado Mexicano está definido por la Constitución Política, Artículo 40. Es una República representativa, democrática, laica y federal, compuesta por Estados libres y soberanos.
En tercer término, su Figura de Gobierno está definida por la Constitución Política, Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados y la Ciudad de México, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de cada Estado y de la Ciudad de México, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal. – Los poderes son Tripartitos: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Y su relevo se da mediante elecciones sujetas a las normas previstas, cuyos actores provienen de los partidos políticos constitucionalmente constituidos.
En cuarto término, el Régimen de Gobierno corresponde al modo fáctico u operativo de cómo la Administración Pública, puede adquirir diversas modalidades: Estado Benefactor, de Pleno Empleo, de esquemas universales para el Desarrollo Social, de Seguridad Ciudadana con mandos centrales; o bien régimen centralista, federalista, de participación mixta, concurrente de los estados y municipios, subordinación al régimen tributario central y, por tanto, cesión de Participaciones Federales; o bien, predominio autoritario, de participación social, gobernanza desde Lo Local, de “políticas verdes” o medio-ambiental, ordenamiento a Políticas de Género, prioridad a Grupos Vulnerables, etc.
Si atendemos a esta categorización básica, es obvio que el gobierno que define el presidente Andrés Manuel López Obrador, con todo y su pretensión de la Cuarta Transformación, no toca en absoluto la primer nota de Forma de Estado. México seguirá siendo un país nacional capitalista dependiente de la hegemonía global de los países Centrales, y de economía emergente con señalado empuje. La reciente firma del tratado de libre comercio, T-MEC, es el indicativo patente de esta alineación política global, incuestionable.
Las siguientes dos notas de Tipo de Estado y Figura de Gobierno permanecen incólumes, como sus fundamentos constitucionales. Que no son cuestionados por el presidente en asunción de su cargo.
La cuarta nota, sobre régimen gubernamental, sí está siendo modalizada por el actual mandatario. Y su encendida narrativa sobre el Neoliberalismo y sus adversarios antecesores en la presidencia. Los tilda de “corruptos” y comparsas de una “minoría rapaz”, precisamente por abanderar las causas del neoliberalismo económico dominante y hegemónico. El pretendido rescate de las masas obreras, campesinas e indígenas constituye el núcleo de su transformación, en la fase cuarta de evolución emancipadora de México.
Lo que, en blanco y negro, significa el “cambio de régimen” de la voracidad del capital en su fase Neoliberal y monopólica, extractiva de la riqueza de las naciones, dígase enfáticamente de México, que ha generado la tremenda desigualdad social de la nación, empobreciendo a 53 millones de mexicanos y dejando en la indefensión a los ancianos, los pensionados, grupos vulnerables e incluso millones de jóvenes sin alternativas de desarrollo humano, económico y social. Amén de haber causado la violencia generalizada, impulsar brutalmente la corrupción estructural de la sociedad y desbordar los límites de la justicia en una abominable impunidad. Este régimen es el que hay que cambiar.
Y por ello, es lógico, que se proponga un gran y ambicioso plan de redistribución de la riqueza nacional. Atención, no se pretende cambiar los factores de la producción y generación de riqueza, ni siquiera los modos dominantes y corrientes de su apropiación; la meta es que a riqueza generada sea más equitativamente redistribuida, se cierren las brechas de desigualdad social y exista un acceso y concurrencia real de acceso universal a los factores del bienestar social e individual, humano.
Bien, a mi modo de ver, la meta de alcanzar la Cuarta Transformación del país, obedece a la cuarta categoría de lo que constituye la Teoría del Estado, pero sin meterse con las tres notas esenciales del Estado Mexicano. Cuyos efectos, resultados y pronósticos podremos ir analizando, en la medida que se vaya implementando este nuevo pretendido modelo. No se confundan.
