CIUDADANÍA INFORMADA Y ACTIVA (CIA) | Posicionamiento

Los miembros de la

CIUDADANÍA INFORMADA Y ACTIVA (CIA)

Rechazamos categóricamente la perpetuación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública en el país a través de cualquier figura o medio que faculte su hegemonía sobre las instituciones y autoridades civiles, y que confronte al régimen republicano y democrático instaurado en nuestra Carta Magna, tal como se busca establecer en el Plan de Seguridad y Paz recientemente anunciado por el presidente electo.

La medida propuesta contraviene lo expresado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación e ignora lo manifestado por expertos, organizaciones nacionales y organismos internacionales, así como la recomendación directa de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Basamos nuestra inconformidad en el hecho de que no existe evidencia empírica que demuestre que tener al ejército en las calles haya significado una mejora para México. Por el contrario, la evidencia manifiesta claramente que la militarización del país ha significado una tragedia sin precedentes.

La policía militarizada durante doce años de fallida guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado no sólo ha generado una epidemia de homicidios que disminuyó la expectativa de vida de los mexicanos, sino que ha ocasionado más de 250 mil muertes, cerca de 330 mil personas desplazadas de sus hogares y comunidades, así como más de 35 mil personas “desaparecidas” en fosas clandestinas y tráilers errantes por todo el país. Ello aunado al gasto colosal de recursos públicos invertidos en ofensivas militares que sólo incrementa el poder de las Fuerzas Armadas, redirige el balance del poder hacia los mandos militares, y empobrece a las comunidades afectadas y al país, en general.

La violencia estatal ha conducido a una mayor violencia por parte de las organizaciones criminales que han aumentado su capacidad de respuesta violenta. Las más de 142 “bases de operaciones mixtas” ubicadas en las 32 entidades federativas y desde las cuales las Fuerzas Armadas han desplegado los “operativos conjuntos” y llevado a cabo tareas de seguridad pública, se han “normalizado” en el territorio mexicano, junto con el uso de la fuerza letal y las prácticas ilegales como la tortura, las violaciones al debido proceso e incluso las ejecuciones extrajudiciales. Se ha demostrado que en todos los lugares donde ha participado el ejército se han incrementado las violaciones a derechos humanos y la violencia; que la sola exposición a la violencia genera más violencia, aumenta el riesgo de depresión, el abuso de alcohol y el comportamiento suicida entre muchos otros trastornos psicológicos. Los enfrentamientos entre los cárteles, y entre éstos y las fuerzas gubernamentales colocan a personas inocentes en el centro de la violencia, por lo que los costos de la militarización del país, en términos de vidas humanas, estado de derecho, capacidad institucional, seguridad y paz social son demasiado altos como para continuar pagándolos.

Todo esto ha sido ampliamente analizado y documentado en estudios e investigaciones de primer nivel realizados por expertos y especialistas en la materia a quienes se les ha ignorado metódica e injustificadamente. El Ejecutivo y el Legislativo han sido sordos a las múltiples críticas y advertencias sobre los riesgos implícitos de dar facultades extra-constitucionales a las Fuerzas Armadas.

La creación de la Guardia Nacional bajo la justificación de la supuesta “historicidad” de esta institución surgida en el siglo XIX es un falso argumento que desoye por completo el contexto y carácter civil en que surgió. Por el contrario, con la reforma sustantiva de la Constitución se permitirá la conformación de una policía militar con miembros de las Fuerzas Armadas que integrarán a la Policía Militar y a la Policía Naval, con apoyo de elementos de la Policía Federal y jóvenes ciudadanos interesados. Finalmente, se posibilitará que la Guardia Nacional, bajo el mando directo de la Secretaría de la Defensa Nacional pueda, de forma permanente, patrullar calles, “prevenir delitos”, detener personas y hasta fungir como auxiliar del Ministerio Público en labores de investigación.

Es completamente inaceptable la medida. Si el argumento a su favor es que “la Policía como institución civil se encuentra destruida por la corrupción”, ello se ha debido al completo abandono y a las condiciones precarias en que se le ha tenido por décadas. Por ello, el nuevo plan debe versar justamente en el rescate de las fortalezas y potencialidades del Sistema Nacional de Seguridad Pública para conformar un cuerpo policial bajo un mando civil sujeto a leyes civiles; en la inversión sin precedentes en prevención social de la violencia y la delincuencia; y en la creación de políticas públicas que abarquen con inteligencia el fenómeno en su totalidad.

Rechazamos la propuesta en sí junto con los métodos políticos usados para llevarla a cabo. Primero, porque pretende ésta ser elevada a rango constitucional gracias al apoyo incondicional de una mayoría partidaria en el Congreso con el fin de eludir toda oposición o contrapeso legal. Ello sienta un precedente alarmante sobre el inminente peligro que representa que el gobierno entrante quiera (y pueda) modificar, en lo sucesivo, las leyes que nos rigen a conveniencia, dependiendo de la ocasión, creando un Estado “constitucional” a modo. Ello mina profundamente la credibilidad y legitimidad del gobierno entrante. Y segundo, porque habrá consecuencias políticas profundas si se trastoca el pacto federal dando poderes mayores a las Fuerzas Armadas y se debilita a las autoridades civiles. La nuestra es una república federal y democrática que se rige por un estado de derecho en consonancia con el derecho internacional de los derechos humanos. Se requieren instituciones civiles fuertes y competentes, y un Estado abierto capaz de dialogar democráticamente con la sociedad, con los especialistas y expertos en la materia, con las organizaciones civiles involucradas y con las víctimas, a fin de lograr el verdadero desarrollo social y transformación que urgen en el país.

Por todo lo anteriormente expuesto, hacemos un enérgico y urgente llamado al presidente electo para que deseche la reforma constitucional anunciada y opte, en cambio, por desarrollar un plan conjunto con la sociedad civil y los expertos para fortalecer, como nunca antes, las instituciones civiles de seguridad.

Aguascalientes, Ags. a 20 de noviembre de 2018

Sufragio efectivo, no reelección