Víctor Hugo Salazar Ortiz
Movimiento Ambiental de Aguascalientes
Una de las razones que están empleando empresas constructoras y gobiernos para evitar la cada vez más copiosa participación ciudadana en las decisiones relacionadas con la infraestructura pública es el tema de la experticia, es decir, que sólo aquellos que cuenten con conocimientos y experiencia sobre ingeniería pueden opinar sobre el valor de éstas, es decir, sólo los expertos.
No obstante, esto es completamente falso, puesto que la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente indica, en el art. 34, que “cualquier persona de la comunidad puede llevar a cabo una consulta pública”, y a continuación se indican cuáles son los requisitos que deben cumplir el promovente de la obra y el solicitante de ésta. En dicho ejercicio ambas partes deben presentar sus propuestas mediante las que justifiquen los pros y contras ambientales del proyecto. Por eso es que toda obra que pretenda hacerse, debe presentar previamente antes las autoridades federales y/o estatales competentes su Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA), el cual puede ser consultado, previa solicitud, por cualquier ciudadano en el plazo que indica la ley (10 días hábiles a partir de su publicación en la Gaceta Ecológica de la entidad). El único requisito que deben solicitar las dependencias es una identificación personal oficial y llenar un oficio en el que se acepta seguir el protocolo de revisión del documento, es decir, qué está y que no está permitido hacer durante el tiempo en que se consulta éste. Que quede claro, NO le piden, ni deben pedirle, que posea un título académico o experiencia para poder consultar el MIA del promovente de una obra, basta con ser ciudadano mexicano y persona de la comunidad. Si no se está de acuerdo o se tienen dudas acerca del MIA de promovente, se puede solicitar a Semarnat una reunión pública y esta secretaría está obligada a hacer la convocatoria, realizar la consulta y dar un veredicto cumpliendo todos los requerimientos legales que este ejercicio conlleva.
El problema es que esta información no goza de un amplio conocimiento entre la población, por tal motivo, empresas constructoras, gobiernos y secretarías aprovechan este vacío participativo, y la indiferencia ciudadana, para comprar/vender, destruir, dilapidar y desaparecer el patrimonio natural de todos los mexicanos, y después nos hacen creer que todo está pensando en el beneficio público y de la nación; no obstante, todos pagamos “a quién sabe quién” por la obra con nuestros impuestos, y luego seguimos pagando por el uso de éstas (sirva de ejemplo las carreteras de cuota), el caso es que nunca son nuestras.
Que quede claro, pues, que cualquier ciudadano puede expresar su punto de vista y justificar las razones que considere necesarias por las que no estaría de acuerdo en la construcción de una obra, dentro de los tiempos establecidos por la ley. Dicho lo anterior, no se requiere ser un experto para darse cuenta de que un puente no soluciona problemas viales si a unos cuantos metros se dejará un semáforo que ocasionará un tráfico en la zona mayor aún al previo a la obra, o que un nuevo puente que desembocará en una calle angosta generará un “cuello de botella vehicular”; no se requiere ser un experto para darse cuenta dónde no es necesario hacer adaptaciones a la vialidad y el transporte público, sobre todo si éstas se encuentran en un cauce de agua natural que siempre se inunda en épocas de lluvia y se requiere previamente solucionar técnicamente este problema (eso sí corresponde hacerlo a un experto previamente); no se requiere ser un experto para darse cuenta que si construyes en los cerros, cuando llueva, el agua descenderá a una mayor velocidad si no se hacen las adecuaciones técnicas para que eso no suceda (eso sí corresponde a un experto); no se requiere ser un experto para darse cuenta que si quitas una masa forestal y pones concreto o cemento dejará de haber infiltración de agua a los mantos acuíferos, aumentará el calor, desaparecerá la fauna de ese nicho ecológico y disminuirá la calidad del aire; no se requiere ser un experto para saber que una ciclovía de 50 centímetros de ancho y sin protecciones no será usada por ser impráctica e insegura; no se requiere ser un experto en aeronáutica para darse cuenta que el aire, el agua y la tierra son esenciales para el sostenimiento de la vida, humana y no humana, más que un aeropuerto; etc.
Se dice que la construcción del nuevo aeropuerto está plagada de irregularidades, yo me atrevería a pensar que no sólo el aeropuerto, cualquier obra pública, pues nunca se entregan en tiempo y forma y, si se le escarba, nunca tienen la calidad que se prometió iban a tener y en ocasiones ni tan siquiera resuelven los problemas, los empeoran. Ejemplo de esto lo padecemos en nuestra ciudad, las obras nunca se concluyen en tiempo, no se cumple con lo presupuestado, no solucionan los problemas, pero eso sí, se monta un gran circo mediático cuando se entregan, a pesar de que NO estén completamente concluidas.
Desde mi punto de vista a esto se debe el enojo de las clases privilegiadas ante las consultas públicas, pues en ellas la ciudadanía pone de manifiesto su conocimiento y descontento. Por supuesto que no le conviene a los “vendepatrias” (como los nombra el diputado Gerardo Fernández Noroña) ni a los empresarios rapaces, que los mexicanos conozcamos nuestros derechos, mucho menos si se nos da una ayudadita a través de una consulta pública nacional, para saber si una “obra pública” debe o no ser construida con nuestro dinero. Está claro que esto no es del contentillo de los explotadores y saqueadores de este país.
La realidad es cualquier ciudadano puede hacer valer pública y legalmente su opinión; no obstante, el mito que quieren imponer ahora las clases privilegiadas de este país es que sólo los expertos pueden hacerlo.
