- El gobierno abierto permite que la ciudadanía tenga mayor contacto con el tema de transparencia y motiva a los sujetos obligados a aportar más de lo que marca la ley en materia
- Tras la prórroga por la revisión de sujetos obligados, nueve entidades públicas no solventaron los señalamientos y serán acreedoras a sanciones por incumplimiento en transparencia
Con el objetivo de abonar a que las acciones gubernamentales sean más transparentes, y que en general las entidades públicas cumplan con sus obligaciones en la materia, se trabaja en La plataforma de gobierno abierto, como una consecuencia natural del cumplimiento de las obligaciones de transparencia y más allá de las que se refiere y marca la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, resaltó el comisionado presidente del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes, Marcos Javier Tachiquín Rubalcava, en el marco de la inauguración de la Semana Nacional de Transparencia que se llevó a cabo en conjunto con la Universidad Autónoma de Aguascalientes y la Comisión de Derechos Humanos del Estado.
Este evento inició con un panel denominado Los derechos humanos como eje fundamental del gobierno abierto: un efecto del ejercicio de la transparencia; sobre el cual, Tachiquín Rubalcava indicó que se está actualmente en la evaluación de las entidades públicas que tienen el carácter de sujetos obligados respecto a transparencia, como viene contemplado en la ley.
El comisionado presidente del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes dijo en su mensaje inaugural estar convencido de la importancia del trabajo conjunto con dichas instituciones, así como la participación de los jóvenes, ya que serán los responsables del cambio en el país en cuanto a una cultura de transparencia, exigir a todos aquellos que manejen recursos públicos a que informen sobre sus gastos y velen por la protección de datos personales. Asimismo agradeció la presencia de los comisionados de los órganos garantes de Zacatecas y Michoacán, Norma Julieta del Río Venegas y Daniel Chávez García.
Mientras que el secretario general de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, Jesús González Hernández, en representación del rector Francisco Javier Avelar González, expresó la importancia de la colaboración entre la academia, las organizaciones gubernamentales y la sociedad, ya que con esto se combatirá la corrupción y la opacidad en la rendición de cuentas.
Tachiquín Rubalcava aseguró que en lo que respecta a gobierno abierto, Aguascalientes está en la posición sexta en el ámbito nacional; esta etapa se refiere a que en una forma proactiva las entidades públicas proporcionen información en la medida de sus posibilidades, respetando el tema de datos personales más allá de lo que les obliga la ley; dijo que esto también coadyuva a tener un acercamiento con la población en general con el objetivo de que el tema de transparencia genere un contacto ciudadano.
Indicó que esto se da en una segunda etapa, después de que se consigue que las entidades gubernamentales den cumplimiento a cada una de sus obligaciones y se les pide que den un poco más en el tema de transparencia, para ofrecer mayor certeza a la ciudadanía del trabajo que realizan en beneficio de la población, desde sus trincheras. “Que continúe, pero aparte si ellos ven que hay temas que se pueden transparentar más allá de lo que marca la ley, pues bienvenido”.
El comisionado presidente del ITEA precisó que sobre la última evaluación que se hizo a los portales en el capítulo de transparencia a los 103 sujetos obligados en la entidad, son nueve los que no cumplieron, algunos con el cero por ciento y otros que no llegan al 100, para dar positivo en esta revisión, por lo cual se llevará una sesión en donde se va a determinar la multa que pudiera aplicar en cada uno de los casos.
Detalló que es un proceso de integración de acuerdo a la capacidad económica del infractor y conforme lo marca la propia ley, por lo que ya se va a proceder con ello en los próximos días; aclaró que se les dio la prórroga y este incumplimiento no se puede atribuir a nada más que a la omisión de los sujetos obligados, “Se estuvo avisando en su momento los plazos para las evaluaciones, ya se tienen varios años trabajando, desde la reforma de 2014, de las obligaciones de transparencia, entonces ya a nosotros nos corresponde solamente valorar el cumplimiento como tal; la realidad es que el instituto siempre tuvo las puertas abiertas, si hubo acercamientos pero desgraciadamente no se vio reflejado”, explicó Tachiquín Rubalcava.
Índice de Estado de Derecho en México
En el panel Los derechos humanos como eje fundamental del gobierno abierto: un efecto del ejercicio de la transparencia, la comisionada presidente del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Norma Julieta del Río Venegas, presentó una ponencia en la que difundió los datos más recientes del estudio Índice de Estado de Derecho en México 2018, realizado por World Justice Report, (WJR) de donde proviene el dato sobre el lugar nacional que ocupa Aguascalientes en materia de gobierno abierto.
De acuerdo a World Justice Report Mexico, más de la mitad de los encuestados no sabe lo que es el Estado de Derecho, el cual se define en el informe como “un principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades están sujetas al cumplimiento de la ley, la cual es respetuosa de los derechos humanos y se aplica de forma equitativa, justa, y eficiente. El Estado de Derecho es un principio rector que vincula a autoridades y ciudadanos mediante el establecimiento de derechos, obligaciones y límites para que las personas puedan vivir en armonía, acceder a mejores oportunidades, participar en las decisiones de sus comunidades, y disfrutar de una vida y un patrimonio seguros”.
El índice de Estado de Derecho 2018 incluye una encuesta realizada a población general aplicada a 25,600 personas, el 52.1 de las personas encuestadas no sabe lo que es el Estado de Derecho, también se incluyó una pregunta a los mexicanos mayores de 18 años sobre las tres palabras que asocian con la frase “Estado de Derecho”, en el caso de Aguascalientes, las palabras principales fueron: Justicia. Igualdad. Libertad.
El análisis de WPJ se presenta en 42 sub-factores y ocho factores: i) límites al poder gubernamental (mide si en la práctica, los pesos y contrapesos institucionales limitan el accionar de quienes gobiernan, en particular de gobernadores, alcaldes y demás autoridades del Poder Ejecutivo estatal, y los responsabilizan de sus actos. También considera el papel que juegan los contrapesos no gubernamentales, tales como la prensa, las organizaciones civiles y los partidos políticos); ii) ausencia de corrupción (mide la ausencia de corrupción, definida como el uso del poder público para obtener un beneficio privado, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial locales, y en el sistema de seguridad y procuración de justicia); iii) gobierno abierto (definido como aquel gobierno que comparte información, empodera a las personas para que exijan rendición de cuentas y fomenta la participación ciudadana en la toma de decisiones); iv) derechos fundamentales (mide la protección efectiva de los derechos humanos, reconociendo que un sistema de gobernanza en el que no se garantizan los derechos fundamentales establecidos por el derecho internacional, no puede ser un Estado de Derecho); v) orden y seguridad (mide si el Estado es efectivo en garantizar la seguridad de las personas y la de sus propiedades); vi) cumplimiento regulatorio (mide si la normativa y las regulaciones se aplican de manera efectiva, sin influencias indebidas, con respeto al debido proceso en los procedimientos administrativos, y sin demoras irrazonables en los mismos; vii) justicia civil (mide si las personas pueden acceder a mecanismos pacíficos y efectivos para resolver sus controversias a través del sistema de justicia civil); y viii) justicia penal (evalúa la efectividad y la calidad del sistema de justicia penal).
Los puntajes oscilan entre 0 y 1, donde 1 indica la mayor adherencia al Estado de Derecho. Ningún estado llega a una calificación perfecta; de hecho, la puntuación más alta es de 0.45, obtenida por Yucatán, mientras que Aguascalientes ocupa el segundo lugar con un puntaje de 0.44 en empate con Zacatecas.
En el factor Límites al poder gubernamental Aguascalientes ocupa el tercer lugar; en Ausencia de corrupción, la cuarta posición; en Gobierno abierto, el sexto lugar; en Derechos fundamentales, la primera posición; en Orden y seguridad, la décima posición; en Cumplimiento regulatorio, la entidad está en el sexto lugar; en Justicia civil, la octava posición; y en Justicia penal, el tercer sitio.
