- Arturo y José Guadalupe, ambos de San Francisco de los Romo, Aguascalientes, fueron privados de su libertad en mayo de 2011 en Puerto Vallarta (Jalisco) por un grupo presuntamente armado; desde entonces, sus seres queridos han destinado todos sus recursos a su búsqueda.
- Familiares de nueve aguascalentenses extraviados en el vecino estado acuden a morgues jaliscienses a identificar cuerpos; los resultados de las pruebas de ADN demorarán 22 días que se añadirán al eterno suplicio de vivir preguntándose en dónde están los suyos.
- Tortuguismo, irregularidades y negligencia institucional, el común denominador de estos casos
Arturo Muñoz Romo desapareció junto con José Guadalupe Rodríguez de León el 8 de mayo de 2011 en Puerto Vallarta, Jalisco. Un grupo presuntamente armado se llevó, por la fuerza, a los jóvenes originarios de San Francisco de los Romo, en el hotel en el que vacacionaban y desde entonces, sus seres queridos no volvieron a saber de ellos.
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“Es como si uno estuviera muerto en vida”, dice Ma. de Jesús de León, madre de José Guadalupe; la mamá de Arturo, María Angélica Romo, concuerda: “Para nosotros esta situación es como ya estar muertos. Anochece y está uno con el dolor, amanece y es la misma”. A siete años de lo sucedido, la investigación no muestra avances. Hace algunas semanas, se encontraron con que el expediente de sus hijos estaba perdido, sólo para “aparecer” en una bodega, archivado con decenas de casos similares.
Arturín y Choche, de entonces 15 y 17 años, se fueron de vacaciones en familia el lunes 2 de mayo de 2011. Arribaron primero a Ruiz, municipio del estado de Nayarit, donde permanecieron hasta ese fin de semana; luego partieron rumbo a Puerto Vallarta. Llegando a la playa jalisciense, cerca de las 21:00 horas, un hombre abordó a ambos vehículos en un semáforo, con el fin de convencerlos de hospedarse en un hotel localizado en la calle Honduras número 139, colonia Cinco de Diciembre, a 800 pesos por noche. Se instalaron y luego fueron a dar un paseo por el Malecón, para volver a su alojamiento a la 1:00 de la mañana de aquel 8 de mayo; los mayores subieron a sus recámaras en el segundo piso, mientras Arturo, José Guadalupe y Elvis -hermano del primero- permanecieron unos momentos en la terraza. Elvis regresó a su habitación a dormir y apenas cerró la puerta, comenzó el alboroto: un grupo de personas armadas había irrumpido en el lugar, llevándose con ellos a Arturín y a Choche.
Al escuchar los gritos, María Angélica -mamá de Arturo- y sus familiares intentaron salir a detenerlos, pero los hombres los rodearon: “Iban vestidos como de policía, con una playera blanca y pantalón negro, pero no les miramos el rostro, iban encapuchados”, recuerda. Los vieron irse a bordo de una camioneta blanca de doble cabina y de un carro negro. Completamente desconcertados, bajaron a preguntar al empleado de la recepción por lo ocurrido, pero él sólo respondió que eran policías judiciales de Aguascalientes y que no había línea telefónica para reportar los hechos.
“Una señora que me vio llorando me dijo que sí había línea y que antes de que llegaran esos hombres, el trabajador colgó el teléfono. Me dijo, pasó lo mismo que ayer y son los mismos hombres; se llevaron a tres anoche. Yo me estaba desmaye y desmaye”, recuerda María Angélica Romo; “cuando nosotros llegamos se miraba lleno el hotel, pero cuando regresamos y pasó todo eso, ya no había nadie; todos los departamentos estaban solos”.
Siendo todavía de madrugada, Francisco Javier Rodríguez de León, Érika Yesenia Muñoz Romo -hermanos de José Guadalupe y Arturo, respectivamente- y Jorge Muñoz Santos, presentaron una denuncia penal ante lo que es ahora la Vice Fiscalía de Puerto Vallarta.
Se sospecha que lo sucedido a Arturín y a Choche encuadra en el delito de desaparición forzada, que consiste en la privación de la libertad por parte de agentes del Estado o personas que actúan con la autorización, apoyo o aquiescencia de éste, como se cree ocurrió a los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa en 2014.
Sin embargo, María Angélica y Ma. de Jesús -sus mamás- dudan que una autoridad esté detrás del “levantón”, pues sus hijos nunca antes habían tenido problemas con la justicia. En el momento no se exhibió ninguna orden de aprehensión y, en todo caso, la ley impide a policías y ministerios públicos actuar en otras jurisdicciones.
Aunque el caso pudiera tratarse de un secuestro, nadie habló para cobrar un rescate. Tampoco se han recibido amenazas por parte de alguna organización delictiva.
Tortuguismo, irregularidades y negligencia institucional
María Angélica permaneció quince días más en Puerto Vallarta, luego del misterioso acontecimiento, “yo estaba terca que me quería traer a mi hijo y al otro muchacho de regreso a casa. Iba a llore y llore a la -entonces- Procuraduría”. Después de eso, viajó a varios municipios de la costa del Pacífico a pegar carteles, que ella misma pagó, tantas veces que perdió la cuenta. Por falta de recursos, Ma. de Jesús sólo fue en cuatro ocasiones a la Vice Fiscalía vallartense, en las que invariablemente escuchó las misma palabras en boca de la autoridad: “Estamos trabajando”, luego le mostraban el expediente, que parecía gritar lo contrario.
Las dos han estado poniendo de sus bolsillos para trasladarse y, por lo regular, viajan cada que tienen para costear los pasajes.
A finales de agosto, el Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSGA) acompañó a ambas familias a Puerto Vallarta con el fin de revisar el avance en las indagatorias, pero trabajadores de la Vice Fiscalía les dijeron que el expediente estaba “perdido”. Más tarde este apareció en una bodega, archivado junto con otros casos similares.
La averiguación previa 2192/2011 es un machote de hojas -muchas de ellas están tachadas- en las que casi no hay entrevistas y gran parte son oficios de colaboración entre dependencias.
Mariana Ávila Montejano, coordinadora del OVSGA, sospecha que con el tiempo, lejos de alimentar las investigaciones, se han extraviado indicios, como la presunta responsabilidad del hotel en el que ocurrió la desaparición. Como sea, no se percibe ningún avance.
Los familiares de Arturín y Choche han padecido siete largos años de incertidumbre y desasosiego. Frente a las dificultades de estar viajando a Puerto Vallarta, han ido a pedir ayuda a la Fiscalía y la Comisión de Derechos Humanos de Aguascalientes, en donde se les ha repetido, una y otra vez, hasta el cansancio, que su caso no es competencia suya, por haberse registrado en otra entidad federativa.
En el ámbito nacional, existe una problemática de falta de coordinación institucional entre procuradurías y fiscalías estatales, señala Mariana Ávila. Lo mismo sucede con otras familias de gente perdida en San Luis Potosí, Zacatecas y otros municipios de Jalisco.
El fiscal general, Jesús Figueroa Ortega, confirma que por ley, estos casos deben ser llevados por el aparato de investigación del estado en que desaparecieron, independientemente de dónde sean originarios. El supuesto hallazgo de los expedientes en una bodega podría constituir una irregularidad dependiendo del nivel de archivo que hayan tenido, dijo, ya que el secuestro no se prescribe, como tampoco el delito de desaparición forzada.
Jesús Figueroa dice desconocer cuántos aguascalentenses se encuentran extraviados en otros estados del país, pues al no existir una base de datos con este nivel de desglose sería necesario solicitar el reporte a las 32 fiscalías y procuradurías de la República. En Aguascalientes también hay desaparecidos de otras entidades federativas. Y no hay, en lo nacional, un protocolo de actuación específico para este tipo de casos.
En entrevista para La Jornada Aguascalientes, reconoce que tampoco se ha tenido comunicación con la recién creada Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas dependiente de la Secretaría de Gobernación federal, pero sí con la Procuraduría General de la República (PGR) y la Policía Federal; a la vez que prometió ponerse en contacto con las autoridades de Jalisco, donde por lo menos dos tráileres deambulan cargados con cientos de cuerpos sin identificar, con el fin de realizar pruebas de ADN.
Figueroa Ortega se reunió con María Angélica y Ma. de Jesús, quienes le externaron el calvario de los últimos siete años. Él se comprometió a apoyarles con los gastos cuando deban trasladarse a Puerto Vallarta.
–¿Ustedes creen que sus hijos estén vivos?- les pregunta el fiscal.
Ambas mujeres asienten, sin rastro de duda: “Es cosa que uno siente”, responde Ma. de Jesús. Ahora mismo, los jóvenes desaparecidos tendrían 24 y 22 años.
Se buscó entrevista con la Vice Fiscalía de Nuevo Vallarta, sin embargo, no hubo respuesta a la solicitud.
Números de carne y hueso
De acuerdo con un informe entregado vía transparencia por la Fiscalía General del Estado, al corte de agosto se contaban 132 expedientes abiertos de personas desaparecidas en territorio aguascalentense entre 2011 y 2018, de quienes aún se desconoce paradero: 25 mujeres, 45 hombres y 62 menores de edad. Sin embargo, hay muchos otros casos aún más antiguos, como el de siete personas que fueron privadas de su libertad en el antro conocido como Maverick el 24 de abril del 2007.
Los datos resultan poco fiables. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas (RNPD) de la Secretaría de Gobernación, actualizado por última vez el 30 de abril, tiene en su base de datos a 232 aguascalentenses sin localizar -223 fuero común y nueve del fuero federal- y la organización Data Cívica, reporta a 194. El tema no es asunto menor, ya que detrás de estas cifras hay rostros, nombres e historias de los que poco se conoce, números de carne y hueso cuyos casos no son públicos.
La noche en que fue visto por última vez, Arturo traía puesta una camisa a cuadros amarilla, un pantalón de mezclilla y tenis blancos; tiene el párpado caído y una cicatriz, ambos en la mejilla del lado izquierdo. José Guadalupe vestía playera azul, jeans y sandalias; lleva el abdomen marcado, en su lado derecho, por una quemadura. Hasta donde sus familias saben, no consumían drogas. Arturín estaba por entrar a la universidad y a Choche le faltaba un bimestre para salir de secundaria. Y sus nombres no aparecen en el RNPD.
El 26 de septiembre de 2018, María Angélica y Ma. de Jesús -mamás de Arturo y José Guadalupe- asistieron a una asamblea organizada por el Colectivo de Personas Desaparecidas y Víctimas y el OVSGA, en la que acordaron una serie de acciones coordinadas (https://bit.ly/2NiHfo2 ).
En ese contexto, se elaboró un pliego petitorio para las autoridades del estado:
- Creación y actualización de la base de datos estatal que contenga la información y fotografía de las personas desaparecidas.
- Difusión permanente de los rostros de las personas desaparecidas.
- Coordinación entre los estados para facilitar los procesos de las familias de personas desaparecidas en otras entidades.
- Mesa de trabajo mensual con el Ministerio Público y servicios periciales para informar sobre los avances en las investigaciones y búsqueda de personas desaparecidas.
- Creación de la Comisión de la Verdad en el Congreso del Estado.
- Mesas de trabajo con Organizaciones de la Sociedad Civil, familiares especialistas en la materia para establecer estrategias de búsqueda e investigación desde los derechos humanos y con perspectiva de género.
- Activación en el Estado del Protocolo Alba.
- Profesionalizar al personal de investigación e integración de expedientes así como a la persona primer respondiente.
- Renuncia de Sandra Macías Núñez, encargada del Centro de Atención de Personas Extraviadas y Ausentes (Capea); área que cuenta con sólo ocho trabajadores: cuatro ministerios públicos y cuatro agentes investigadores. La organización considera que no ha dado resultados.
- Creación de fiscalías especializadas en investigación de personas desaparecidas y muertes violentas de mujeres.
La coordinadora del Observatorio, Mariana Ávila, hizo hincapié en la coordinación interinstitucional regional en casos como el de los dos jóvenes francorromenses: “Es mucho más eficiente que se estén compartiendo la información de manera interinstitucional a que hagan a que las familias se desplacen a los tres o cuatro estados donde se está buscando su familiar”.
En agosto de 2017, la Fiscalía presentó diversos protocolos, incluyendo el de búsqueda de personas, los cuales deben ser cada año discutidos y actualizados con especialistas, organismos no gubernamentales y familiares, con el fin de hacer las precisiones necesarias (https://bit.ly/2NZ4usw ).
“Hacemos un llamado al fiscal de Aguascalientes y al Congreso que va iniciando labores a comprometerse a trabajar de la mano. No podemos naturalizar, invisibilizar el tema de la desaparición y dar respuesta a los compromisos de la autoridad con los familiares de las personas desaparecidas”.
En el ámbito nacional, organizaciones civiles dedicadas al acompañamiento de sus familiares en todo el país agrupadas en el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México sospechan que la cifra negra de gente sin localizar podría ser hasta siete veces mayor (https://bit.ly/2O0pBeh ).
Familiares de 9 aguascalentenses acuden a morgues jaliscienses a identificar cuerpos
Este lunes 1 de octubre, el Observatorio y familiares de nueve aguascalentenses extraviados en el vecino estado se trasladaron al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) con el objeto de identificar a sus seres queridos entre los cientos de cuerpos almacenados en las morgues, con el apoyo de las Comisión Estatal de Derechos Humanos y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, esta última delegación no existe en Aguascalientes.
El 17 de septiembre, medios nacionales revelaron que un tráiler refrigerado con 157 cadáveres sin identificar rondaba la zona conurbada de Guadalajara, luego se supo que en realidad son dos unidades que cargan los restos humanos de 322 personas que no caben en la infraestructura de dicha entidad, azotada por una creciente ola de violencia y en donde suman tres mil 388 desaparecidos, según datos de Segob.
La noticia de estos tráileres inquietó profundamente a las madres de Arturín y Choche, perdidos hace siete años en Jalisco. Ya antes habían participado, hasta en tres ocasiones, en levantamientos de ADN llevados a cabo en Aguascalientes para compararlos con el perfil genético de los cuerpos no identificados, pero hasta el momento no hay ningún hallazgo.
Personal del IJCF reconoce que, tras la revelación, aumentó el arribo de familiares, incluso de otras partes del país como Querétaro, Nayarit, Ciudad de México, Zacatecas y Colima. Por este motivo, se tuvo que pedir el apoyo de un sicólogo, pues durante su estancia, muchos de ellos sufren crisis nerviosas.
Para acceder a dicho procedimiento, Wilfrido Salazar, abogado del OVSGA y la Comisión de Derechos Humanos de Aguascalientes solicitaron a la Fiscalía de Aguascalientes un oficio de colaboración a su homóloga en Jalisco.
Además de José Guadalupe Rodríguez León y Arturo Muñoz Romo, desaparecidos el 8 de mayo 2011, también se busca a Sergio de Lara Quezada, sin localizar desde el 30 de agosto de ese mismo año; Paola Yaneth Álvarez Gómez, desde el 1 de febrero de 2015; Claudia Elizabeth Reyes Navarro, desde el 30 de julio de 2015; Christian Jonathan López Belmares, desde el 28 de diciembre de 2016; los hermanos Cristian y José Ángel Vázquez Hernández, desde el 26 de julio de 2017 y Marco Antonio de la Torre Ramos, desde el 23 de abril de 2018.
Cada caso demora un promedio de dos horas en el IJCF, en ese transcurso se muestran fotografías de las señas particulares de los cuerpos -lunares, tatuajes, cicatrices, etc- así como ropa, accesorios y material encontrado en la escena de los hechos. Por lo pronto, en la revisión de pertenencias no se identificó a ninguno de los nueve casos. Mientras tanto, los resultados de las pruebas de ADN demorarán 22 días que se añadirán al prolongado suplicio de las personas que viven preguntándose en dónde están los suyos.
Según números oficiales, con corte al 30 de abril había en todo el país 37 mil 435 personas reportadas como desaparecidas, de los cuales 40 por ciento son jóvenes de entre 15 y 29 años de edad.
