Algunas mujeres logran acceder a la interrupción del embarazo al pagar un vuelo internacional; otras gracias a protocolos publicados por organizaciones civiles para hacerlo en casa de la manera más segura y salubre posible, por ejemplo, mediante Misoprostol; unas cuantas más mediante el conocimiento de la herbolaria mexicana ancestral, como en algunas zonas rurales donde no pueden darse el lujo de detener las labores del campo. En cada una de estas distintas realidades, sus protagonistas asumen el poder sobre su cuerpo pero, en la mayor parte de México, todas podrían pasar por ansiedad y por un sentimiento de persecución, en especial al momento de requerir seguimiento médico, pues a las mujeres se les ha criminalizado por anteponer su vida a la conciencia de otros y es que parece que los cuerpos de las mujeres pertenecen a un grupo de personas con una obsesión por la forma en que se comparte la cama de los demás, por cigotos y fetos que no serán gestados por ellos, que no sostendrán al desarrollarse, que en ningún momento obstaculizarán sus proyectos.
Los recientes pronunciamientos del llamado Frente Nacional por la Familia en Aguascalientes distorsionan información para exponer un problema inexistente, ocultando otros realmente urgentes, además de que, con apoyo de su exposición en diferentes ámbitos públicos, amenazan con una improcedente cacería contra las mujeres, de las cuales, algunas tal vez ni tienen conocimiento sobre los derechos a los cuales ya tienen acceso y que, este grupo, pretende presentar como ilegales.
Sobre la intención de restringir la venta de Misoprostol con sólo receta médica, esto no le confiere a la regulación sanitaria estatal, sino a la Cofepris y, para ello, como lo indica su nombre, debe existir un riesgo sanitario para proceder, lo cual es inexistente. Además, intentan amedrentar argumentando una controversia constitucional interpuesta por Aguascalientes por la cual, supuestamente no se puede implementar la Norma Oficial Mexicana 046 en la entidad, omitiendo que el proceso aún no llega a una resolución y que, por ser una disposición federal, debe acatarse. Por otro lado, se sigue ocultando la problemática subyacente del aborto en nuestro país, la cual no corresponde a una discusión moral sobre las conciencias, sino a un verdadero problema de salud pública en el que, actos como los que emprende el Frente por la Familia, son una de sus razones.
De acuerdo al estudio Aborto inducido: incidencia y tendencias mundiales del Instituto Guttmacher, el 98% de los abortos inseguros se realizaron en América Latina y el Caribe, donde sólo dos intervenciones por cada mil mujeres fueron en condiciones adecuadas, y esto no sólo está relacionado con la posición económica de las mujeres pues, a nivel nacional, la tasa de aborto inducido es más alta en las regiones donde las mujeres alcanzan 10 o más años de escolaridad y el 67% de la población económicamente activa está sobre la línea de la pobreza. Es decir, ante un mayor grado de educación y acceso económico, las mujeres ejercen en mayor grado su libertad, aún a contramarea de las disposiciones locales. Por ejemplo, de acuerdo a la tasa de atención por aborto y la tasa global de aborto, Aguascalientes ocupó la séptima posición a nivel nacional en 2009, superando incluso a la Ciudad de México, después de que se despenalizara el aborto en la capital mexicana. El aborto es una problemática de salud pues el entorno social criminaliza y orilla a las mujeres a ejercer sus decisiones por la vía de la clandestinidad y lo insalubre.
Sin embargo, el panorama se vuelve más delicado si consideramos que México ocupa los primeros lugares de violencia sexual, de acuerdo a la ONU y la OCDE, por lo que es indispensable seguir manteniendo mecanismos como la NOM 046, la cual es satanizada por grupos conservadores. Esta Norma Oficial Mexicana brinda a las mujeres la oportunidad de interrumpir el embarazo provocado por violación sexual, garantiza el acceso a la Profilaxis Posexposición (PEP) para prevenir la infección por VIH y, en el caso de menores de edad, solicitar el aborto “previa solicitud por escrito bajo protesta de decir verdad”, sin la necesidad de una denuncia formal ante el ministerio público y sin recurrir al consentimiento de los padres o el tutor. La razón de esta última disposición –gracias a una reciente reforma– se debe a que, debido a la mentalidad punitiva contra las mujeres, se llega a cuestionar sobre la veracidad de quien expresa haber sido víctima de violencia sexual o, peor aún, se les obliga a mantener consigo un souvenir del trágico episodio.
A pesar de ello, y por más complejo que parezca, es necesario reconocer que varias mujeres deciden proseguir con el embarazo, aún después de contar con toda la información necesaria para la toma de una decisión autónoma y es que, contrario a las mentes tergiversadas de algunas personas, el aborto no es considerado por las mujeres como un método anticonceptivo, como un recurso al cual se puede acceder ene cantidad de veces sin mayor empacho, ya que reflexionan sobre las complicaciones médicas y el peso psicológico de este procedimiento. Las mujeres son conscientes de su cuerpo, de sus decisiones, pero el Estado no ha querido aceptar su libertad.
Contrario a las consignas de un Estado Democrático que debe impulsar el desarrollo y hacer prevalecer la seguridad de sus habitantes, el Estado Teocrático legisla y norma la conciencia, además de que emprende su política con una alta influencia de la religión dominante y, Aguascalientes, con su amplia lista de inconstitucionalidades y controversias, es un Estado Teocrático, lo cual es alarmante.
Para lograr comprender los alcances de una sociedad que accede a las imposiciones morales, corporales y sociales por parte de un monopolio religioso se puede recurrir a la obra de Margaret Atwood: El cuento de la crida, que se adaptó por Hulu para ser una exitosa serie. En la historia se presenta un nuevo Estados Unidos, llamado Gilead, constituido por un grupo político que instauró una sociedad bajo sus preceptos morales, entre ellos: la reproducción de los seres humanos a costa de cualquier medio, siempre bajo la idea del matrimonio entre un hombre y una mujer, y de manera “natural”. En uno de los capítulos, algunos de los integrantes de dicho grupo discuten sobre la forma en que las esposas podrían aceptar que sus esposos violen sexualmente a las criadas (mujeres aún fértiles entregadas a familias de cierta posición social), ante la idea de que el matrimonio era una unión sexual y afectiva, única e indivisible, por lo que recurren a un texto de la biblia donde Ruth le dice a Jacob que puede unirse con su sierva Bilhá para parir sobre sus rodillas y así también tener hijos de ella; ante lo cual los personajes de Atwood ríen, reconociendo que, siendo un pasaje religioso no podrán negarse. Es así que, en la nación aún ficticia de Gilead, las criadas son violadas por su patrón –y dueño–, mientras la esposa de éste es cómplice –y víctima–, tomando las muñecas de la criada, sosteniendo su cabeza sobre las rodillas y teniendo que mirar a los ojos a su marido, por supuesto, para no perder el vínculo del sagrado matrimonio.
La interrupción legal del embarazo representa brindar la opción de decidir sobre sí, sobre el cuerpo. En tanto no se posibilite, el aborto seguirá siendo un problema de salud pública, en el que la conciencia impuesta por un grupo no puede ser sustento y fin de una decisión de política pública. La interrupción del embarazo es un problema de salud pública, mas no de conciencias, y es que las mujeres ya toman las riendas de sus destinos, ¿qué mejor que permitirles actuar de la manera más segura y salubre? El riesgo de regresar a una primitiva organización teocrática es alto pero, al menos, se mantendrán voces lúcidas con paso firme en pos de una sociedad sin violencia, libre y empática.
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