Se estima que en Aguascalientes 22 por ciento de los viajes diarios que se realizan en la ciudad, es decir, uno de cada cinco, se hacen caminando. En ese sentido caminar no es sólo un modo de transporte real que emplea la población para desplazarse, sino que además contribuye a la conservación del medio ambiente, pues no genera emisiones de gases de efecto invernadero ni partículas contaminantes; y está asociado con beneficios para la salud, una condición especialmente relevante en un país donde la inactividad física fomenta la obesidad y la diabetes.
En este contexto, la seguridad vial es uno de los principales retos que enfrentan los peatones en el mundo; aproximadamente 1.2 millones de personas mueren cada año en accidentes de tránsito, de las cuales los peatones representan un elevado porcentaje. No sólo eso: más de 500 niños mueren cada día en accidentes de tránsito y miles más resultan heridos. Además, se espera que estos casos se multipliquen a medida que el número de automóviles en circulación continúe en aumento. Al mismo tiempo, en México las muertes y lesiones por accidentes viales son la causa de muerte más común entre niños de 5 a 9 años, y la segunda entre adolescentes y jóvenes de 10 a 20 años; y los peatones representan entre 45 y 48 por ciento del total de muertes por accidentes de tránsito en el ámbito nacional (ITDP 2018). En otras palabras, los accidentes viales son una epidemia latente a la cual debería darse una alta prioridad en la toma de decisiones, incluyendo en Aguascalientes, donde indudablemente esta situación se encuentran en constante aumento. Veamos.
En ciudades donde la infraestructura y la regulación han beneficiado al automóvil e incentivado altas velocidades, los peatones están expuestos a un riesgo mayor; así sucede en Aguascalientes, donde el Gobierno del Estado invierte esfuerzos y recursos desproporcionados para desarrollar infraestructura vehicular por encima de cualquier otro modo de transporte. Igualmente suele dejarse de lado que mejorar la seguridad de quienes caminan requiere una política integral que considere la combinación de infraestructura, normatividad, educación y comunicación que permita impulsar acciones en favor de la seguridad vial. En este sentido muchas ciudades alrededor del mundo están transitando gradualmente hacia una “Visión Cero”, es decir, cero muertos por accidentes, a través de líneas de acción como las siguientes:
Primero, diversos estudios sugieren que si los automóviles se desplazan a 50 km/h el riesgo de muerte para los peatones por un atropello es dos veces mayor que si se desplazan a 40 km/h y cinco veces mayor que si se desplazan a 30 km/h (WRI 2015). Por tanto, el diseño vial debe asegurar que los automovilistas reduzcan su velocidad; para ello es clave desarrollar infraestructura y diseñar las vialidades con un enfoque orientado a controlar la velocidad, por ejemplo, a través de la instalación de reductores de velocidad, la ampliación de áreas peatonales, el rediseño de intersecciones, la instalación de cruces seguros a nivel de calle, entre otras. A diferencia de lo que algunos funcionarios locales creen, eliminar semáforos, reducir banquetas y construir puentes peatonales no es seguro, eficiente ni responsable pues no hacen más que fomentar la velocidad.
Segundo, las autoridades deben hacer cumplir la ley para desalentar el comportamiento imprudente en todos los modos de transporte; el uso de la tecnología puede contribuir a fortalecer el respeto por las normas de tránsito. Tercero, las campañas de seguridad vial pueden promover una cultura de la movilidad orientada a prevenir accidentes; por ejemplo, programas o cursos escolares pueden generar resultados positivos en el corto, mediano y largo plazo. Desde luego, la educación vial va más allá del simplismo y la superficialidad de pagar por vallas y espectaculares. Cuarto, fortalecer la coordinación entre instituciones públicas a cargo de la seguridad vial puede mejorar su gestión; es fundamental involucrar a quienes planifican, construyen y administran las vialidades, pues el diseño de las mismas tiene una fuerte relación con la velocidad vehicular y el riesgo de los usuarios.
La implementación de acciones como las anteriores requiere voluntad, habilidad y capacidad política para navegar posibles exigencias e inconformidades de grupos renuentes al cambio, mismos que suelen protestar la redistribución del espacio vial para promover un mayor equilibrio entre todos los modos de transporte. Además requiere superar el cortoplacismo que predomina en la toma de decisiones, y avanzar hacia una visión más amplia, responsable e integral que permita priorizar el interés público por encima de los intereses personales y electorales.
Mejorar la seguridad vial es en gran medida responsabilidad de los gobiernos estatales y municipales; por ello deberían contar con una visión sólida a partir de la cual se promuevan medidas concretas para disminuir la velocidad y asegurar un uso adecuado de las vialidades, por parte tanto de los automovilistas como de los transportistas, peatones y ciclistas. ¿Qué tan comprometidos están los gobiernos estatal y municipal de Aguascalientes con mejorar la seguridad vial? ¿Qué tan capaces son de implementar medidas que demuestren cómo sí se pueden mejorar las condiciones de movilidad para todos? La cantidad y severidad de accidentes dirá.
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