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lunes, diciembre 22, 2025

Delitos de corrupción en Aguascalientes ameritan prisión preventiva

Adriana García Campos
Adriana García Campos
Reportera en La Jornada Aguascalientes.

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  • Propone PRD reformas al Código Penal en el sentido de que ya los ciudadanos están desprotegidos del derecho a la presunción de inocencia, no así la clase política
  • Esta medida aceleraría los procesos para un combate real y directo de la corrupción

 

Atendiendo a la petición ciudadana de tener un combate real contra la delincuencia, el diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Iván Sánchez Nájera, aseguró que es necesario que se incluya en el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva, actos de corrupción de funcionarios públicos.

Reconoció que esta medida atenta contra la presunción de inocencia, no obstante, con la reciente aprobación de que en casos de robo con violencia y abigeato se disponga de esta medida cautelar para garantizar seguridad, ocurre lo mismo con los ciudadanos, privilegiando a la clase política que comete otra serie de delitos, que calificó, aún más graves.

Explicó que con el criterio jurisprudencial en la Ciudad de México, el cual abre la puerta a que en los Congresos locales amplíen este catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva, “será de las pocas veces en que desde el Congreso escuchamos realmente los reclamos ciudadanos, que también, durante mucho tiempo, nos han pedido un combate real y directo a la corrupción”.

Apuntó el perredista que se ha carecido de una respuesta puntual del Congreso del Estado, ya que son muchos los delitos cometidos por personas que están en cargos públicos, que roban millones de pesos, cometen desfalcos impresionantes y siguen gozando de impunidad, mientras que el ladrón de calle, con la aprobación de la prisión preventiva oficiosa, ya va a estar desprotegido de sus derechos y se va a ir directamente a la cárcel mientras enfrenta un proceso.

“Esto, además hay que sumarle a los casos de exfuncionarios, incluso exmandatarios del estado, que siguen libres a pesar de una gran cantidad de averiguaciones y de procesos que les han sido abiertos”, consignó Sánchez Nájera que con ayuda de los abogados alargan los procesos para nunca pisar la cárcel, por lo que esta propuesta tiene como objetivo cambiar la dinámica jurídica, ya que estando presos van a buscar acelerar estos procesos en lugar de alargarlos.

El diputado perredista detalló que esta iniciativa consiste en una reforma al Código Penal del Estado de Aguascalientes, a las fracciones 14, 15 y 16 del artículo 75 A, y a la fracción IV del artículo 174, con el que se ampliaría al catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva, entre los que están homicidio doloso, feminicidio, homicidio doloso calificado, atentados al pudor, corrupción de menores, pornografía infantil, violación, tráfico de menores; enfatizó que son delitos de muy alto impacto, frente a ellos, agrega dos más el Congreso del Estado, “si ya abrimos ese criterios, también que los delincuentes de cuello blanco enfrente así a la justicia”.

La medida aplicaría a todos los niveles y todos los funcionarios; los delitos de corrupción comprenden desde abuso de confianza, robo, peculado, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, “todos estos delitos que parece ser el día a día en las dependencias públicas el pedir prebendas a cambio de asignar obras, eso que se rumora, no hay denuncias porque no hay castigos fehacientes, podría cambiar gracias a este criterio”.

Sánchez Nájera recalcó que una vez iniciado el proceso se podría abrir un juicio político para quitarle el fuero constitucional a cualquier servidor público, en el momento en que se inicie una averiguación de este tipo, el Congreso estaría obligado a desaforarlo. Sería por una denuncia ante la fiscalía o en los sistemas anticorrupción que han sido ya creados en el estado y que deben derivar en una denuncia penal; la diferencia con esta iniciativa estriba en que en el momento en que exista ya esta averiguación, a persona iría directamente a la cárcel en lo que se lleva su proceso, que tiene la reserva de que el implicado puede recurrir al amparo.

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