La respuesta no es fácil. Al observar el ambiente enrarecido en Michoacán nos quedan muchas preguntas sin claras respuestas. La inestabilidad prevalente se refleja en el nivel de inseguridad al interior del estado y para quienes habitan la entidad.
Eventos como los de un autogobierno en Cherán después de una serie de asesinatos y desapariciones; el problema en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo por presupuesto y espacio para nuevos aspirantes; el conflicto religioso-educativo en la Nueva Jerusalén; la toma recurrente y cerco de la ciudad de Morelia por parte de transportistas; el conflicto entre agricultores y las mafias de taladores de árboles y la presencia extendida del crimen organizado, son el reflejo y la manifestación de cómo avanzó en estos años una gran descomposición de la autoridad y sus instituciones.
Los problemas de gobernabilidad que hoy presenciamos parecen haber tenido su génesis en la anterior administración estatal (2008-2012) que encabezó el Partido de la Revolución Democrática. Quizá las grandes decisiones que se tomaron en ese periodo fueron limitadas en alcance o simplemente se vieron pospuestas. Por ello, los conflictos que hoy observamos son más evidentes o muestran su frágil control.
La situación de descontento y vulnerabilidad ha llegado al extremo. Hoy comunidades y pueblos cierran el acceso de las vías de comunicación para garantizar la seguridad de sus habitantes.
Pero enfoquémonos en el problema de seguridad pública. Por ser la entidad en donde nació el Presidente, uno esperaría que la atención al detalle fino en las políticas de seguridad hubiera sido una constante, pero parece que no sucedió así. La actuación local, así como la intervención federal que opera en Michoacán desde 2006 y reforzada en septiembre de 2008 muestran baja efectividad, especialmente en lo referente a la disminución de los delitos de alto impacto.
Por ejemplo, entre 2008 y 2011 el total de delitos registrados en la entidad decrecieron en un 8.3 por ciento, sin embargo, la cantidad de homicidios se incrementó en un 19.2 por ciento en el mismo periodo, según datos generados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad (SESNSP).
En tanto, las denuncias de extorsión aumentan de forma acelerada, particularmente en estos dos últimos años cuando la tasa del delito en Michoacán supera la media nacional (3.52) llegando a 5.58, detrás de Chihuahua (5.72). (SESNSP)
En cuanto al secuestro, otro de los delitos que lastiman gravemente a la sociedad michoacana, éste ha visto un incremento de 47 por ciento entre 2008 y 2011. Y en los últimos dos años Michoacán se posiciona entre los cinco estados con mayor tasa de secuestros junto con Tamaulipas, Durango, Morelos y Chihuahua. (SESNSP)
Estos datos quizá muestren un indicio de que la baja en las denuncias de delitos patrimoniales ante el Ministerio Público, es tan sólo consecuencia de que los afectados no denuncian, más que de una reducción en el nivel delincuencial.
En este sentido mencionemos también que las autoridades del estado de Michoacán han incumplido dos acuerdos importantes ante el Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), relativos al compromiso de reducción de la incidencia del delito de homicidio doloso, y otro referente al compromiso de reducción de la incidencia de extorsión.
Por último, es pertinente recordar que la Encuesta Ciudadana sobre Seguridad Pública que realizó el SESNSP, publicó resultados en septiembre de 2011. En ella, se destaca a Michoacán como la entidad con el primer lugar en cuanto a percepción de nivel de corrupción en las instituciones de seguridad pública. Este deshonroso primer sitio fue consistente para sus cuerpos policiacos municipales, estatales y de tránsito.
Creemos que la situación que vive Michoacán debe ser una llamada de atención tanto para el nuevo gobernador como para el Ejecutivo Federal que tomará posesión en unos días, ya que la situación no es muy distinta a la que se vive en otros varios estados de la República. Es decir, después de varios años de esfuerzo y miles de millones de pesos invertidos, aún carecemos de esquemas de intervención que den resultados y sean menos costosos en términos económicos y humanos.
Los michoacanos necesitan ver resultados a su problemática local en el corto plazo. Es imperante recuperar la confianza en sus instituciones y obtener mejores resultados de la autoridad para combatir delitos como el homicidio doloso, la extorsión y el secuestro.
José F. Tapia
Director de estrategia e investigación méxico evalúa
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