- El abogado se habría encargado de llevar el caso Unacar por el que se inició esta demanda
- El abogado fue contratado durante la administración de Francisco Chávez para llevar este caso a pesar de que el IEA tiene sus propios abogados
La Dirección Jurídica del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA) confirmó a La Jornada Aguascalientes este viernes 15 de junio que la dependencia estatal ha sido demandada por el abogado que llevó el caso de la compra de tabletas a la Universidad Autónoma del Carmen (Unacar); pues se le dejó de pagar, según la dirección, porque no realizó el trabajo para el que fue contratado en la pasada administración.
Ayer el extitular del IEA, Francisco Chávez Rangel, fue citado como testigo ante el Juzgado Primero de lo Civil del Poder Judicial del Estado, para brindar información que se pueda sumar al caso por el que el abogado que se habría encargado del litigio del caso Unacar ha demandado al Instituto que hoy está en manos de Raúl Silva Perezchica.
En 2011 el IEA y la Unacar firmaron un convenio por la cantidad de 399 millones 140 mil 343 pesos, para que la universidad proveyera y atendiera equipamiento (tablets), así como conectividad de 645 aulas temáticas y 732 aulas básicas en escuelas secundarias técnicas, generales y telesecundarias.
Dado que el consejo fue cumplido de manera parcial durante la administración de Chávez Rangel se decidió emprender una demanda en contra de la Unacar para lo cual y a pesar de que el IEA cuenta con una Dirección Jurídica que se supondría capacitada, se decidió contratar sin un proceso de licitación, al abogado Martín Paulo Guerra Scott, quien fue compañero de universidad del exdirector del instituto.
El proceso tuvo un buen fin para el IEA en 2016, ya que el Supremo Tribunal de Justicia del Estado decidió absolverlo de cualquier irregularidad en el manejo de los recursos destinados al programa y obligó a Unacar a resarcir a la institución por un monto de cerca de 250 millones de pesos.
A pesar de lo anterior, al entrar la nueva administración al IEA, indicó personal de la Dirección Jurídica, se analizó el pago que tenía que otorgar el Instituto a Guerra Scott por sus servicios y se percataron que al final él había dejado de poner atención al Caso Unacar del cual se hizo cargo en consecuencia la propia Dirección Jurídica, ante lo cual se decidió no pagarle, motivo por el cual este demandó al Instituto de Educación.
Según el contrato celebrado por Guerra Scott y la administración de Chávez Rangel, por la prestación de sus servicios el abogado cobraría 6 millones 700 mil pesos: 2 millones por la firma del contrato, dos millones 500 mil pesos cuando se ganara el juicio contra Unacar y 1 millón 500 mil pesos a concluir el caso en la Procuraduría General de la República y se consignara ante el juez de distrito; además de un pago de 60 mil pesos al mes, hasta por 12 meses con el objetivo de que fuesen aplicado en trámites y procedimientos de orden penal, civil y extrajudicial contra quienes resultasen responsables.
Actualmente Chávez Rangel enfrenta un procedimiento en la Fiscalía Anticorrupción, así como uno más en el Órgano de Control Interno del IEA precisamente por la contratación irregular de Guerra Scott.
