Al día de hoy, la evolución de las políticas energéticas en el país arroja los siguientes datos, por mencionar sólo algunos: tenemos paraestatales en banca rota o con déficit (Pemex y CFE), casos de corrupción no resueltos (herencia de la administración calderonista), manejo discrecional de contratos para la prestación de servicios, etc. Este balance nos ubica en el contexto del estado energético actual. En el curso de las siguientes líneas y continuando con la discusión sobre las reformas estructurales, Fayez Mubarqui (entendido en la materia) y yo nos proponemos colaborar con la definición de un modelo general de desarrollo energético, en el ánimo de dinamizar el debate mediante la difusión de información bien documentada y para respaldar la organización colectiva de quienes se propongan defender los intereses comunes.
Existen diversas manifestaciones de la energía. Es sencillo evocar, por ejemplo, a la eléctrica o la calorífica en la vida cotidiana: basta recordar un día sin luz en casa o cuando se termina el gas. La ausencia siempre nos revela una dependencia olvidada. Si lo pensamos un poco más, los seres humanos aprovechamos la energía contenida en los alimentos para nuestros procesos vitales, de suerte que ella nos rodea y entre sus flujos nos conducimos.
Para cualquier país es materia de seguridad nacional el abastecimiento de energía. En esa lógica, se establecen políticas energéticas con miras a crear estrategias que se coordinen para alcanzar un óptimo aprovechamiento de los recursos. Actualmente, existe en México una fuerte dependencia a los combustibles fósiles y paralelamente, las empresas públicas del sector, Pemex y CFE, tienden a la bancarrota por una mala administración, acompañada por la corrupción que nace a la sombra de prácticas ilegales. Empero, el problema es más profundo. Para atacarlo, se requiere un análisis holístico; para generar respuestas integrales, actuemos desde paradigmas complejos.
Desde nuestra perspectiva, existen tres momentos en el proceso hacia el vivir con soberanía energética sin comprometer a las generaciones futuras: 1) diversificar la matriz energética, 2) desarrollar la industria energética y 3) transitar hacia las fuentes renovables de energía. Estas etapas no son sucesivas, sino sincrónicas. Ahora bien, para que la transición sea exitosa, necesitamos que se integre de manera coherente al Plan Nacional de Desarrollo. Para ello se requiere:
Mayor participación social. En México se vuelve cada vez más indispensable la implicación colectiva en la toma de decisiones. En este caso y para el desarrollo e implementación de las políticas energéticas, puede cobrar forma en tres niveles: la consulta popular (en la figura del referéndum) para incidir sobre los asuntos más importantes de carácter no técnico; la conformación de consejos ciudadanos para la gestión y seguimiento de operaciones, así como la vinculación de centros de investigación a instancias deliberativas clave. Nuestro modelo propone una ecuación virtuosa entre una tracción social multiplicadora, más seguimiento permanente que agilice flujos de información, con alta asesoría aplicada que conceda a los especialistas un subíndice de influencia poderoso.
Aplicación de fórmulas efectivas y de beneficio común en la composición e integración de la inversión.
Conservar los subsidios. Existe una inclinación mundial ligada a la privatización de los energéticos, cuyo efecto es la desaparición o adelgazamiento de los subsidios. Se aduce que provocan efectos económicos negativos y que, en última instancia, contribuyen al calentamiento global. Por el contrario, consideramos que una política redistributiva sectorial puede ser alternativa viable para compensar a nichos sociales desfavorecidos, rompiendo con el ciclo de acumulación de desventajas. Ningún gasto necesario es una pérdida.
Un marco normativo y operativo que vuelva accesibles los proyectos que involucren tecnologías de generación de energía limpia a pequeña escala.
Un órgano institucional de gestión, verificación, transparencia y rendición de cuentas, cuyas resoluciones deben tener un carácter vinculatorio. El fundamento para ello es que los recursos naturales y energéticos del país pertenecen a la Nación y por ello, la sociedad conserva en todo momento el derecho inalienable para implementar mecanismos que permitan custodiar el manejo de su patrimonio.
Reflexionemos lo siguiente: para crecer, todo grupo requiere aumentar su consumo de energía. En las sociedades modernas capitalistas, existe una relación constante entre el desarrollo industrial y un consumo de energía creciente que requiere aumentar las fuentes y maximizar su eficiencia. En México, los hidrocarburos son la base de la pirámide energética que permite a todo marchar e incita a que la vida mantenga su curso. El problema radica en que los combustibles fósiles son altamente contaminantes y finitos. A sabiendas de ello, debemos prepararnos como sociedad para una transición que permita extendernos más allá del límite de esas fuentes, desarrollando otras que sean eficientes y amables con el ambiente.
Para ello, la piedra de toque es la investigación científica, que tutela la subsistencia de un colectivo en semejante situación. El uso de los llamados energéticos de transición, como la energía nuclear, debe estar sobre la mesa en el debate público, como cuestión central para nuestra permanencia en el tiempo como Nación. Eso lo comprenden los países más ricos e industrializados, que toman medidas para la crisis energética en puerta.
Futuro y energía son una sola cosa en movimiento y la intervención que realicemos definirá si nos espera el sometimiento o la emancipación, la vida sustentable o la disolución irreversible hacia un tiempo perdido.
– César Alan Ruiz Galicia/Fayez Mubarqui
