- México empeora en los índices de impunidad global y estatal; Aguascalientes está entre los estados con los índices más altos de impunidad
- Aguascalientes tiene demasiados Ministerios Públicos especializados en delitos graves, cuando la problemática a atender son delitos menores, por lo que el sistema es ineficiente
De acuerdo a los resultados del reporte La impunidad subnacional en México y sus dimensiones IGI-MEX 2018, la impunidad en Aguascalientes es muy alta, y además se tienen deficiencias en el funcionamiento de sus sistemas de seguridad y justicia.
Además, la entidad se encuentra en los primeros lugares de los estados donde la impunidad está al alza, que aumentaron en cinco puntos o más su índice de impunidad: Aguascalientes (+7.48 puntos), Tlaxcala (+7.37 puntos), Nayarit (+6.65 puntos), Puebla (+6.4 puntos), Chiapas (+5.68 puntos), Guanajuato (+5.66 puntos), Tamaulipas (+5.49 puntos) y Coahuila (+4.95 puntos). Así como entre los primeros lugares de los estados con los índices más altos de impunidad: 1) Estado de México (80.06), 2) Tamaulipas (78.88), 3) Baja California (78.08), 4) Coahuila (77.88), 5) Quintana Roo (77.33), 6) Guerrero (76.08), 7) Aguascalientes (75.85), 8) Veracruz (75.62), 9) Puebla (75.59) y 10) Oaxaca (75.12).
El estudio proporciona un análisis por entidad federativa, que sintetiza por qué en Aguascalientes la impunidad es muy alta. En un primer apartado se revisa la situación del estado en el contexto del sistema de impartición y procuración de justicia. Se indica que en 2014 se implementó el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y actualmente tiene un nivel medio alto de instauración.
Se indica que los cinco delitos del fuero común más recurrentes en la entidad son 1) Lesiones; 2) Robo a casa habitación; 3) Otros robos; 4) Robo a transeúnte en vía pública; y 5) Daño a la propiedad. Mientras que la cifra negra del estado es 92.01% estando un poco por debajo de la nacional, la cual es de 93.71%.
También se caracteriza la Cadena impune, es decir, el camino que siguen las denuncias hasta el momento de la sentencia y sus participantes. En Aguascalientes, de acuerdo a la información otorgada por las instancias estatales de procuración de justicia, el número de averiguaciones previas iniciadas fue de 21,646 de 2,970 delitos imputados, registrados en las causas penales en primera instancia. De las cuales sólo se determinaron 21,570. Y subraya que hubo 7,256 causas penales y sólo 3,452 de ellas fueron sentenciadas, es decir, casi la mitad quedó impune.
Entre los principales hallazgos encontrados en 34 indicadores por el IGI-MEX indican que el porcentaje de agencias del Ministerio Público especializadas en delitos graves es de 47.54% mayor a las existentes a nivel nacional (32.42%). Los indicadores permiten observar que el estado de Aguascalientes tiene demasiados Ministerios Públicos especializados en delitos graves, cuando la problemática a atender son delitos menores, por lo que el sistema es ineficiente y no se están resolviendo los delitos. Sin embargo, los agentes asignados al Ministerio Público por cada cien mil habitantes son 6.21, casi a la par respecto a la medida nacional que cuenta con 6.27. Pero los presuntos delitos registrados por cien mil habitantes en el estado son 1,681.03, lo que indica que está por arriba de la medida nacional que es de 1,266.14, de tal forma que sólo el 0.13 ha sido sentenciado.
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En la presentación del reporte La impunidad subnacional en México y sus dimensiones IGI-MEX 2018, trabajo coordinado por el Juan Antonio Le Clercq Ortega y el Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, Luis Ernesto Derbez Bautista, rector de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), indicó que “Desde la publicación en 2015 del primer Índice Global de Impunidad, la Universidad de las Américas Puebla ha señalado que la lucha contra la impunidad es el elemento clave de una estrategia para combatir la violencia y corrupción que afectan a México. El nuevo IGI-MEX 2018 no sólo confirma los resultados presentados por la versión publicada en 2016, muestra también que, al hacer caso omiso de nuestras recomendaciones, las autoridades permitieron que el nivel de impunidad estatal aumentara en -prácticamente- todo el país”.
Derbez Bautista recalcó que los partidos políticos deben asumir la responsabilidad y entender que si quieren combatir la corrupción y la violencia tienen que eliminar la impunidad; siendo ésta la única manera de mejorar los niveles de seguridad, el acceso a la justicia y la protección de derechos humanos en nuestro país. También se requiere invertir, capacitar y mejorar los puntos que se detallan en el Índice Global de Impunidad: “No es un asunto de quién gobierna, es un asunto de cómo se gobierna y se definen prioridades y de qué manera se implementan”.
Durante su participación Juan Antonio LeClercq Ortega, director del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la UDLAP, señaló que la impunidad es un fenómeno que requiere ser estudiado por sí mismo, no sólo acompañado de seguridad, justicia, violencia y corrupción porque retroalimenta y multiplica los efectos de estos problemas, aumenta el nivel de las víctimas y agudiza problemas como la corrupción e incluso la violación a los derechos humanos.
En comparación con los resultados del IGI-MEX 2016, aplicando estrictamente la misma metodología y midiendo las mismas dimensiones y variables, el IGI-MEX 2018 ofrece las siguientes conclusiones:
- El homicidio no se castiga en México. El porcentaje de encarcelados por homicidio con relación a los homicidios en averiguaciones previas bajó de 27.5% a 17.09%.
- Estados que prácticamente no tienen sistema de justicia. Debemos recordar que México tiene cuatro veces menos jueces y magistrados que el resto del mundo (3.9 frente a 16 por cada cien mil habitantes). El país se encuentra en esta situación por el déficit que presentan dichas instituciones, tanto en los estados, como en el ámbito federal. Las siguientes entidades tienen un número inferior al promedio nacional de jueces y magistrados para atender a su población: Aguascalientes (3.34), Baja California (2.73), Coahuila (2.74), Hidalgo (2.5), Estado de México (2.32), Michoacán (3.2), Nuevo León (2.56), Puebla (1.5), Sonora (3.31), Tamaulipas (3.08), Tlaxcala (2.82) y Yucatán (2.97).
- El número de jueces y magistrados por cada cien mil habitantes aumentó marginalmente de 3.5 a 3.59.
- México tiene la mitad (50.86%) de los policías preventivos estatales que debería tener como mínimo.
- Los ministerios públicos están colapsados: el número de agencias es de 3.53 por cada cien mil habitantes. Su personal disminuyó de 33.9 a 31.19, los agentes de 7.6 a 6.27 y por cada mil delitos registrados la proporción de agentes pasó de 5.31 a 4.97 (todo por cada cien mil habitantes).
- El porcentaje de reclusos sin sentencia en primera instancia pasó de 35.7% a 27.71%, producto de la implementación del sistema de justicia penal.
- La proporción entre el personal del sistema penitenciario y el número de reclusos disminuyó en un 15%, pasando de 0.2 en IGI-MEX 2016 a 0.17 en IGI-MEX 2018.
- Con 80.06 puntos el Estado de México es la entidad con el índice más alto de impunidad en el país: se registran 202,205 carpetas de investigación, la cantidad más alta en todo el país. Únicamente hay 1,209 sentenciados en primera instancia y sólo el 0.59% de las carpetas acaba en sentencia, lo que habla de la debilidad en la integración de las carpetas por parte de los ministerios públicos.
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Grupos de entidades por grado de impunidad
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Con información de la UDLAP
