El derecho a la información delimita el polo de la transparencia. Hay la obligación de publicar esa información. En el extremo opuesto está la información personal, los datos sobre la vida privada de cualquier particular, protegidos rigurosamente por el derecho a la intimidad
Fernando Escalante Gonzalbo
Estimados Amigos Invisibles, la columna pasada abordé el tema titulado “Lo Público, lo privado y lo íntimo en las campañas electorales”, (publicada en La Jornada Aguascalientes 26 de febrero), días después aparece el video del candidato de Por México al Frente, Ricardo Anaya, en donde la PGR exhibe este video en el lobby de la Procuraduría, en el cual lo invitan a dar su declaración, de ahí se han dado diversos puntos de vista, por lo general en contra, de que los medios de comunicación difundieran este video, que desató un escándalo político previo a las campañas electorales.
La ciudadanía quiere saber qué ocurre, y debe tomar su propio criterio. ¿Usted está a favor o en contra en este caso?
Veamos, nosotros como ciudadanos de a pie podemos reconocer sin problema la diferencia entre una empresa pública y una empresa privada, entre un servidor público y un empleado de una compañía privada, sabemos que hay escuelas públicas y privadas, hay hospitales, bancos, medios de comunicación públicos y privados. Pero, cuando se trata de definir estos términos -público, privado e íntimo- con alguna precisión comienzan las dificultades, con frecuencia sucede que las fronteras no sean del todo claras. Por ejemplo, lo privado no quiere decir secreto, lo público no quiere decir abierto de modo inmediato e indiscriminado, para cualquiera. De acuerdo con Fernando Escalante Gonzalbo, “nuestro sentido común dice que lo privado debe estar más o menos protegido, a salvo de cualquier intromisión, mientras que lo público debe ser visible, transparente; en la práctica, tenemos la sensación de que ocurre lo contrario: del gobierno en adelante, las instituciones públicas resultan oscuras, no podemos saber lo que sucede en ellas, mientras que nuestra vida privada está sujeta a toda clase de controles y sistemas de vigilancia”.
Es aquí donde me detengo, el Derecho a la Privacidad aparece como problema, cuando coinciden el derecho a la información, la libertad de prensa y la vida privada, terreno sumamente problemático. En el cual las soluciones son difíciles de encontrar en caso de conflicto, puede haber un arreglo de límites, pero será siempre temporal, tentativo y polémico, porque en estos temas se tiende a dar una interpretación amplia de los derechos del ciudadano: la información que se puede exigir al Estado, lo que pueden publicar y difundir lo medios de comunicación, y del espacio que las personas pueden preservar como privado.
Recordemos que la mayoría de las actividades que hoy consideramos privadas eran asuntos de interés público en cualquier sociedad hace más de doscientos años: las creencias religiosas, el orden de la vida familiar, los oficios, el derecho a la residencia, entre otros. Según Benjamín Constant lo denominaba “libertad de los modernos” (ámbito de decisión individual libre). Este tipo de libertad sólo puede darse en un espacio urbano, en condiciones de relativo anonimato.
En este sentido, el Estado moderno no puede impedir que la sociedad valore las conductas, que prefiera un tipo de familia, o que condene algunas prácticas. Fernando Escalante denomina “espacios de indiferencia”: “espacios en los que el poder público suspende el juicio, no se pronuncia ni a favor ni en contra, y permite que cada quién decida libremente, sin otro límite que los derechos de los demás”.
La libertad no significa que no haya límites, sino que los límites sean explícitos, conocidos y objetivos, de modo que se pueda actuar con seguridad dentro de ellos, esa es la relevancia que toma garantizar el derecho a la privacidad.
Es obvio que, a medida en que el papel que una persona desempeña en la sociedad adquiere mayores connotaciones públicas, la esfera de su vida privada se va reduciendo hasta llegar a un punto en donde es difícil trazar un límite preciso entre lo privado y lo público. Esta reducción es la consecuencia de una mayor permisibilidad por lo que respecta a la recolección de información por parte de terceros y a una mayor necesidad de control normativo del ejercicio del poder público.
Por último y a manera ilustrativa, le doy a conocer otro caso: en una charla con una maestra de educación básica -aquí en Aguascalientes- me decía que en su institución existe videovigilancia con sonido (si, justo como el de la PGR), el objetivo es tener evidencia de los posibles casos de “bullying” que se puedan presentar en la institución educativa, no solo entre los propios alumnos, sino entre estudiantes de primaria y secundaria en contra de maestras y maestros, lo que implica un conflicto con los padres de familia. En este caso, los estudiantes y personal académico, no son figuras públicas. La institución educativa es privada y puede poner las reglas para generar el orden, sin embargo, debe estar definido y señalado en el aviso de privacidad de la institución para que todos estén enterados de que son videovigilados, y sobre todo, en que se utilizará esa información de imágenes.
Es necesario tener presente toda la información personal que se puede obtener sin que los afectados se den cuenta. Pensemos en esta obviedad de los sistemas de vigilancia mediante cámaras de video, que pueden auxiliar a los sistemas de administración de justicia, seguridad y ahora también en la educación, pero también podrían utilizarse para otros fines.
Este tipo de temas, lo veremos constantemente entre los meses de abril a junio, es decir, cuando comiencen formalmente las campañas electorales, es una delgada línea en el que estarán involucrados todas y todos los que quieran y/o ya incursionen en cargos públicos, recordemos que la ciudadanía está ávida de que el escrutinio público se aplique a los que ocuparán un cargo, y se dé a conocer para tomar su propia versión de cada caso, entre más información tenga la ciudadana o ciudadano, generará su propio criterio de cada situación, con el objetivo de razonar su voto en la próxima jornada electoral que se avecina el primer domingo de julio.
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