- Colectivo Ciudadanía Informados y Activos realizará marcha y foros para concientizar y asesorar a la ciudadanía a fin de evitar la militarización de las calles
- Enviaron petición al gobernador para que presente una controversia inconstitucional, de ignorarla dejaría precedente que podría afectarle electoralmente
No cesarán grupos ciudadanos en la lucha para que se declare anticonstitucional la Ley de Seguridad Interior promulgada en el ámbito nacional; el colectivo Ciudadanía Informados y Activos (CIA) llevará a cabo una marcha este domingo 14 de enero en punto de las 12:00 horas partiendo de la esquina de las calles 28 de agosto y Madero, así como los foros que se realizarán los días lunes y martes en el Congreso del Estado a partir de las 9:00 horas, con el objetivo de hacer conciencia en la ciudadanía de los riesgos que se corren con la militarización y la importancia de ampararse contra esta violación a los derechos humanos.
Este viernes se entregó además un oficio con una petición formal al gobernador, Martín Orozco Sandoval, para que presente una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de la Ley de Seguridad Interior; Marcela Pomar Ojeda, activista del colectivo enfatizó que en el caso de que no se atienda a esta petición en Aguascalientes quedaría un precedente ya con la ciudadanía informada sobre los riesgos que nuestro representante político estatal lo ignoró, aún con los riesgos de que en un momento dado les afectaría electoralmente.
Jorge León León, representante del colectivo ciudadano, subrayó que en este sentido se asume un compromiso para que de manera organizada se eche abajo esta ley que de origen es inconstitucional por virtud de que el Senado no tiene las facultades para legislar en materia de seguridad pública; recalcó que lo que se pretende es legitimar las actuaciones de los militares en la vida de los ciudadanos en cuestiones de vigilancia, de control e incluso de aprehensiones.
“Lo que queremos de que la ciudadanía se encargue es de saber si van a permitir que el Ejército entre a su casa, se violente o se amaguen en las calles o intervengan las comunicaciones o cuentas tan sólo por el hecho de sospecha o amenaza, sin previo juicio ni debido proceso y guardando total secrecía”, lamentó.
El activista enfatizó que se llevan a cabo estas acciones conjuntas con obligación como ciudadanos de que tengan pleno conocimiento que el ejecutivo nacional tenía facultades de vetar dicha ley y lo que hace es avalarla con la publicación de la misma; la ley es publicada el 21 de diciembre de 2017 y tiene en términos del artículo transitorio 90 días para entrar en vigor.
Dijo que antes de que venzan los plazos, la idea es organizarse para hacer amparos de manera particular y presentarlos de manera colectiva ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, órgano institucional que habrá de resolver la constitucionalidad o no de dicha ley, al ser el único facultado para echarla abajo.
León León precisó que está también la situación de las acciones de inconstitucionalidad que determinados actores políticos y de gobierno pueden llevar a cabo, esto es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la PGR, los partidos políticos representados ante el Congreso de la Unión en materia electoral; sin embargo dijo que la CNDH ya presentó su acción de inconstitucionalidad en conjunto con el ejercicio que tienen como medio de defensa constitucional la controversia constitucional, “es para lo que están facultando a los estados y a los municipios, y es lo que estamos solicitando como ciudadanos responsables exonerando y pidiendo la situación de que no se lleve a cabo y exhortando al ejecutivo estatal que lleve a cabo sus funciones que le confiere la constitución de Aguascalientes y la constitución nacional”, explicó.
Exhortó a los municipios a que se sumen al foro organizado para los días 15 y 16 de enero, para que se lleve un análisis y discusión a fin de que esta ley no sea aprobada. Subrayó que si se han aprobado otras leyes anteriores que perjudican a la población es debido a que se ha dejado pasar, actuando de manera pasiva y no hemos hecho la labor que como ciudadanos nos corresponde y exigir lo que a los diputados compete “por la situación de que ellos reciben dádivas o situaciones que nada más favorecen a determinados grupos o sectores sociales; como esta ley afecta a toda la ciudadanía en el territorio nacional y a todas las personas que vengan de visita a nuestro país, es lo preocupante porque se van a violar derechos humanos”, condenó.
Estamos haciendo acciones en conjunto para que nuestras autoridades con falta de visión, tengan la visión que se debe de dar y ejercer a petición de la ciudadanía sus facultades que les confiere la ley y atendiendo al principio de legalidad que es que la autoridad va a hacer lo que les compete, de acuerdo a lo que establezca expresamente la ley y los ciudadanos no estamos obligados a respetar ordenamientos ilegales, ilegítimos y violatorios de derechos humanos.
