No puedo dejar al silencio otra medición de trascendental importancia, y recuperarla implica algo muy semejante a una suerte de charrería; parado sobre el fuste de la silla y el anca del caballo, de espaldas a la yegua que es arriada a todo galope, floreando y saltando la riata, para soltarla y limpiamente atrapar ambas manos de la noble bestia, hasta acostar su costillar y paleta en piso, mangana consumada. Así siento que traigo al presente, la evaluación de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes.
He aquí la mangana, perdón, la nota: “Aguascalientes forma parte de los 17 estados en los que es más probable que una persona que participe en el Zodiaco de la Lotería Nacional obtenga doble reintegro acertando a su signo y su dígito, que un delito sea esclarecido.
A continuación, se exhibe el núcleo problemático: “La probabilidad de que se resuelva un hecho delictivo en esta entidad fue de apenas 0. 68 por ciento -por abajo de la media nacional de 0.90 por ciento-, mientras que la de resultar ganador de dicho sorteo, de 0.83% o una de cada 120, de acuerdo con el Índice Estatal de Desempeño de las Procuradurías y Fiscalías. Según el estudio, elaborado por la organización Impunidad Cero, la posibilidad de que un delito sea denunciado ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y se abra una carpeta de investigación en respuesta fue de 7.3 por ciento, en tanto que la efectividad de la investigación -que se determine si hay o no delito que perseguir así como un probable responsable- fue de 9.2 por ciento, casi cinco puntos por debajo de la media nacional, 14.1 por ciento”. (Fuente: LJA. Sociedad y Justicia. Más fácil ganar en la Lotería a que se esclarezca un delito en Aguascalientes. By Hilda Hermosillo | 11/11/2017).
La respuesta del fiscal general no se hizo esperar y se produjo así: “El fiscal general de Aguascalientes, René Urrutia de la Vega, dijo desconocer la metodología que utiliza la organización Impunidad Cero para afirmar que en México es más fácil ganar la lotería a que un delito sea resuelto, y apuntó que la Fiscalía trabaja con cifras oficiales” (LJA. Sociedad y Justicia. Fiscal reconoce un alto índice de impunidad. By Claudia Rodríguez Loera | 16/11/2017). Puede verse la acreditación de esta metodología en el texto original de Impunidad Cero: http://www.impunidadcero.org/uploads/app/articulo/49/contenido/1510005056X78.pdf.
En dicha comparación de probabilidades en obtención de resultados positivos –desde dos ámbitos distintos- se denota el saldo negativo en productividad de la FGE. Es comprensible el extrañamiento del fiscal Urrutia de la Vega que acentúe la pertinencia de los indicadores inherentes a la materia de Procuración de Justicia; y en sus palabras argumenta: “porque (tal información) no es oficial y lamentó la comparación, pues no la comparte al asegurar que la fiscalía trabaja muy fuerte para que avance positivamente y haya menos índices de impunidad (Ut supra, Fiscal reconoce….). Lo que es desde luego una meta plausible.
Sin embargo, vistos los resultados inherentes a la institución, resulta inexcusable el bajo rendimiento, primero, en carpetas iniciadas debidamente y, segundo, el hecho de llevar a término su determinación final; aquí nos topamos sin duda con un dinamismo disfuncional, que es inherente al modo de tratar las denuncias iniciadas y poder conducirlas inequívocamente a una resolución expedita, justa y equitativa que reivindique en los hechos y autos procesales -centralmente- a la víctima; porque de lo contrario está abonando a la impunidad del que delinque. Este es, para mí, el nudo gordiano del trabajo de fiscalización.
El fiscal René Urrutia contra-argumenta al subrayar que “la organización desconoce que actualmente, con el nuevo Sistema de Justicia Penal, hay mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal. Con todo un esquema, de tal manera que sólo existen los casos que llegan a una sentencia y el resto es impunidad”. Esta aseveración irónica, por su tono e intención, alude a la posibilidad de que en el corte de sumas y restas se esté metiendo en un solo costal la diversidad de vías de solución de un agravio o un diferendo con que cuenta el nuevo Sistema Penal Acusatorio, mezclando indebidamente el proverbial caso de peras y manzanas.
Impunidad Cero, a su vez, aclara y define uno de sus indicadores principales: Se estima la probabilidad de esclarecimiento de los delitos (un componente fundamental del indicador de impunidad en materia penal). Y operacionalmente lo describe así: Se realiza la indexación base 100 de 7 variables para obtener un índice (cociente o promedio de las variables indexadas) estatal de desempeño de las procuradurías y fiscalías. Se hace particular énfasis en el seguimiento de la operación del sistema acusatorio, ya que una de sus premisas era la descongestión del sistema penal para focalizar la mayor parte de los recursos en la investigación y sanción de los delitos de mayor impacto. Por ello es vital dar seguimiento a estas variables y documentar las buenas prácticas que están permitiendo un mejor desempeño y el desarrollo del potencial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio (SJPA). (Cfr.: Impunidad Cero. Opus cit. Dr. Guillermo Raúl Zepeda Lecuona1. Índice Estatal de Desempeño de las Procuradurías Y Fiscalías. P.1, 2ss).
En donde, se invocan los objetivos expresos de la reforma constitucional: “El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen” (Artículo 20, apartado A, fracción primera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos). Los cuales impensablemente podemos antagonizar.
Objetivos blancos que dependen críticamente de un factor humano: “En estos objetivos de la reforma, en los mandatos constitucionales y en la expectativa social de combatir la impunidad en materia penal, el MP es uno de los actores principales, no sólo porque la investigación criminal es una piedra angular para la legitimidad del sistema penal, sino porque, además, el MP sigue siendo el eslabón intermedio entre la demanda de justicia de la sociedad y la oferta de servicios del sistema penal”.
Y me temo que, en este punto, estamos empantanados.
Pues, en la escena nacional: “La mayor cantidad de servicios del sistema requiere la intervención del MP. Para ilustrar este punto basta referir que mientras que en el 2015 se iniciaron 791 mil 826 carpetas de investigación de competencia local en el país (Censo Nacional de Procuración de Justicia [CNPJ] 2016 del Instituto Nacional de Geografía y Estadística [INEGI]), apenas se iniciaron 50 mil 37 asuntos penales del sistema acusatorio ante los juzgados de control (Censo Nacional de Impartición de Justicia [CNIJ] 2016, INEGI). Es decir, sólo el 6.3% de los asuntos ingresados a las procuradurías llegan a los jueces”.
En el ámbito local, según el estudio en comento, la FGE se posicionó cerca de las de menor eficiencia en la resolución de averiguaciones previas en el ámbito nacional, con una efectividad de 9.2 por ciento; mientras que las instituciones de Nayarit, San Luis Potosí y Chiapas, obtuvieron 76.7, 20.9 y 20.1 por ciento en la medición del porcentaje de asuntos en el que el MP cumple con su responsabilidad de determinar si hay o no delito que perseguir y un probable responsable.
Aunque sí se debe reconocer que: Aguascalientes fue el séptimo estado con menor tasa de Ministerios Públicos con apenas 7.2 por cada cien mil habitantes, a diferencia de Chihuahua y Quintana Roo que tienen 23.7 y 22.6, respectivamente. También ocupó el lugar siete entre las entidades con mayor carga de trabajo, donde cada MP atiende un promedio de 270.6 asuntos.
El estudio de Impunidad Cero ubica la FGE, junto a los de mayor saturación de asuntos ingresados por MP estatal, como Baja California (432.2 asuntos), Sonora (390.9) y Nuevo León 384.8), para situarse en el séptimo lugar de los demandados. Pero, en donde sí contrasta su baja proporción de MP en activo.
Por lo que se infiere ostensiblemente la conclusión: “La Fiscalía de Aguascalientes fue de las peor calificadas con 49.82 puntos colocándose en la posición 21 del ranking, lo que denota que el estado destinó pocos recursos a la procuración de justicia, no atendió a las personas en tiempos razonables y fue poco eficiente en el desahogo de las investigaciones. Por el contrario, la procuraduría de Chihuahua fue la de mejor desempeño con una calificación de 83.1”. (Nota: Hilda Hermosillo. Más fácil ganar… Ut supra).
A lo hecho, pecho; al final admite el fiscal René Urrutia: “La ciudadanía va a percibir una mejora en la procuración de justicia, en la seguridad pública, en la administración de justicia y en la ejecución penal; tenemos poco tiempo, estamos empezando, no es justificación, pero la sociedad también se tiene que involucrar en esto, se tienen que cambiar paradigmas e ideologías, en especial cuando consideramos que si una persona no está en la cárcel, entonces no hay justicia ni se ha hecho nada”, (Nota: Claudia Rodríguez Loera. Fiscal reconoce…, ut supra). Sí, pero cada cajonazo de carpeta es una víctima vilipendiada y un criminal impune.
Y, por si faltara el sesgo político: El presidente de las comisiones de Justicia y Seguridad Pública en el Congreso del Estado, Francisco Martínez Delgado, no sólo avala el actuar del fiscal general René Urrutia de la Vega, sino que pugnará para que continúe en su puesto por seis años más. (LJA. Política. Quiere el PAN reelegir al fiscal general. By Claudia Rodríguez Loera | 17/11/2017).
Yo no creo que se trate de la persona, aunque sí importa, sino de una reingeniería de procesos y el rediseño institucional.
