Previsiblemente, las campañas electorales de 2018 se enfocarán menos en el programa y más en las descalificaciones. Sin embargo, existen temas que deberían debatirse y analizarse con rigor como es el caso de la política urbana, que suele figurar poco en la agenda pública a pesar de que 78 por ciento de la población del país vive ya en zonas o localidades urbanas. ¿Por qué discutirla?
Primero, la urbanización tiene un papel fundamental en el crecimiento económico. Según el Banco Mundial (2016) el 87 por ciento del Valor Agregado Bruto (VAB) del país, que es el concepto que se usa para definir el valor adicional que resulta de transformar una materia prima en un producto final, se produce en las 95 ciudades con población superior a 100 mil habitantes. Por ejemplo, con una superficie de únicamente 0.3 por ciento del territorio nacional, la Zona Metropolitana del Valle de México contribuyó con un cuarto del VAB nacional en 2010. Igualmente, las ciudades con población de más de un millón de habitantes contribuyeron con 23 por ciento; mientras que las ciudades medias y pequeñas generaron el 16 y el 23 por ciento del VAB, respectivamente. El país requiere una política urbana sólida, ambiciosa e innovadora para consolidar el potencial de las ciudades para promover el crecimiento económico.
En segundo lugar, el crecimiento urbano, la oferta y la calidad de la infraestructura y los servicios, y la movilidad y la conectividad influyen directamente en la productividad. En este sentido, la ausencia de mecanismos efectivos de gobernanza metropolitana puede determinar el potencial productivo de una ciudad; según la OCDE (2015) duplicar el número de municipios en una zona urbana reduce su productividad en 6 por ciento; sin embargo, la presencia de entidades de gestión metropolitana incrementa la productividad en 3 por ciento en comparación con otras ciudades.
El tercer problema es que las ciudades mexicanas continúan albergando a gran parte de la pobreza del país. Según Coneval, en 2016, existían 53.4 millones de personas en pobreza en el país, de los cuales 36.9 millones, es decir, 70 por ciento del total, se encontraban en localidades urbanas. Además, vivían 4.4 millones de personas en pobreza extrema en localidades urbanas, en comparación con 4.9 millones en localidades rurales. En este sentido, el combate a la pobreza requiere de políticas urbanas que promuevan la movilidad social.
Cuarto, la expansión urbana excesiva incide en el desarrollo económico y el bienestar de la población, pues las dinámicas espaciales influyen en la distancia entre las personas, la vivienda y el empleo; los tiempos de traslado, la congestión y los costos de transporte; y la contaminación y la calidad del aire. Según Sedesol, entre 1980 y 2010, la población urbana de México se duplicó, mientras que la superficie de las ciudades se extendió en promedio 10 veces. En este sentido, la política de vivienda es un asunto prioritario, pues si bien el país aumentó la oferta de vivienda de interés social en aproximadamente 1 millón de unidades al año entre 2006 y 2011, estas nuevas viviendas han ocupado aproximadamente el 60 por ciento del suelo de nueva urbanización. Revertir el desarrollo de vivienda alejada de los empleos y servicios es un reto vigente. Además, según el Centro Mario Molina, el modelo de vivienda horizontal en la periferia genera 44 por ciento más dióxido de carbono que las viviendas verticales intraurbanas, debido principalmente a las emisiones de transporte.
Quinto, de acuerdo con la OCDE, en México la tasa de desocupación de la vivienda es de 14.2 por ciento, por encima de países como Irlanda, España y Portugal, con tasas de desocupación de 13.8, 13.7 y 12.5 por ciento, respectivamente. Según una encuesta a derechohabientes de Infonavit, las dos principales razones para desocupar una vivienda fueron, la falta de prestación de servicios y los largos traslados debido a la ubicación de las viviendas. Encontrar los mecanismos institucionales, legales, regulatorios y financieros para promover el desarrollo urbano de uso mixto, la revitalización y densificación de los centros urbanos, y facilitar el acceso a vivienda asequible mejor ubicada, ayudaría a lograr un desarrollo más incluyente y a mejorar la calidad de vida de la población.
Sexto, la expansión urbana desmedida puede incrementar el costo de la infraestructura y los servicios públicos; y por lo tanto, ejerce mayor presión en los recursos estatales y municipales. De acuerdo con el Banco Mundial, en 2010 los municipios de México con la menor densidad de población tenían un gasto per cápita 1.5 veces mayor en obra pública e infraestructura. Más aún, la expansión urbana perpetúa los problemas de calidad en la prestación de servicios básicos; por ejemplo, menos del 40 por ciento de las aguas residuales se tratan, y más del 30 por ciento del agua se pierde en la red de distribución.
Y finalmente el número promedio de automóviles per cápita ha aumentado significativamente en todas las ciudades mexicanas. Un mayor número de automóviles significa más congestión, más contaminación y menor productividad. Además, la población de menores ingresos puede llegar a gastar hasta 40 por ciento de sus ingresos en el transporte; y los tiempos de traslado son cada vez mayores. La ausencia de una verdadera política de movilidad afecta la calidad de vida de la población y reduce la competitividad de las ciudades.
Discutir la agenda urbana es discutir el futuro del país en su conjunto.
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