Artículo 19. “La falta de reglas claras y transparentes que establezcan los criterios con los cuales se asigna el gasto de comunicación social de las distintas instancias de gobierno -omisión atribuible al Congreso de la Unión- constituye un medio de restricción indirecta a la libertad de expresión”, indica la sentencia presentada por el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, amparo que ganó la organización Artículo 19 con cuatro votos a favor y uno en contra por acreditar que el Congreso no expidió la ley reglamentaria del párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución, que regula el gasto en materia de comunicación social; hay más: “Se desprende que dado que la Constitución le impuso al Congreso de la Unión el deber de expedir una ley que reglamente el párrafo octavo del artículo 134 constitucional en un plazo que ya ha transcurrido en exceso y esto no ha ocurrido, debe concluirse que el Poder Legislativo ha incumplido totalmente esa obligación”, los otros tres ministros que estuvieron a favor para que se obligue al Congreso a emitir la ley reglamentaria al artículo 134 antes del 30 de abril del año siguiente fueron José Ramón Cossío, Norma Lucía Piña Hernández y Jorge Mario Pardo; sobre la ausencia de este marco normativo, la sentencia indica que “permite un uso arbitrario y discrecional de la repartición de la publicidad oficial y genera censura a los medios de comunicación y periodistas críticos”, además de propiciar “que la política de gasto en comunicación social canalice los recursos fiscales hacia medios afines a las posiciones del gobierno y niegue el acceso a esos recursos -o simplemente amenace con restringirlo- a los medios de comunicación que son críticos con las políticas del gobierno”, así, esta omisión “vulnera a la libertad de expresión en su dimensión colectiva y también se traduce en una clara afectación a la dimensión individual de la libertad de expresión”, que nos parece lo más importante, pues de establecerse esa reglamentación, se transparentarán los convenios publicitarios entre los gobiernos y los medios de comunicación, ya no más pagos por debajo de la mesa o limosnas que desde las dependencias se le entregan a los comunicadores afines para difundir las filtraciones que sólo sirven para golpear a quien no está de acuerdo con los gobernantes; no se trata de que a todos se les otorgue una rebanada del presupuesto de comunicación institucional, sino de clarificar a quién y por qué se le da, así el criterio de comprar espacio y no criterio sería el que prevalezca, con base en las estadísticas de alcance y penetración; de cumplirse, como debe, montones de medios “emergentes” tendrán que considerar que independencia no tiene nada que ver con hacer fila en las dependencias de gobierno para ver cuánto les regalan por publicar los comunicados de prensa oficiosos.
Contra las filtraciones. La mañana de ayer se reunieron los representantes de la prensa con el fiscal René Urrutia de la Vega, quien expuso que los reporteros jamás han sido amenazados ni lo serán, y el mensaje que hizo llegar la fiscalía a los medios de comunicación, iba en el tenor de la información que surja a través de la misma, sea a través de los medios autorizados, ya que algunas filtraciones pueden llegan a entorpecer el trabajo de investigación que realizan. Externó que el canal de comunicación a los medios, por respeto a los mismos -dijo-, es a través dela oficina de comunicación social, o lo que diga él mismo, los vicefiscales o de alguno de sus directores como especialistas de su área, a fin de generar un principio de orden; ya que se ha generado información que trajo como consecuencia desinformación y algunos conflictos. Urrutia de la Vega puntualizó que puede haber responsabilidad en cuanto a generar información que entorpezca las investigaciones o perjuicio en el procedimiento, no es una amenaza, pues la ley lo señala a través de la presunción de inocencia o reserva de datos, por mencionar algunos. Con base en el respeto de la labor de los medios, el fiscal dijo no estar de acuerdo que en los mismos se generen líneas de investigación criminal, al considerar que esta no es parte de la labor periodística, aunque lo único que se puede pedir al respecto es sensibilidad y cuidado con la información, igualmente, dijo no estar de acuerdo con la publicación íntegra de narcomensajes o narcomantas, al darles publicidad gratis a la delincuencia, así como a las fotografías explícitas de víctimas en choques automovilísticos o a manos de algún delincuente o de suicidas, aspectos en los que reiteró, no respeta, pero en lo personal no lo aprueba.
Selfie muda. Se mordieron la lengua, o de plano se atemorizaron los panistas con la visita de Enrique Peña Nieto a la entidad, y es que muy nerviosito inició su discurso Martín Orozco Sandoval, pues sólo hubo elogios para quien no ha cumplido dos de sus tres promesas para con Aguascalientes; peor que niño que es pasado al frente por el maestro, casi se disculpó por los señalamientos que la oposición ha hecho a la política ejercida por Peña Nieto, cuando dijo que “hoy nuestro país sigue una ruta irreversible de fortalecimiento de las instituciones y las expresiones y opiniones irresponsables que la demerita sin fundamentos y sin razón, no abonan al trabajo productivo, ni al trabajo constructivo. Nuestra democracia se vigoriza de la crítica y la propuesta, la fiscalización y la demanda, pero no de la descalificación irracional y sin infundio”. Si bien le damos la razón a que no es idóneo que se tiren y no aporten a mejorar la situación del país en cualquier ámbito, deberían asumir una oposición más responsable y crítica en el ejercicio de abonar a políticas públicas a favor de quienes representan, y no darse el espaldarazo para no quedar mal con el público asistente; y todavía niegan que esta visita del presidencial fue con interés partidista y electorero. Y lo que no le perdonarán ni médicos ni pacientes a Peña Nieto, será la grandiosa idea que tuvieron de hacer en línea el procedimiento para el otorgamiento de incapacidades; de por sí ha habido un importante señalamiento, aunque en la entidad sea más el caso del magisterio, es decir beneficiarios del Issste, de que recurren a varias incapacidades falsas para ausentarse de sus labores, ahora que lo podrán hacer en línea habrá más factibilidad de ello. En el caso de los accidentados, batallan para ser atendidos por el médico, y si ahora éste se puede ahorrar la consulta y ordenar vía electrónica su incapacidad, qué preocupación de revisar a más gente, cuando pueden dedicarse a otra cosa, como a echar chisme, organizar la tanda, la venta de catálogo, entre otras actividades que casi ni se da entre el personal de los nosocomios del servicio público.
Una caridad… A pesar de que hace justo una semana, el magistrado presidente del Tribunal Electoral para el Estado de Aguascalientes, Salvador Hernández Gallegos, prometió una resolución pronta a la demanda interpuesta por seis diputados de la LXIII Legislatura que aspiran a su relección y que no quieren ser obligados a dejar sus curules durante las campañas, hasta el momento no hay novedades. Esto luego de que la semana pasada, la Sala Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declaró improcedentes los juicios de protección político-electorales, debido a que no agotaron los medios locales de impugnación. Los recursos fueron reencauzados a la Sala Administrativa, unos días antes de la instalación del TEEA, que terminó por atraer los asuntos. Mientras tanto, aún no hay fecha para que la Sala Superior se pronuncie respecto a su impugnado presupuesto.
Satisfecho. Según el presidente de la Comisión de Seguridad Pública en el Cabildo de la Capital, Alejandro Monreal Dávila, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Aguascalientes, encabezada por el ombudsman Jesús Eduardo Martín Jáuregui, no ha hecho llegar a la administración de María Teresa Jiménez Esquivel ninguna recomendación por varios de los temas que causaron controversia este año como los estudiantes de la Normal de Tiripetío, los torturados de El Soyatal y el escándalo de la Zona de Tolerancia toda vez que no hubo necesidad porque la misiva del ombudsman iría en el sentido de pedir la renuncia de los mandos medios y el anterior secretario de Seguridad Pública, José Héctor Benítez López, hecho que ya ocurrió… vaya, ahora resulta que las peticiones se cumplen antes de hacerse.
La del estribo. El dirigente en Aguascalientes de Coparmex, Francisco Ruiz López, tiene toda la razón al señalar que quienes filtran información desde las oficinas de gobierno están utilizando a los medios de comunicación para desinformar, una práctica que no se veía desde con los gobiernos del PRI en los años sesenta, y que si está siendo atacado es porque les ofendió que Francisco Ruiz se refiriera a Martha Márquez como la “secretaria carnala” y como señaló el empresario: “me parece sumamente ofensivo que estén queriendo amedrentar a la sociedad civil, al atacar al único organismo que está señalando lo que están haciendo mal, lo que sí no es cuestionable y no puede haber una persona en Aguascalientes que diga no es cierto es que nunca vamos a ver a la secretaria de Fiscalización y Rendición de Cuentas exigiéndole algo al gobernador porque son amigos, y eso se llama conflicto de intereses”. Tiene toda la razón el de Coparmex.
@PurisimaGrilla
