Las mujeres han alcanzado un mayor grado de movilidad social gracias a que han accedido a la educación y logrado competir en el mundo laboral de una manera más equitativa, muy a pesar de algunos obstáculos como el cuestionamiento de su capacidad para responder en las organizaciones ante las labores de crianza de los hijos y hasta por el ciclo menstrual. Sin embargo, aún se encuentra en la controversia la discusión pública del derecho a decidir sobre su cuerpo, lo cual representa una contradicción y un agravio al derecho de voluntad que puede identificarse, más allá de discusiones morales, a través de evidencia científica que exclama que las mujeres han decidido tomar las riendas de su vida, y si ellas lo han hecho, ¿por qué no permitirles ejercer su propia autoridad con seguridad y salubridad?
Según el estudio Aborto inducido: incidencia y tendencias mundiales, de investigadoras del Instituto Guttmacher en Estados Unidos, la mitad de los casos en el ámbito mundial en 2008 correspondían a abortos inseguros, el 98 por ciento de ellos realizados en países de América Latina y el Caribe, donde se estimaron 31 abortos inseguros por cada mil mujeres y tan sólo 2 en condiciones adecuadas. Es decir, la interrupción legal, segura y salubre del embarazo aún es una cuestión de clase y, contrario a la creencia de que el acceso libre dispara su práctica, éste es más elevado en zonas donde es ilegal.
El aborto al margen de la clandestinidad no es un acto por cuestiones de moralidad, sino una realidad de las mujeres que buscan ejercer plenamente su autonomía, quienes por diferentes motivos incuestionables buscan la interrupción del embarazo en un entorno hostil; ante lo cual, la opción es trasladarse a sitios donde no sean enjuiciadas, y para ello requieren disponer de dinero y tiempo: ¿cuántas lo pueden hacer? Y esto no sólo ocurre en aquellos lugares a los cuales nos transporta nuestra mente al hacer mención de la palabra: países en desarrollo, pues incluso en Aguascalientes podemos observar esta necesidad de reconocer el derecho al propio cuerpo.
Fátima Juárez, investigadora de El Colegio de México, recurrió al Método de Estimación de Aborto por Complicaciones, que ha sido reconocido por la OMS, para estimar el aborto inducido en México y describe que en 2009 se llegó a 38 casos por cada mil mujeres, 10 puntos más que la tasa mundial presentada en 2008 y con un aumento sostenido desde 1990, aunado a una decreciente tasa global de fecundidad que pasó de 3.4 a 2.1 hijos. Es decir, las mexicanas han logrado acceder a mayores opciones de desarrollo personal y profesional que buscan mantener en equilibrio. Si bien, la discusión podría orientarse a la planificación, se expresa una demanda insatisfecha de anticonceptivos y servicios de atención a la salud reproductiva y sexual, lo cual explica el estancamiento en la tasa del uso de métodos anticonceptivos que sólo creció de 67.2 a 68.3 entre el 2009 y el 2014, mientras que la fecundidad ha seguido decreciendo del 2010 al 2016.
De acuerdo a la tasa de atención por aborto y la tasa global de aborto por entidad federativa en 2009, Aguascalientes ocupó la séptima posición, incluso superando a las registradas por la Ciudad de México a dos años de que fue aprobada la despenalización. Es decir, las mujeres han decidido asumir el control de su cuerpo y se plasma en las estadísticas. Sin embargo, no existe una correspondencia con el uso de métodos anticonceptivos, lo cual plantea el escenario de que la interrupción del embarazo inducido es resultado de una política frágil y débil de acceso a servicios de salud sexual, presentándose en la clandestinidad y, por lo tanto, en contextos inseguros e insalubres que ponen en peligro la vida de las mujeres, aún más de las adolescentes menores a los 20 años de edad, grupo poblacional que se mantiene entre el 18 y 19 por ciento de los nacimientos en México desde el 2008 a la fecha.
Dichos indicadores se presentan en las regiones con más altos niveles de desarrollo, lo cual habla de que las mujeres se encuentran con mayores posibilidades de crecimiento profesional al encontrarse en sitios donde más de la mitad de las mujeres cuentan con 10 o más años de escolaridad y el 67% de la población económicamente activa supera la línea de pobreza. Es así que mantener la criminalización de la interrupción del embarazo no representa una medida que procura la calidad de vida, sino la negación a una necesidad, a una exigencia y determinada actuación de ejercer el poder sobre el cuerpo mismo que, también, por las implicaciones de los procesos médicos, requiere de una mayor atención abierta y sensible para informar, promover y suministrar métodos anticonceptivos.
El pensamiento mágico, el poder confesional e imaginarios culturales construidos a lo largo de la historia siguen predominando, por lo que es necesario asegurar en las instituciones la actuación en favor de la sociedad mediante la evidencia empírica y el pensamiento científico, por lo que, aunque la reciente discusión de la objeción de conciencia en la Ley General de Salud cuenta con su fundamento, también debe exigirse y asegurarse que esto no será un recurso para impedir el acceso democrático a la salud, que no se recurra a la burocracia para que retardar servicios para argumentar caducidad de efecto. ¿Será que al percibir una aparente imposibilidad de desarrollo preferimos cercenar las oportunidades de otros en vez de reconocer nuestras realidades, posibilidades y construir de manera colectiva un mejor entorno? Si el derecho o la libertad termina donde inicia la del otro, ¿el cuerpo ajeno no es una clara marca fronteriza?
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