El fenómeno ambiental denominado “cambio climático”, se refiere a la aparición global de temperaturas extremas, alteración de eventos climatológicos, adelanto de las épocas de calor y de frío, pérdida de bosques y selvas, desaparición de glaciares, o aparición de enfermedades desconocidas y huracanes devastadores (Luisiana 2006; Texas, Cuba o Puerto Rico en 2017) y tal vez terremotos cada vez más frecuentes, como los de México en septiembre de 2017. Todos o muchos de ellos, fenómenos asociados al cambio climático acelerado de los pasados 50-100 años, con un claro origen antropogénico, es decir, causados por las actividades extractivas humanas.
Por ejemplo, ya pasaron casi 40 años desde la publicación del informe “Los límites del crecimiento” (The limits of grow, Meadows D., Meadows D, Randers, J., Behrens, W.,1972) del Club de Roma a raíz de la llamada “primera crisis del petróleo”, y apenas muy recientemente las denominadas “élites” mundiales reconocieron que de no acometer una transformación de la producción y consumo de nuestros patrones energéticos, enfrentaremos con toda certeza una gravísima desestabilización global de los ecosistemas y ciclos que sustentan la vida actual (nuestra vida) con graves consecuencias sobre los diversos territorios, poblaciones y la consiguiente multiplicación de las oleadas y los flujos migratorios mundiales.
Y es evidente que aunque sigue habiendo fuertes resistencias a aceptarlo, vivimos tiempos de emergencia, donde habría que asumir transformaciones profundas para evitar atravesar la línea roja del incremento de temperatura superior a 2ºC a finales de este siglo, lo que exige atender el binomio energía-clima para eliminar o al menos reducir los insostenibles consumos energéticos actuales, abandonar definitivamente los combustibles fósiles e implantar sistemas renovables y mitigar drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) antes de 2050.
Actualmente, entre el 75% y el 80% de las emisiones de GEI proceden de la quema de combustibles fósiles y por eso hablar de energía y clima obliga a considerar las dos caras de la misma moneda: la insostenibilidad de las lógicas de un desarrollo socioeconómico basado en combustibles escasos y caros que además tienen negativos y claros impactos ecológicos y climáticos.
En el campo energético, las contradicciones son especialmente relevantes: fuerte dependencia de combustibles fósiles (75-85% del total) vulnerabilidad y costo del suministro exterior de energía o significativa extensión de la “pobreza energética”. Todo ello con importantes distorsiones inducidas por los intereses de los monopolios y oligopolios energéticos.
A su vez, los impactos del cambio climático serán cada vez más importantes, donde más del 45% de los principales ecosistemas (en términos de servicios ambientales) se encuentran en mal estado y un 80% de los territorios del mundo afronta distintos niveles de riesgo de desertización a finales de siglo, agudizando los problemas de ciudades altamente dependientes del automóvil, como sin duda es el caso de Aguascalientes, fuertemente contaminadas y cementadas, donde los golpes de calor y la inadecuación energética de la mayoría de sus edificios entrañan graves riesgos para la salud de sus habitantes. Entonces, la transición energética, en tiempos en los que la energía no será abundante ni barata y el cambio climático acelerado seguirá avanzando con fuerza, habrá de discurrir por un camino estrecho: producir los bienes y servicios necesarios para la población y abordar la transición de las infraestructuras energéticas sin desbordar los límites establecidos en el marco internacional post-Acuerdos de París, en términos de consumo de energía y de emisión de GEI. Existen razones físicas, de recursos y técnicas, que establecen límites a la mera sustitución de los combustibles fósiles por energías renovables para alcanzar escenarios que permitan reducir la huella de carbono en la dimensión y en los tiempos requeridos, lo que exige reconocer una serie de prioridades, tales como por ejemplo, limitar el despilfarro y los consumos superfluos, estimulando una cultura social de la sobriedad y la suficiencia, implementar medidas de ecoeficiencia pasiva y de gestión inteligente de la demanda; utilizar medidas de ecoeficiencia activa (sistemas renovables y equipos eficientes) y concretar planes de presupuestos y huellas de carbono en actividades, territorios y ciudades.
Afrontar los desafíos expuestos hasta aquí, requeriría movilizar al conjunto social del país para conseguir la colaboración de todas las instituciones y la sociedad civil. Es fundamental que las políticas energéticas y climáticas se aborden también desde una perspectiva local por un lado y global por otro, pues efectivamente, la problemática energética y climática es global y resulta imprescindible que se impulsen las necesarias alianzas y acuerdos a nivel internacional para alcanzar los compromisos sin los cuales será muy difícil que pueda incidir sobre los actuales procesos globales de desestabilización eco-social. El ahora o nunca del que se habla en estas líneas, pide un consenso social basado en una ciudadanía informada, activa y dispuesta a impulsar y corresponsabilizarse de las transformaciones a abordar y también una acción ciudadana que rechace el comportamiento irresponsable de las grandes empresas del sector protegidas por las llamadas “élites políticas”. No es exagerado decir que está en juego la vida de las de las generaciones futuras.
Post scriptum: Sobre la crisis política española y también de otros lares, se puede decir a priori que con un evidente lenguaje rancio que nos retrotrae a oscuros tiempos que parecían idos, unas autoridades cada vez más deslegitimadas por su actuación cotidiana hablan engoladamente del “Estado de derecho” que debe aplicarse siempre y en todo caso, o como decían los romanos: “dura lex, sed lex”. Y los opinadores de inclinaciones más autoritarias acompañados de tóxicos medios afines y un empresariado sin nacionalidad pero con intereses, aplauden entusiastas ante el giro autoritario de los acontecimientos. Olvidan estos responsables políticos y sus corifeos que un Estado y un régimen político puede y debe ser algo más que un “Estado de derecho”. Es más: según la constitución de 1978, España es un “Estado social y democrático de derecho”. Es decir que según la doctrina más avanzada un “Estado social y democrático de derecho”, deberá asumirse como un Estado constitucional donde debe regir el “Estado de los derechos”, es decir, donde el derecho y la ley estén invariablemente al servicio de los derechos fundamentales de las personas, señaladamente el derecho fundamental a la libertad. Esto en la práctica jurídica implica algo simple pero olvidadizo por los obcecados defensores de “las razones de Estado”, “el orden público” y la “legalidad”: el derecho penal, es decir, la punición individualizada o la prisión preventiva a los ciudadanos por sus filiaciones y actividades políticas, debería ser el último recurso del Estado democrático y social de derecho ante una crisis política y no el primero. Entonces, defender el Estado de derecho considerado en términos garantistas y democráticos implica allá pero también acá, que ante el más mínimo atisbo de duda se debe inclinar la balanza a favor de las garantías de libertad. Socavar el Estado de derecho significa en los hechos que presenciamos por estos días, legitimar sus desviaciones autoritarias e incluso aplaudir como natural una cada vez más frecuente instrumentación política del derecho y la justicia.
@efpasillas
