Como lo mencioné en la entrega anterior, la manera de hacer política y hacer administración pública debe ser de frente a los ciudadanos.
En este sentido, la propuesta de Pedro Kumamoto aprobada en el Congreso del Estado de Jalisco y validada constitucionalmente por la Corte mexicana, es un esfuerzo que pretende sacar del estancamiento (y zona de confort) a los partidos políticos.
A grandes rasgos al igual que la presentada por la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso de Jalisco en 2014 el objetivo es dotar de recursos públicos a los partidos políticos con base en la votación obtenida en la elección inmediata anterior al año fiscal que se vaya a presupuestar; a diferencia de como se hace actualmente que lo que se toma en cuenta es el padrón electoral.
A pesar de las opiniones de que es un error dejar de financiar a los partidos como ahora se hace, es bajo el argumento de que si de por sí la participación electoral es baja, con esto disminuiría aún más. Creo que todo está en cómo se estructure. Me explico.
Actualmente, la forma en repartir el monto total de los recursos destinados a los partidos políticos es, de acuerdo al número de personas que se integran el padrón electoral se calcula el monto total a repartir, de ese 100 por ciento, el 30 por ciento se reparte de manera igualitaria entre el número de partidos con registro, mientras que el 70 por ciento restante se hace de acuerdo al porcentaje de la votación que obtuvieron en la elección de diputados.
De manera general, la propuesta de Kumamoto lo que pondera para la entrega de los recursos es que el monto total se define con base en la lista nominal electoral lo que de entrada ya es una disminución a lo que se suma el monto monetario correspondiente a la votación válida que obtengan los partidos y a partir de la lista nominal electoral
Hacerlo de acuerdo a esta propuesta es posible incentivar a los partidos a que se preocupen no sólo por convencer al electorado, sino por designar a candidatos competitivos, realizar buen desempeño de los cargos que a su vez permitiría a diputados y alcaldes a concretar la reelección, abonaría a la creación de cuadros, a la creación de ciudadanía e ideología política; obligaría a los políticos a la transparencia y a rendición de cuentas y al actuar ético y moral.
En Aguascalientes, al día de hoy, existen tres propuestas, dos de ellas entradas ya al Congreso del Estado presentadas por el grupo parlamentario de Acción Nacional y otra cuyo contenido es muy parecido a la de Kumamoto y fue entregada por algunas organizaciones de la sociedad civil a través de la diputada Elsa Amabel Landín. Una tercera que un grupo conocido como Politik Millennial pretende que su iniciativa entre por medio los medios de legales de participación ciudadana en la figura de la iniciativa popular, para lo que es necesario presentar la iniciativa acompañada de las firmas del uno por ciento de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral del estado. Sin embargo, según la propia ley no es posible reformar por esta figura el Código Estatal Electoral. Éste ejercicio de recolectar firmas que se pretende realizar el domingo 24 de septiembre resultará ocioso y lo único que provocará será acrecentar el desánimo y la apatía de ciudadanos que de manera interesada por la cosa pública participen en él.
Otro riesgo que puede existir de no seguir el ejemplo de Jalisco es que se reforme para fortalecer el bipartidismo, podría darse el hecho de que la reforma pretenda que el total del monto a repartir se distribuya únicamente entre el porcentaje de votación obtenida, lo haría más poderosos económicamente hablando, a los partidos que cuenten con las mayores estructuras de electores cautivos.
Ojalá los legisladores de Aguascalientes olviden los interés individuales, de grupo y de partidos y empiecen a legislar en favor de los ciudadanos, al tiempo…
