- La creación del Sistema Nacional Anticorrupción y de su homólogo en el estado no es garantía de su erradicación
- Se requiere voluntad política para acabar con el problema
El vocero del Comité Ciudadano Anticorrupción (CCA) Juan Carlos Soledad Pérez, advirtió que la corrupción no desaparecerá por decreto.
Durante la firma de un convenio entre el gobierno estatal y la Secretaría de la Función Pública (SFP) refirió que así como “una sola persona, por buena y capaz que sea, no es suficiente para combatir la corrupción, una sola institución tampoco lo es para combatir un problema estructural”.
La puesta en marcha del Sistema Nacional Anticorrupción y su órgano homólogo en el estado representan avances en el ataque a esta problemática, sin embargo, tampoco son sinónimo de garantía, dijo el empresario: “Se necesita un sistema articulado enfocado a la corrección de las debilidades institucionales actuales y (…) se requiere voluntad política para dotarlo y una ciudadanía organizada que acompaña su implementación”.
El portavoz del CCA -organismo integrado por doce organizaciones empresariales, profesionales y educativas- apuntó que el problema de México no solamente de corrupción sino también de impunidad, pues “vender y comprar privilegios personales usando el poder público es corrupción, pero hacerlo sin consecuencias es impunidad”, por lo que refrendó el compromiso del comité para permanecer atento a la fiscalización de los recursos públicos, así como en la promoción de medidas que sancionen este tipo de prácticas.
“No basta con que señalemos problemas e identifiquemos deficiencias. Como sociedad nos toca denunciar y exigir, pero también proponer y construir. Sociedad y gobierno no deben ser considerados antagónicos en lo que en realidad son frentes comunes en la construcción de una obra de mayor trascendencia para beneficio de todas las personas”, dijo durante el evento.
Soledad Pérez comentó que en 2016, cerca del 44 por ciento de las empresas mexicanas admitieron haber pagado sobornos a funcionarios públicos para poder operar. Aunque en la actualidad aún no existe una metodología precisa para cuantificar el costo de la corrupción en el país instituciones, como el Banco Mundial y la organización de Estados Americanos estiman que equivale a entre nueve y diez por ciento del producto interno bruto, lo que se traduce en 2.1 millones de pesos, “A pesar de los esfuerzos realizados por sociedad civil y gobierno, la percepción sobre este mal no ha mejorado y de acuerdo al Índice de Percepción de la Corrupción elaborado por Transparencia Internacional, México pasó el año pasado del lugar 95 al 123, de 173 países considerados en el estudio”.
El 10 de agosto de 2016 se constituyó el Comité Ciudadano Anticorrupción, con el objetivo de impulsar de manera directa la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción del estado de Aguascalientes. Sin embargo, su participación no se encuentra contemplada en las leyes locales.
El documento signado ayer con la SFP tiene por objetivo incorporar a la organización en las tareas de fiscalización efectuadas por la Contraloría del Estado.