Hace casi 200 años, en los momentos más álgidos de lucha por la emancipación de España, el cura Morelos promulgó sus Sentimientos de la Nación (1813). Este documento plasmó por primera vez principios jurídicos, sociales y políticos fundamentales para establecer un orden en la nación que surgía, partiendo de prerrogativas básicas del ser humano y la sociedad. En su artículo 5° decía: “La Soberanía dimana inmediatamente del Pueblo, que sólo quiere depositarla en sus representantes dividiendo los poderes de ella en Legislativo, Ejecutivo y Judiciario, eligiendo las Provincias sus vocales y éstos a los demás, que deben ser sujetos sabios y de probidad”. Y el 12° continuaba: “Que como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso deben ser tales que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia, y de tal suerte se aumente el jornal del pobre, que mejores sus costumbres, aleje la ignorancia, la rapiña y el hurto”. Este documento fue clave para la elaboración de la Constitución de Apatzingán (1814), que fue considerada como la primera constitución del México independiente.
Del análisis de los textos citados se deriva fácilmente la comprensión de que como representantes del pueblo y depositarios de la soberanía que dimana de éste, los miembros del poder legislativo tienen por obligación y compromiso dictar “buenas” leyes que “moderen la opulencia y la indigencia” y se enfoquen, sobre todo, en el beneficio de los grupos desprotegidos y marginados, procurando dignas condiciones laborales y económicas que son la base del sustento de todo individuo y familia.
Hoy, sin embargo, tras la aprobación en la Cámara de Diputados de la reforma preferente enviada por Calderón a la Ley Federal del Trabajo, observamos cómo han desvirtuado y tergiversado la búsqueda del bien común estos supuestos representantes populares. El presidente saliente, el electo y los diputados del PRI y del PAN demostraron a quiénes realmente deben fidelidad y obediencia, quiénes controlan los hilos de esta maraña nacional. Los dueños del dinero, los grandes oligopolios que manejan a su antojo los destinos de la nación necesitaban una reforma legal que legitimara las prácticas abusivas y antisociales que ya venían desarrollando desde hace tiempo en contra de los derechos de los trabajadores. Asimismo, los congresistas mantuvieron incólumes las facilidades, derechos y beneficios de los bien apalancados corruptos líderes sindicales.
Ahora sí, dicen los patrones y sus aliados en el gobierno, mejorarán los niveles de productividad y competitividad del país, aumentarán en 400 mil los empleos (aunque sean de una o dos horas diarias), “miles y miles de mujeres y jóvenes tendrán trabajo” (tan sólo por temporada), se agilizarán los trámites laborales para promover la inversión (serán mucho más fáciles los despidos); incluso, es muy posible que con esta nueva estrategia de “flexibilidad” laboral logremos desplazar la competencia china de Estados Unidos, ofreciendo productos más baratos gracias a que en México la mano de obra costará menos (y los empleados no tendrán ni cómo agremiarse, pues bajo la figura del outsourcing ni sindicato tendrán).
Reporta el Banco Mundial que México es de los países que ofrece los peores salarios mínimos de muchos países de América Latina ubicándose en el lugar 55 de 152. Eso, al día de hoy, habrá que ver cómo estaremos en un año. En oposición al bienestar social, las cúpulas políticas y económicas han dictado estas medidas represoras de los derechos de los individuos sólo para el beneficio de unos cuantos. En su “patriotismo” estos hombres “sabios y de probidad” lograrán no mayores ni mejores empleos, sino pérdida de derechos de los trabajadores, tanto individuales como colectivos, y mayor pobreza y desigualdad social. Según el Observatorio del Salario de la Universidad Iberoamericana Puebla: “ Las condiciones laborales estarán de facto, dirigidas por una dictadura empresarial sin mediación institucional del gobierno; el salario, como uno de los derechos constitucionales del trabajador, no tendrá posibilidades de negociación colectiva; la creación de nuevos empleos se realizará en condiciones de precariedad y competencia con países que ofrecen mano de obra barata para atraer inversiones de industrias con bajo nivel de desarrollo tecnológico; se profundizarán las trampas de pobreza: bajos salarios – mayor pobreza; México se ubicará en el contexto internacional como país subordinado con bajo crecimiento y nulo desarrollo tecnológico; se desincentivará la educación crítica, científica y que posibilite desarrollo de tecnología”, y se alentará la educación servil que ofrezca altos niveles de “productividad” a las empresas.
Pero quién con salarios de cerca de 80 mil pesos mensuales, con apoyos económicos por “asistencia legislativa y ciudadana” hasta por más de 75 mil, seguros de gastos médicos mayores hasta por mil 500 salarios mínimos mensuales, gratificaciones de fin de año de cerca de 100 mil pesos, fondos de ahorro, primas vacacionales, gastos de representación, etcétera, puede preocuparse por esas minucias. Éstos son los siervos de nuestra nación.
