- Aguascalientes es ahora parte de los estados donde se practica la tortura
- Luego de la obtención de datos duros tras las investigaciones, se llamará a comparecer a mandos policiacos municipales
En dos semanas, luego de la comparecencia de mandos policiacos municipales, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Aguascalientes (Cedha) estará en condiciones de emitir una recomendación a la alcaldesa Teresa Jiménez y de presentar las denuncias correspondientes de privación ilegal de la libertad y tortura, informó el ombudsman Jesús Eduardo Martín Jáuregui.
Después de las investigaciones realizadas por relatores de la representación de la ONU, de la propia Cedha y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la policía de Aguascalientes es sospechosa de ejercer acciones de tortura y de tratar de desaparecer estudiantes como sucedió en Ayotzinapa.
Luego del encuentro de Martín Jáuregui con la representación en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Jan Jarab y con Alan García Campos, director de la Unidad Jurídica y de análisis y el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, surgieron los fundamentos para emitir recomendaciones a la alcaldesa de Aguascalientes María Teresa Jiménez, así como para interponer las denuncias penales mencionadas.
El ombudsman explicó que con Alan García se analizó que tanto en el evento con los normalistas de Tiripetío, Michoacán, del 9 de junio como en el posterior.
Jan Jarab -dijo – señaló una preocupación de que el evento de los normalistas pudiera configurarse como “desaparición forzada”, debido a que mandos medios de la corporación municipal negaron tener detenidos a los jóvenes, a pesar de existir constancias gráficas de los medios de comunicación de que fueron detenidos y trasladados a la Fiscalía y al C4.
Recordó que desde el 1 de junio, la Cedha había iniciado una queja de oficio, además de un recurso extraordinario de exhibición de personas y en función del mismo se solicitó que se informara si había algún detenido, y por escrito les señalaron que no. “Esto configura una falta muy grave, que es la desaparición forzada de personas, delito del que solamente una autoridad puede ser responsable”.
Otra situación que preocupa a la representación de la ONU, es la semejanza que tuvo el actuar del viernes 9 de junio con los hechos en Ayotzinapa, aunque en Aguascalientes se tomó la determinación de dejar a los estudiantes en libertad, poco después de las 18:00 horas.
Luego de los sucesos del 3 de julio, cuando aparecieron siete personas desnudas en Calvillo y posteriormente el 5 de julio, elementos policiacos retiraron del C4 a nueve presuntos delincuentes, quienes luego aparecieron con claras evidencias de tortura, dentro del informe que rinde el relator de la ONU Juan Méndez, señala que la tortura en México es generalizada en todos los niveles, aunque Aguascalientes no estaba configurado dentro de este delito, “pero ya lo tenemos”, dijo.
El ombudsman observó que a pesar de que el relator no puede participar en la investigación en forma directa, sí es posible usar el material recabado por ellos. “Nos autorizó para eso, así como para que nos acompañe alguna persona de la representación de la ONU al momento de formular la recomendación”.
Detalló que los indicios con los que al momento cuenta la Comisión, señalan que hay responsabilidad por parte de la Policía municipal, pues en materia de tortura y de desapariciones forzadas, la carga de la prueba corresponde a la autoridad, por el motivo de que en derecho quien afirma está obligado a probar.
Jesús Eduardo subrayó que será la propia Cedha la que presente la denuncia penal de manera formal ante las autoridades por desaparición forzada y tortura, la que se sumará a la ya realizada por el abogado de los normalistas, a pesar de que la Fiscalía no ha concluido aún con sus investigaciones.
Expuso que todos los casos mencionados tienen en común que las detenciones fueron realizadas por policías preventivos de Aguascalientes.
El siguiente paso, luego de contar con los datos duros, según manifestó el ombudsman, es citar a los jefes y el primero en llamar a comparecer de forma personal será el secretario de Seguridad Pública Municipal, capitán Héctor Benítez, independiente de si continúe o no en el cargo, ya que la responsabilidad continúa.
Será necesaria la presencia Elías Manzúr, director operativo de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina, de quien preocupa especialmente que sus informes no coinciden con los proporcionados por otros jefes, concretamente con el que dio públicamente el capitán Benítez. También se convocará a comparecer a Alfonso Ruvalcaba, responsable de Prevención del Delito de la misma corporación, quien por su función participa en la toma de decisiones; así como a Pablo Gómez Delgado, director del Estado Mayor.
“Una vez que tengamos sus declaraciones, tendremos completada la investigación, entonces estaremos en condiciones de que en compañía de personal de la representación del alto comisionado de la ONU, presentar la recomendación (…) calculamos que en dos semanas (…) los elementos que al momento tenemos es que en mandos medios tenemos un problema grave”, externó que las recomendaciones no significan la intención de menguar el prestigio de una entidad pública, “no decimos que una corporación está mal, sino que hay elementos que no están trabajando adecuadamente al interior. No estamos condenando a un ayuntamiento, ni a un Cabildo (…) nuestro papel es señalar cuando se han apartado de la legalidad para que se toman las medidas necesarias”.
Externó que la denuncia no se realizará a una persona en particular, ya que será “de hechos” acompañados con los elementos de prueba, con los que cuenta la Cedha y la recomendación, por la gravedad que reviste, será dirigida a la presidenta municipal, María Teresa Jiménez, y tiene que ver con muchas situaciones que no están operando adecuadamente.
La presunción en materia de tortura se agrava ante elementos inoperantes como, por ejemplo, el funcionamiento inadecuado de cámaras de videovigilancia, pues es posible acreditar que pusieron en libertad a los presuntos delincuentes íntegros.
En cuanto a las sanciones, subrayó que ello le corresponde a la autoridad inmediata superior emitirlas, por lo que en caso de la comisión del delito será a la Fiscalía el ente que deberá aplicarlas.
