- El objetivo es que los estudiantes apliquen los conocimientos adquiridos durante el tiempo en que han cursado la licenciatura
- De manera libre deben identificar un problema público de México y desarrollar un policy paper a partir del mismo, en donde se analice y se propongan alternativas de solución
Para mejorar las condiciones actuales del país, las nuevas generaciones también participan con propuestas, es el caso de los estudiantes del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) Región Centro, quienes aplicaron sus conocimientos para proponer políticas públicas que ayuden a resolver los problemas y a construir un estado de bienestar social, esto, en el Primer Concurso de Policy Papers CIDE Región Centro.
Bárbara Astrid Zárate Tenorio, profesora investigadora de la División de Estudios Internacionales del CIDE, explicó que ella imparte la materia denominada temas selectos de políticas públicas, misma que se enfoca en el análisis de programas para el desarrollo del estado de bienestar social desde una perspectiva teórica y metodológica: “Es un curso muy enfocado en torno a temas de desigualdad, pobreza y bienestar social, donde se hace una revisión importante de las principales teorías relacionadas con el surgimiento y desarrollo de los estados de bienestar europeos y cómo se han adaptado para explicar la política social en otros contextos. Además, el curso tiene un componente práctico y metodológico importante, ya que analizamos datos relevantes y, en ocasiones, replicamos los resultados de estudios existentes. Los estudiantes expresaron su interés por realizar un proyecto práctico, donde pudieran poner su conocimiento analizando algún problema público de México”.
Así surgió la idea de que los alumnos escribieran un policy paper como proyecto final y convertirlo en un concurso interno para estimular su participación. Se planteó esta propuesta a Jaime Sainz Santamaría, director del CIDE Región Centro, a quien le pareció una buena idea, por lo que acordaron institucionalizarlo para que en los años subsecuentes se siga llevando a cabo como un sello de este centro de investigación, al que se convocará a todos los estudiantes próximos a egresar: “Este año lo hicimos en el marco del curso que yo estaba impartiendo, pero la idea es que el año que entra y sucesivamente, sea una convocatoria abierta dentro del CIDE Región Centro. Quizás va a estar restringida a alumnos que ya tomaron ciertos cursos y están más cercanos a egresar de la licenciatura”.
El objetivo es que los estudiantes apliquen los conocimientos adquiridos durante el tiempo en que han cursado la licenciatura, para ello, de manera libre deben identificar un problema público de México y desarrollar un policy paper a partir del mismo, en donde se analice y se propongan alternativas de solución. En la primera edición del concurso participó 40 por ciento de los estudiantes, con trabajos relacionados con temas como la pobreza, la esterilización forzada, inseguridad alimentaria, uso de drogas, entre otros.
“Esta vez, el comité evaluador estuvo integrado por dos miembros internos del CIDE, que fueron los profesores Jaime Sainz y Mauricio Rivera Celestino, también invité a dos profesores externos: la profesora Melina Altamirano, del Colmex, y el profesor Rodrigo Salazar Elena, de la Flacso, a quienes se les mandaron los trabajos sin el nombre de los autores. Después de un par de semanas respondieron a mi correo diciéndome quién resultaba para ellos el ganador”, mencionó.
Hubo un empate para el primer lugar entre José Manuel Cardona Arias y Hugo Salas Rodríguez; además, los miembros del comité hicieron menciones muy positivas sobre la calidad de los trabajos que evaluaron.
Inseguridad alimentaria severa en México
José Manuel Cardona Arias, estudiante de la licenciatura en políticas públicas, seleccionó el tema de inseguridad alimentaria severa en México, porque hay mucha información que se ha capturado al respecto pero no se ha utilizado lo suficiente. Para el caso del trabajo que presentó, utilizó los datos de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH), estudio que se levanta cada cuatro años en todo México.
“La seguridad alimentaria tiene cuatro pilares: el de disponibilidad, de acceso, de utilización y que sea constante en el tiempo. Lo que detecté es que las políticas públicas alimentarias en México se basan fundamentalmente en el segundo pilar: de acceso, entonces estas políticas públicas como Prospera y el Programa de Apoyo Alimentario, lo que hacen es suponer que los individuos en México se encuentran en situación de inseguridad alimentaria porque no tienen los recursos para acceder a los alimentos”.
En México hay muchos grupos que en verdad se ven muy afectados por el problema de acceso a los alimentos, principalmente los indígenas, niños menores de tres años, adultos mayores a 65 años e individuos con alguna discapacidad. Sin embargo, tras aplicar un test empírico con los datos de la ENIGH, el estudiante encontró que la variable más significativa es la utilización, pues la forma en cómo se consumen los alimentos también explica si el individuo se encuentra en situación de inseguridad alimentaria severa.
“Esto es algo muy relevante desde mi punto de vista porque explica dos cosas: puede ser que sí haya muchos individuos en México que no puedan satisfacer sus necesidades alimentarias porque no tienen recursos, pero otra cosa que es más relevante, es que hay un elemento que es la utilización de los alimentos, que las políticas públicas alimentarias están dejando de lado”, sostuvo.
“Mi hipótesis es que los individuos se encuentran en inseguridad alimentaria severa, no porque no puedan acceder a los alimentos, sino porque cuando pueden acceder a los alimentos, con base en los apoyos sociales que reciben, no saben cómo utilizarlos, pues desconocen cuáles son los alimentos que deben comer.”
Las políticas públicas propuestas en el policy paper fueron tres: dejar los programas alimentarios que existen, pues si bien tienen una gran cobertura, son muy costosos y hay una cierta desviación de objetivos; la segunda es un esquema de microcréditos destinados a la compra de alimentos, estos tendrían que pagarlos grupos de cuatro a cinco mujeres, pues esto genera compromisos y las obliga a que todas ellas paguen, “La tercera es el programa de orientación alimentaria, consiste en orientar a los individuos en qué es lo que deben de comer, porque, por ejemplo, si se ha comprobado que si se consume cierto alimento en el hogar, la probabilidad de que sus hijos tengan anemia va a disminuir en cierto porcentaje. Si les dices los beneficios que tienen estos alimentos, ellos lo van a consumir en una mayor medida, a que si no lo haces”.
Esta política combina las transferencias que ya se realizan, pero además asegura que esos recursos se gasten en alimentos adecuados, pues se obliga a estas familias a acudir a consulta médica y capacitaciones, si en estas se detecta que la situación de inseguridad alimentaria en el hogar es severa, el médico ofrece una orientación alimenticia, les proporciona una dieta balanceada, nutritiva y económica, que incluya platillos con productos de la región.
Con información de Tomás Dávalos y Agencia Informativa Conacyt
