Varios han sido los intentos del Gobierno Federal a través del sector salud y del de la educación, que han involucrado a las administraciones estatales y municipales, e incluso a la propia ciudadanía, para abatir la muy alta tasa de obesidad que pese a todo prevalece en nuestro país.
México con cifras de este año, sigue ocupando el nada honroso primer lugar mundial de personas que se encuentran en esta condición que afecta no sólo a los adultos, sino a los jóvenes y a niños a edades cada vez más tempranas.
De acuerdo con datos de la última Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, en nuestro país un 70% de su población padece sobrepeso y casi una tercera parte obesidad, además estas cifras indican que el 35% de los niños y adolescentes están también en esta situación.
No muy lejos han quedado aquellas comidas familiares en las que el refresco está presente en las mesas de los mexicanos a veces hasta en las tres comidas. Las frituras, los dulces, los productos con altos niveles de grasa no han podido salir de las cocinas de la gente.
El problema va más allá y llega a las instituciones educativas. Ciertamente se ha buscado regular, especialmente en el sistema público desde las guarderías y hasta el nivel bachillerato, la venta de productos “chatarra”.
Las medidas que promovió la Secretaría de Educación Pública no han llegado con la misma intensidad al sector privado de la educación, donde todavía continúan expendiéndose en las cooperativas productos con alto nivel calórico, eso sí, en presentaciones cada vez más pequeñas.
Definitivamente no ha podido erradicarse por completo su expendio, qué decir de aquellos vendedores ambulantes que aprovechan la entrada o salida de los niños y jóvenes de las escuelas para ofrecer este tipo de productos a los infantes.
Los problemas que a la salud de los mexicanos ha provocado el no mantener una dieta balanceada, son cada vez más graves. Enfermedades como la diabetes, y las consecuencias que este padecimiento crónico degenerativo trae a la salud de la población han aumentado el índice de mortalidad y han provocado un costo bastante representativo para la Federación.
Unos 120 mil millones de pesos le cuestan al gobierno atender este problema de salud que involucra otros padecimientos como enfermedades cardiovasculares, trastornos óseos y musculares y algunos tipos de cáncer.
Ante este panorama, los expertos coinciden en señalar la necesidad imperante de generar un “Plan estratégico integral” en el que los gobiernos, la sociedad civil e incluso los propios empresarios, participen más activamente para contrarrestar estas cifras.
Más allá del tema económico es necesario pensar en la salud de las nuevas generaciones. Si no empezamos a cambiar nuestro estilo de vida, tendremos en el corto plazo las graves consecuencias que este problema trae a nuestra vida diaria.
