- Que el Estado mexicano en los tres órdenes de gobierno cumpla efectivamente con la obligación de proveer agua, no es un buen deseo, sino un derecho humano
- Ineludible unir esfuerzos para hacer de la Constitución una realidad social y política
El magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Felipe Alfredo Fuentes Barrera, señaló que el reto que enfrentan los juzgadores en materia constitucional es hacer coincidir los anhelos o principios constitucionales con la realidad que vive la sociedad.
“Para esta Sala Superior tener viva la Constitución significa dotarla de contenido y de efecto útil a los principios y valores que ella consagra. Para esta Sala Superior, mantener viva la Constitución también significa ser un tribunal abierto y cercano a los ciudadanos, a través de la construcción del diálogo y escrutinio público permanente con la academia, los partidos políticos y la ciudadanía”, aseguró el magistrado.
Los tribunales constitucionales pueden hacer efectivo el derecho humano al agua
El magistrado Fuentes Barrera afirmó que el agua es un tema prioritario que exige políticas de gobernanza enfocadas a generar estrategias de acceso y saneamiento, pero sobre todo de su justiciabilidad, ya que por la vía del derecho, los tribunales constitucionales pueden hacer efectivo ese derecho humano mediante acciones concretas, inmediatas y eficaces para asegurar el desarrollo sustentable del agua y la vida humana.
Al presentar la conferencia magistral Derechos económicos, sociales y culturales. El derecho al agua, Fuentes Barrera señaló que desde el enfoque normativo el agua adquiere en el plano convencional y constitucional el carácter de derecho fundamental que debe tratarse como un bien social y cultural de primer orden.
“Este recurso vital se asocia indisolublemente a la persona humana por ser una garantía sin la cual no se podría concretar el pleno ejercicio del más alto nivel posible en salud a un nivel adecuado la alimentación, vestido, vivienda, a un ambiente sano, entre otros, de manera que este líquido vital asegure la vida y la dignidad humana”, expresó.
En su intervención, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, señaló que los mecanismos que el Constituyente establece para que el Estado mexicano -en los tres órdenes de gobierno- cumpla efectivamente con la obligación de proveer agua, no es un buen deseo, sino un derecho humano.
Refirió que en los tratados internacionales el derecho humano al agua no está reconocido como un derecho humano independiente. “Sin embargo, el derecho al agua con identidad propia y contenido definido se ha desarrollado dentro de la categoría de los derechos humanos como presupuesto o garantía de otros derechos: a la vida, a la salud y a la dignidad”.
Se debe fortalecer las instituciones y buscar la cercanía con la gente
La magistrada presidenta de la Sala Superior del TEPJF, Janine Otálora Malassis, aseguró que ante la difícil situación que atraviesa México, se requiere fortalecer a las instituciones desde adentro para legitimar su actuación ante la sociedad: “Ciertamente México atraviesa una crisis difícil, toda la sociedad. Se requiere fortalecer las instituciones desde adentro, […] y la única manera de legitimarlos es justamente buscando esta cercanía con la sociedad, esta transparencia en nuestro actuar, esta búsqueda de tribunales abiertos”, aseveró.
Al presentar la Conferencia Magistral Nuevo paradigma de los derechos humanos, Otálora Malassis señaló que a los tribunales constitucionales y, particularmente, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación les corresponde lograr que los nuevos derechos humanos se puedan ejercer. Destacó que entre los nuevos derechos humanos se encuentran el derecho al agua, el derecho a la información, los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, y el derecho a la participación política de las mujeres.
El ministro de la SCJN, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, destacó que, ante la crisis de descontento social, de falta de legitimidad y credibilidad en las instituciones que se vive, todos, particularmente la Corte, tienen que hacer el esfuerzo para fortalecer esa legitimidad, para explicar y acercarse a la gente: “Hay dos funciones fundamentales que realiza la Corte, que son indispensables para la gobernabilidad, para la democracia y para el bienestar de las familias mexicanas: por un lado, continuar siendo árbitro entre los conflictos entre poderes y entre diferentes órganos del Estado, un árbitro político-constitucional; y, por el otro, seguir desarrollando y protegiendo los derechos humanos de la gente”.
El ministro recordó que la reforma en materia de derechos humanos de junio de 2011 generó un nuevo paradigma constitucional, que permitió cambios filosóficos y jurídicos “sumamente profundos que han implicado un cambio de la cultura jurídica mexicana, ante lo que la SCJN ha realizado una labor muy intensa de desarrollo, de defensa y de protección de los derechos humanos, lo cual es demostrable a través de sus sentencias, mismas que se pueden consultar en su página Internet”.
“Los jueces, los juzgadores, la Corte, tenemos una manera muy fácil de ser evaluados, que es a través de nuestras sentencias y nuestros votos. Me parece que ahí está el trabajo, ahí está lo que se ha hecho, y lo que se ha hecho en beneficio de la gente, en beneficio de los derechos, en beneficio de todos”, subrayó Zaldívar Lelo de Larrea.
Con información del TEPJF
