Asesina, me domina.
Anda en carro, motoras y limosinas.
Llena su tanque de adrenalina,
cuando escucha el reggaeton en la cocina.
A ella le gusta la gasolina -¡Dame más gasolina…!
Gasolina – Daddy Yankee
1.- La Gendarmería.
Es poco probable que el grueso de la población mexicana lo recuerde, pero luego de un decreto del presidente Enrique Peña Nieto, publicado en el DOF el 22 de agosto de 2014, mediante un cambio al Reglamento de la Ley de la Policía Federal, se creó la figura de la Gendarmería Nacional, con los objetivos de defender a la población ante la delincuencia organizada, y proteger los ciclos económicos y productivos del país (agricultura, comercio, turismo, ganadería, minería, hidrocarburos, e infraestructura), ese fue -al menos- el discurso oficial. Cuando se dio el pomposo anuncio de la creación de la Gendarmería, no pocos pensamos que se fundaba una policía nacional dedicada a proteger el “legado” de Peña Nieto: las “Reformas Estructurales”; Energética, Hacendaria, y Laboral, que -presumiblemente- serían atacadas por los detractores del régimen.
2.- El Huachicol.
Hace unos días se popularizó de manera funesta el término Huachicoleros con el que la prensa nacional se refirió a los grupos delictivos dedicados a la sustracción ilegal de combustible mediante la “ordeña” de ductos o el asalto a pipas de gasolina y diésel. A pesar de que los llamados Huachicoleros existen -a sabiendas de la autoridad federal- desde hace años, el tema saltó a la palestra nacional luego del terrorífico asalto a una familia que viajaba sobre la autopista México-Puebla la madrugada del 2 de mayo pasado; asalto que derivó en un bebé asesinado por arma de fuego, dos mujeres violadas (una de éstas -la hija- menor de edad), y el robo de la camioneta en la que la familia se trasladaba. Los integrantes de una familia (y en tercera persona, todos nosotros) conocieron el horror de lo indecible, por ocho presuntos Huachicoleros.
Esta es la punta de un iceberg que el Gobierno Federal ha dejado crecer por omisión o colusión. El grave crimen en la México-Puebla es el síntoma de una enfermedad crónica fundada en la pobreza y la marginación, la corrupción, la negligencia, la falta de estrategia contra el narco, y -eventualmente- la concesión de los gobiernos federal, estatales, y municipales que, directa o indirectamente, fomentaron la existencia de estos grupos criminales. Este horror pega de lleno al Estado que, en su falla, permite el atentado no sólo contra la vida y la propiedad de sus ciudadanos, sino contra el Estado mismo. Es, pues, el huevo de la serpiente ante nuestros ojos.
¿Cómo es que una serie de células criminales dedicadas al robo de energéticos creció y logró ese hórrido nivel de impunidad y violencia? La respuesta implica necesariamente la acción u omisión del Estado, a saber: el encarecimiento de combustibles, cuya escalada sensible puede rastrearse desde hace sexenios, significativamente desde el de Felipe Calderón, hizo de la venta de hidrocarburos robados un negocio rentable, en detrimento de los ingresos del Estado. Por otro lado, también desde el sexenio de Calderón con su “guerra contra el narco” hecha sin más estrategia que patear un avispero, motivó que distintas células de los cárteles (particularmente de los Zetas) comenzaran a combinar el narcotráfico con el secuestro, la extorsión, o el robo de combustible.
El Huachicoleo se distribuye por varias entidades del país, concentrándose en Tamaulipas, Guanajuato, Veracruz, y -sobre todo- en Puebla. Nada más en Puebla, de 2000 a 2016, se detectaron más de tres mil tomas clandestinas, y casi el 50% de éstas cundieron sólo en 2016. Es comprensible cómo el Huachicol encontró tierra fértil en el llamado Triángulo Rojo de Puebla, que comprende los municipios de Tepeaca, Quecholac, Acatzingo, Palmar de Bravo y Tecamachalco, donde la pobreza y carencia de programas sociales se conjuntaron con la derrama económica ilegal que implica la venta de gasolina robada, el pago a halcones (gran porcentaje de éstos son mujeres, y -lo más grave- muchos niños) operarios de la ordeña, la compra de autoridades, etcétera. Sólo en los municipios del Triángulo Rojo se concentra más del 60% del Huachicol poblano.
De acuerdo con el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, entrevistado por Carlos Loret de Mola, el Estado deja de percibir de 15 a 20 mil millones de pesos al año por concepto de ordeña y robo en combustibles. Se calcula el Huachicoleo desde el año 2000, con un auge a partir de 2012, y un despunte exagerado en 2016. En la misma entrevista, el Secretario reconoció en los robos la probable participación de personal de Pemex y de diversas autoridades municipales.
3.- Reacción del Estado.
Luego del asalto, violación y asesinato sufridos por la familia atacada la madrugada del 2 de mayo en la carretera México-Puebla, a manos de los Huachicoleros, al día siguiente el Gobierno Federal respondió con un operativo militar en la zona, mismo que fue emboscado por las bandas criminales, quienes utilizaron como escudo humano a mujeres y niños de las comunidades aledañas; sí, como en el terrorismo o la guerra civil. La refriega derivó en un bloqueo carretero con saldo de diez muertos (cuatro de ellos militares), una docena de heridos, y catorce detenidos. También circuló en redes y medios nacionales un video en el que se muestra la presunta ejecución extrajudicial de un supuesto huachicolero a manos de un efectivo militar. En la ceremonia fúnebre en honor a los militares caídos, el titular del Poder Ejecutivo declaró que implementaría una “estrategia” para terminar con la ordeña y el robo de combustibles, y amagó con dejar caer el poder armado del Estado (mediante el envío de miles de efectivos de la Gendarmería Nacional y la Sedena) para la obtención de ese objetivo. De programas sociales, de estrategias para la incautación del producto robado o la contención del mercado negro, de mejoras en la distribución de la riqueza, de políticas culturales para el resarcimiento del tejido social, nada fue dicho por Peña Nieto.
4.- El crimen con ideología.
El fenómeno del Huachicol poblano se potenció durante el sexenio de Rafael Moreno Valle. Este mandatario, y cada uno de los alcaldes inmiscuidos en la zona del Huachicol, son corresponsables del auge de este delito. Pero no sólo es el delito por el delito mismo. Bajo éste subyace una subcultura ideologizada que ha echado raíces en la mentalidad de los pobladores de la zona. En medio de la pobreza y la marginación, los civiles que participan de la cadena criminal (tanto en la logística y operación de la ordeña, como en el almacenamiento doméstico o la compra de combustible robado, así como en las actividades de halconeo y gatilleo implicadas) lo hacen a sabiendas de tres cosas peligrosísimas: 1.- Que colaboran con un delito; 2.- Que a este delito lo consideran algo “justo” (según reporta El Universal), porque los hidrocarburos son propiedad del pueblo; y 3.- Que la derrama económica del crimen les beneficia directamente -por mucho- más que los magros apoyos dados durante las administraciones de gobiernos que no han hecho más que expoliar a la población. Crimen con ideología. Si en el Gobierno Federal no saben leer estas señales, estamos jodidos; pero si sí las saben leer y siguen empecinados en una estrategia netamente armada, estamos más jodidos aún.
Las condiciones explicadas arriba suceden en Puebla, pero por extensión pueden aplicarse al resto de las entidades del país que padecen este fenómeno, sobre todo aquellas que también sufren de los estragos criminales del narcotráfico y la pobreza estructural. Es decir, aplican para prácticamente todo el país.
5.- El factor Pemex.
¿Se puede explicar el fenómeno del Huachicoleo eximiendo a Pemex? No. El transporte de hidrocarburos es algo técnicamente delicado, desde la logística de las rutas y horarios de traslado que tienen las pipas que se roban; hasta la distribución subterránea de ductos, su presión hidráulica, los puntos de válvulas para la extracción segura, la cadencia y horarios de los flujos, la perforación de ductos, la operación de la extracción, y un sinfín de factores que evidentemente requieren conocimientos de ingeniería y recursos de información que sólo Pemex maneja. De los miles de puntos de ordeña que se conocen ¿en cuántos ha habido explosiones por mal manejo de la extracción ilegal de combustible? Esta bajísima tasa sólo puede obedecer a una cosa: la colusión explícita de la empresa. Pero ¿quién de la empresa? ¿sus técnicos en nómina? ¿algún grupo de ingenieros desertores y reclutados por el narco, como los ex Gafes del ejército? ¿el poderoso sindicato y su financiamiento de campañas políticas? ¿la propia dirección de Pemex, con o sin consentimiento de los responsables en el Ejecutivo? Son preguntas delicadas cuya respuesta urge.
6.- La falla del Estado.
El fenómeno del Huachicol evidencia una de las facetas en las que el Estado ha fallado: tenemos una población marginada, excluida del desarrollo, que ve justicia en cometer los delitos de robo, conspiración, y encubrimiento criminal. Esta población -en reciprocidad- se ve beneficiada por células criminales que atentan contra el Estado de Derecho. El gobierno federal (tanto de Calderón como de EPN) no ha atinado a resolver de raíz la problemática sistémica de la lucha de clases, y sólo da manotazos armados que calientan y tensan el conflicto. Todo esto se da en un contexto en el que el país -ya de facto- vive con alarmantes cifras de violencia propias de un Estado en guerra civil, que ningún organismo público ha tenido el valor de declarar como tal.
7.- Cabos para atar.
Veamos si podemos atar unos cabos. A pesar de tener poco más de una década de existencia, el auge del Huachicol se dio a partir de 2012; sí, justo el año en el que Peña Nieto inició su gestión. La reforma energética (que entre otras cosas contempla la participación privada en la industria de los hidrocarburos, y la libre fluctuación del precio de las gasolinas) fue aprobada en el legislativo, y decretada por el ejecutivo en 2013. La Gendarmería Nacional se creó un año después, en 2014, con los objetivos de defender a la población ante la delincuencia organizada, y proteger los ciclos económicos y productivos del país; sí, hidrocarburos incluidos.
Esta consecución de hechos es -cuando menos- sospechosa: ¿por qué el actual gobierno federal dejó crecer al Huachicol para -paralelamente- modificar la ley de energéticos y crear una policía exprofeso para el cuidado de los ciclos productivos, mientras que hubo eximido a Pemex de ser investigado por la ordeña, y dejó a las poblaciones pobres a merced de los cárteles? Cualquier respuesta asusta.
Bien se puede padecer de estulticia, o padecer de maldad. En uno u otro caso se puede salir bien librado. Pero si se padece de ambas, lo más seguro es la catástrofe. Y en esa catástrofe nos arrastran a todos.
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