Deuda. El Observatorio de Violencia Social y de Género exigió una explicación a los exdiputados de la LXII Legislatura sobre el cauce que se dio a dos exhortos hechos por el Congreso de la Unión para que se armonice la legislación estatal en materia de feminicidio el 16 de febrero y 20 de julio del año pasado. En conferencia de prensa en la que se dio a conocer la sentencia de amparo emitida por el juez Primero de Distrito para reabrir el expediente de Yovanna Torres Briseño, a cuya muerte se dio carpetazo como suicidio a pesar de que los familiares creen que hay indicios de ser asesinada por su esposo, los abogados de la Clínica Jurídica Especializada en Derechos Humanos y Perspectiva de Género, Wilfrido Salazar y Paulina Díaz, no descartaron solicitar un juicio político contra los exlegisladores por haber dejado de lado la discusión del feminicidio y otros temas importantes en materia de derechos humanos. Ahí le hablan a Anayeli Muñoz Moreno, presidente de la comisión legislativa de Derechos Humanos, quien debió de haber impulsado las reformas. Aseguran que aún queda tiempo, pues según la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos, el delito de omisión prescribe en un año.
Revictimizar. No puede disminuirse la importancia de la decisión del juez Primero de Distrito sobre el asesinato de Yovanna Torres Briseño, revisar el feminicidio, no se puede atenuar esta decisión cuando en el país los organismos encargados de procuración de justicia ejercen la violencia institucional, no cuando ayer el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló que a los menores de edad a partir de los 14 años pueda aplicarse la medida de prisión preventiva, mientras se determina la sentencia en su caso, cuando se señale su presunta responsabilidad en ciertos delitos graves, como homicidio calificado, narcotráfico, delincuencia organizada, terrorismo, extorsión agravada, violación, lesiones graves, trata de personas y robo con violencia. No se puede disminuir cuando se piensa en resolver la violencia institucional con chivos expiatorios, es decir, ayer renunció Elena Cárdenas, directora de Comunicación de la Procuraduría de la Ciudad de México, por la serie de tuits en que se revictimizaba a Lesvy Berlín Osorio, y la renuncia se toma como un acierto del jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera. No se puede dar por sentado nada, cuando el subsecretario de Gobierno, Gerardo Dávila Díaz de León, tiene que explicar a un grupo de manifestantes que no se puede liberar a quienes están implicados en un homicidio y que es un proceso legal que competente a la Fiscalía General del Estado.
Fuenteovejuna. “Suelten ya a los balconeros. No isieron un mal a la Sociedad sino todo lo contrario. Un ratero menos de quien cuidarnos. Si huvieran enserrado al huevo, estuviera en la carcel pero vivo”, indicaba una de las pancartas de los familiares y amigos de los implicados en el linchamiento de Hugo Luján Ramírez, René Urrutia de la Vega tuvo que explicarle a quienes exigían la liberación que no se acreditó la legítima defensa, por lo que deberá ser el Poder Judicial quien determine la situación de los tres hombres acusados de homicidio doloso, a quienes se refieren como los “balconeros”. Explicó el fiscal: “En el caso particular de estas tres personas que están ahorita sujetos a un procedimiento penal, no aplica la legítima defensa, si no ya lo hubiéramos hecho. De acuerdo a los hechos y las circunstancias de cómo ocurrieron estos hechos, no podemos aplicar la figura de la legítima defensa”. Queda claro que en busca de empatía y en un afán pedagógico, René Urrutia informara que la fiscalía buscó reunir los elementos necesarios para liberar a los detenidos, “yo hubiese preferido mil veces que pudiéramos tener elementos para acreditar la legítima defensa y que ellos estuvieran en libertad”, pero el mensaje a recalcar es que en el linchamiento y en cualquier otro, el Estado tiene la obligación de proteger la vida de las personas… Aquí estamos, en la necesidad de clarificar una y otra vez las obligaciones del Estado, con una sociedad amedrentada por la delincuencia a la que le gana la sed de venganza, incapaz de aprehender el sentido de la justicia y dispuesta (por lo menos en sus expresiones a través de las redes sociales) a defender el derecho de matar al otro cuando consideran que le hacen un bien a la sociedad; y si lo recalcamos es por la peligrosa ignorancia de declarantes oportunistas, sí, otra vez vamos a mencionar a Elsa Amabel Landín Olivares, que con tal de llevar agua a su molino partidista, defiende lo indefendible. Guardada toda proporción, ese dejarse llevar por el impulso, es igual de agresivo que los bad hombres que quién sabe con qué afán banalizan una demostración dolorosa como los testimonios de #SiMeMatan en Twitter, o desde la superioridad moral que les da el buenpedismo, declaran que la violencia es un problema universal y toda vida humana es igualmente valiosa… haciendo a un lado el contexto.
Inception… ¿De qué nos servirá tener un Sistema Estatal Anticorrupción y un Tribunal Local Electoral si no hay dinero para ponerlos en marcha? Esa es la perversa idea que el gobernador Martín Orozco Sandoval inoculó para lavarse las manos a la hora de asignar presupuesto a esos organismos, otra lindura fue desviar la atención de a qué compromete la existencia de ese tipo de instituciones para dejar sólo la descalificación: es burocracia. Con tan buen tino hizo el numerito, que ahora lo repiten como periquitos los propios diputados, al menos ya lo hizo así el panista Francisco Martínez Delgado, a quien le corresponde ponerse a trabajar en la reglamentación para que el Sistema Estatal Anticorrupción funcione, pero desde ya se deslinda, eso se entiende, cuando sólo considera que se está creando burocracia, como dice su jefe. Por fin se le hizo a Aguascalientes el tener su tribunal dedicado a asuntos electorales, después de que en el Senado de la República aplazaron una y otra vez la designación de los magistrados de éste, ahora resulta irrisorio que por falta de dinero nada más no pueda conformarse tal tribunal; por otra parte y más allá de atender la obligación federal de conformar el Sistema Estatal Anticorrupción, sin una Fiscalía enfocada a este tema, también por falta de recursos, de poco servirá el contar con un sistema legal en contra de las irregularidades cometidas desde el servicio público. Ante tremendo embrollo, la diputada priista Citlalli Rodríguez González criticó la postura del gobernador, al tiempo que recordó que en su momento ella misma advirtió que ambos temas no fueron contemplados en la conformación del Presupuesto de Egresos 2017, a lo que el grupo parlamentario mayoritario de Acción Nacional hizo caso omiso y ahora vemos las consecuencias: “Nos encontramos con las declaraciones cómodas del Ejecutivo y algunos integrantes del Partido Acción Nacional de que se empiece en 2018 porque ahorita no hay dinero, ¿simplemente es ir contrarreloj y sacar las cosas porque el tiempo se nos vino encima? O vamos a hacerlo con la responsabilidad y el conocimiento de lo que estamos haciendo. El Tribunal Electoral ya debe de estar en funciones, los magistrados ya tomaron protesta, el Senado ya hizo su parte”, dijo la legisladora priista. Qué tiempos, razonable suena Citlalli Rodríguez, y ahora tendrá que enfrentar a los periquitos de Orozco Sandoval que chillan burocracia, burocracia… como cuando los enemigos de Lorena Martínez gritaban recaudatorio, recaudatorio ante las fotomultas, para obviar que las infracciones se aplican a quien infringe la ley, de entrada.
Consejo para el consejo… Ahora resulta que lo que impera en el municipio es la falta de información, y es que ya ni porque en todos los medios de comunicación mentamos la Carta de la Tierra en marzo los regidores se enteraron de qué se trata, por lo que, en lugar de firmar un compromiso para que las acciones del gobierno municipal se ciñan a la dichosa carta, los cabilderos prefirieron votar el punto de acuerdo en la sesión del Cabildo que propuso Miguel Romo Reynoso, porque supuestamente no conocen el documento… de igual manera los regidores decidieron posponer la creación del Consejo de Expertos que ayudará a definir si la concesionaria del agua se va o se queda, a petición del presidente de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento: Óscar Estrada Escobedo, a pesar de que todos saben que no saben nada respecto al tema del agua… no vaya a ser ahora que estén planeando crear un Consejo de Expertos para decidir si se crea este Consejo de Expertos porque ya ven que a los regidores les fascinan los asesores, ¿verdad, María Teresa Jiménez Esquivel?
La del estribo. Arrancan… bueno, no, ya hace tiempo empezó la carrera por el 2018, pero es que ayer fue día de descartes y sentencias: Jorge G. Castañeda se aventó la puntada de comparar a Armando Ríos Piter con el recién electo Emmanuel Macron, entonces pues el exempleado de Vicente Fox renuncia a sus aspiraciones presidenciales y se rinde ante el empuje del Jaguar experredista (risas grabadas); y Andrés Manuel López Obrador ya le dijo a la “izquierda” cómo va a ser: con él o con él, en un mitin en el Estado de México exigió al PRD, Movimiento Ciudadano y PT que vayan “Convocando a los medios de comunicación para informar que se unen a este movimiento y que se va a apoyar a la maestra Delfina”, porque de otra manera “no va a haber ningún compromiso con ellos hacia adelante, no vamos a ir con ellos en el 18”. Ay, goey.
@PurisimaGrilla
