- Las dificultades externas obligan a redoblar los esfuerzos para dar legitimidad y confianza a las elecciones y fortalecer las instituciones democráticas
- Para mejorar la confianza de la ciudadanía en las instituciones se debe apostar por el fortalecimiento de la Justicia Abierta
La magistrada presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine Otálora Malassis, aseguró que, para mejorar la confianza de la ciudadanía en las instituciones, se debe apostar por el fortalecimiento de la Justicia Abierta, porque es un principio que permitirá diseñar políticas y estrategias comunicativas que servirán para hacer frente a un difícil contexto político y social que se está viviendo en México y en el mundo.
Al inaugurar el Seminario Diálogos para la Justicia Abierta, convocado y organizado por el TEPJF, la magistrada Otálora Malassis advirtió que se vislumbran escenarios complicados para los futuros procesos electorales, lo cual “demanda de las autoridades una actuación firme y contundente. Las dificultades externas nos obligan a redoblar los esfuerzos necesarios para dotar de legitimidad y confianza a las elecciones y contribuir al fortalecimiento de las instituciones democráticas de nuestro país”.
Otálora Malassis aseveró que la realización del Seminario Diálogos para la Justicia Abierta, es justamente una de las acciones que instrumenta el Tribunal Electoral encaminadas a lograr ese objetivo de adaptación social y para fomentar la confianza ciudadana y la legitimidad en torno de los procesos electorales.
“Nos queda claro que más allá de los factores externos que impactan en la evaluación de nuestra democracia, la confianza en las instituciones no mejorará si la ciudadanía no conoce y comprende el sentido y los resultados de dichas acciones. Por ello, debemos apostar por el fortalecimiento de la Justicia Abierta, principio que nos permitirá diseñar políticas y estrategias comunicativas que sirvan para hacer frente al difícil contexto político y social que estamos viviendo en nuestro país y en el mundo”, expresó.
La magistrada precisó que en una democracia, en tanto es presupuesto para la formación de la opinión pública, la ciudadanía debe estar en condiciones de juzgar a los juzgadores en su actuación y desempeño, y es por ello que el Tribunal Electoral abierto debe encontrar mejores canales de comunicación con la ciudadanía, fundamentando y explicando sus decisiones para contribuir al debate público, a una mejor comprensión de los procesos electorales y consecuentemente a generar confianza pública en las instituciones electorales.
En su intervención, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales, señaló que la Justicia Abierta responde a la necesidad de reducir brechas entre gobierno y sociedad, y en este sentido los desafíos que el Poder Judicial de la Federación tiene frente a sí, son de muy diversa índole.
“Esta apertura y este acceso a la sociedad son de especial relevancia para los jueces, porque ante la sociedad no nos legitimamos con el voto sino con nuestra actuación cotidiana, con la credibilidad de nuestras resoluciones y con la conducta de nuestros funcionarios. Por ello, debemos profundizar en el proceso de apertura que en los años recientes se ha venido dando de la justicia de cara a la sociedad, impulsar precisamente la justicia abierta requiere fortalecer y facilitar el acceso de las personas a los órganos jurisdiccionales.”
La secretaria de la Función Pública, Arely Gómez González, señaló que el Gobierno Abierto es una filosofía de gobierno, conformada por una serie de principios, que deben diseñar mecanismos precisos orientados a transformar la manera en la que el gobierno se relaciona con la sociedad, que trabaja de manera efectiva con, desde y para la sociedad, que trasciende los esquemas básicos de participación, de transparencia y rendición de cuentas. “Un Gobierno Abierto es un gobierno de co-creación de políticas públicas”, enfatizó.
La funcionaria federal adelantó que “La Secretaría de la Función Pública convocará a dependencias y entidades que podrán implementar políticas de Justicia Abierta en el Ejecutivo Federal con el objetivo de establecer un grupo de trabajo que impulse dichas acciones”, y para garantizar que la apertura del gobierno sea efectivamente un principio de Estado. A este esfuerzo, precisó, se invitará a los tres poderes y a los organismos constitucionales autónomos.
El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova Vianello, indicó que hablar de Justicia Abierta implica reflexionar sobre una aspiración de las sociedades democráticas de nuestros días, orientada a conocer no sólo cómo se ejercer el poder público, sino también cómo se aplica la ley.
Córdova Vianello destacó la importancia de reflexionar el tema de la justicia abierta y de tener llevar a cabo estos diálogos en el marco del desencanto con la democracia que registran los estudios de opinión pública. “Ese desencanto, hay que reconocer, es consecuencia de la falta de resultados, de la debilidad del Estado de derecho, de la incomprensión de los ciudadanos, de los tecnicismos económicos, procedimentales, legales, técnicos, en fin, con los que operamos las instituciones públicas”.
El senador Roberto Gil Zuarth indicó que la justicia tiene sus propios mecanismos de apertura y transparencia, que tienen que ver con el lenguaje, con hacer visibles los procesos de deliberación y que las instituciones deben ser cada vez más abiertas. En este tenor, enunció entre las tareas pendientes, convertir en una rutina la interacción de los poderes públicos y de las instituciones con los ciudadanos; abrir la participación ciudadana a la gestión de los recursos y la prestación de los servicios públicos, así como hacer de la interacción de los ciudadanos en la confección de políticas públicas, una rutina.
“El abrir la caja del Estado es un desafío constante que todos los días se pone a prueba, el Instituto o las autoridades políticas nos ponemos a prueba en esa convicción de transparentarnos. Todos los días hay la necesidad de seguir avanzando en esta dimensión, la transparencia no es un punto de llegada, sino un punto de partida, que tiene distintas formas de medirla y de visibilizarlas”, dijo.
La comisionada presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Ximena Puente de la Mora, indicó que la esencia del Gobierno Abierto es propiciar la participación real, efectiva y activa de la ciudadanía con sus autoridades, en donde todos, desde sus campos de acción, formen parte integral de las decisiones, actos y políticas públicas que afectan a la comunidad: “La justicia abierta es un nuevo paradigma de gestión institucional. Con y a través de ella, alentamos una comunicación mucho más directa entre tribunales y ciudadanos. Sí, la Justicia Abierta reduce la brecha entre el derecho y la sociedad”.
Los trabajos del Seminario Diálogos para la Justicia Abierta se desarrollará hasta hoy 3 de mayo en las instalaciones de la Sala Superior del TEPJF.
Con información del TEPJF
