El agua en Aguascalientes: una agenda para tomadores de decisiones - LJA Aguascalientes
22/11/2024

 

El Día Internacional del Agua, creado por recomendación de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1992, brinda una oportunidad para reflexionar sobre las acciones que debemos poner en marcha para garantizar el acceso y la calidad del recurso vital para la vida y la economía del mundo. Subrayo que la intención es crear un espacio de reflexión previo a la acción: un error común en la administración pública es invertir en soluciones sin tener claro el problema público. A continuación, ofrezco cuatro viñetas sobre los retos y las preguntas clave del agua en Aguascalientes.

1.Más allá de la concesión de agua potable. Es inevitable que los actores políticos tomen una posición política sobre un asunto vital para los ciudadanos; aún más, diría que es lo normal en la democracia. Pero las disputas también se benefician de la discusión informada y de poner en el debate los problemas y las preguntas adecuadas. El reto es proveer a los ciudadanos del municipio capital agua de calidad y asequible garantizar de forma sustentable. ¿Qué condiciones debe de cumplir el concesionario, cualquiera que éste sea? ¿Qué información debe mantenerse como responsabilidad municipal? ¿Cuál es la infraestructura que se requiere para los próximos años y cómo se financiará? ¿Cuál es el mejor instrumento para cumplir el objetivo de equidad y el derecho humano al agua, (tarifas, subsidios, provisión directa en zonas marginadas)? ¿Bajo qué lineamientos debe diseñarse la tarifa de agua potable?

2.El distrito de riego y la sostenibilidad del acuífero. Si coincidimos en que el objetivo final es garantizar los medios de vida en la zona rural del estado y garantizar la sostenibilidad del acuífero para todos los usos, la discusión sobre el manejo eficiente de agua debería cobrar primacía sobre la inversión en infraestructura o la expansión del volumen y el área producida. ¿Cómo orientar los subsidios al campo sin poner en riesgo el acuífero? ¿Pueden generarse incentivos para una economía verde que proteja el agua y los ecosistemas al mismo tiempo que beneficia a los habitantes del campo? ¿Qué mecanismos garantizan una adopción adecuada de tecnología de riego eficiente?

3.La amenaza del cambio climático. Hay evidencia suficiente de que los seres humanos hemos alterado la composición de la atmósfera del planeta a un grado que se generan cambios en la temperatura global promedio, los patrones de lluvia, y el funcionamiento de los ecosistemas. Sin descuidar la responsabilidad que tenemos con la mitigación del cambio climático, el gran problema a escala local es desplegar capacidades de adaptación ante cambios en la frecuencia e intensidad de fenómenos meteorológicos que pueden afectar a poblaciones vulnerables. ¿Cuáles son los cambios esperados en términos de eventos extremos (heladas, olas de calor)? ¿Cómo impactará el cambio en la economía rural y la producción de alimentos? ¿En qué zonas del estado es prioritario identificar zonas vulnerables y desarrollar comunidades resilientes?

4.El agua y los ecosistemas. La calidad y cantidad de agua disponibles en una cuenca dependen del estado del ecosistema en general. El estado de la cubierta vegetal y del suelo determinan el volumen de lluvia que se evapotranspira a la atmósfera o se infiltra al subsuelo, su calidad, y su curso por las (ya escasas) fuentes superficiales. ¿Qué políticas pueden sumarse a las acciones existentes para proteger la cubierta forestal? ¿Saben los ciudadanos cuál es el papel que juega en un ecosistema, por ejemplo, un huizache o un mezquite? ¿Saben cuáles son las herramientas disponibles en la legislación ambiental para proteger los ecosistemas? ¿Qué instrumentos jurídicos hay para proteger a los ciudadanos actuales y futuros de decisiones miopes de uso de suelo?

En este artículo he usado el término tomadores de decisiones, no el de gobernantes, funcionarios o autoridades. Con frecuencia quien toma una decisión es quien tiene una atribución u obligación legal de aplicar un instrumento legal, aplicar una política o ejercer un presupuesto, pero en términos más amplios, una decisión sobre un asunto público la puede tomar una ciudadana que participa en una asociación civil, un ciudadano que exige el cumplimiento de la ley o que demanda información sobre los asuntos públicos. En futuras entregas abordaré cada una de las preguntas aquí planteadas, desde la perspectiva de que autoridades y ciudadanos somos responsables de tomar decisiones en Aguascalientes.

 

(*) Jaime Sainz (@JaimeSainzS) es director de la sede Región Centro del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).



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