- Los señalamientos de corrupción también han tocado a un exgobernador del PAN, Guillermo Padrés Elías
- Para el PRI, la expulsión o la suspensión de su militancia son el castigo más severo por corruptos: Herrera Ávila
- PGR debe rendir cuentas sobre los prófugos Javier Duarte, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández
La existencia de trece exgobernadores acusados de corrupción, presos o prófugos, prueba la vocación del PRI por la corrupción y la incapacidad o el disimulo de la PGR, mencionó el senador aguascalentense Fernando Herrera Ávila.
El coordinador de los senadores panistas recordó que en años recientes han ocurrido al menos trece casos de gobernadores priistas acusados de corrupción. “El caso más emblemático es el de Javier Duarte, pero no es el único”.
Los señalamientos de corrupción también han tocado a un exgobernador del PAN, Guillermo Padrés Elías.
Los exgobernadores del PRI que enfrentan denuncias o están prófugos por corrupción, lavado de dinero, delincuencia organizada y malos manejos, revelan en su actitud la vocación del PRI por la corrupción.
Resulta indignante que no exista un solo indicio de que el gobierno en turno esté haciendo algo para abatir los altos niveles de corrupción, que en 2016 tuvo un costo de 2.1 billones de pesos, en perjuicio de los servicios públicos como educación y salud, comentó Herrera Ávila, y señaló que la Procuraduría General de la República dejan mucho qué desear, pues “ni un solo pez ha caído en sus redes perforadas” por el silencio cómplice. Se ha dedicado, añadió, a “enfriar” casos censurables como los de Javier Duarte, en Veracruz; Roberto Borge, en Quintana Roo, y César Duarte, en Chihuahua, señalados de hurtar lo ajeno y, de paso, heredar deudas multimillonarias que hipotecan el futuro de sus habitantes.
También priistas, los exgobernadores Mario Villanueva Madrid y Jesús Reyna García, se encuentran presos por vínculos con el crimen organizado, así como Andrés Granier y Fausto Vallejo, acusados de corrupción.
Indicó que no se olvidan las tropelías de Tomás Yarrington, en Tamaulipas y menos las de Humberto Moreira que endeudó a Coahuila, al igual que su hermano Rubén Moreira; así como Rodrigo Medina, en Nuevo León; Eugenio Hernández, en Tamaulipas; Fidel Herrera, en Veracruz, o Arturo Montiel, en el Estado de México, quienes gozan de la complacencia y protección de su gobierno y su partido.
Herrera Ávila exige a la PGR rendir cuentas del estado que guardan las averiguaciones previas y los procedimientos de localización en contra de Javier Duarte, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, pues “Es inverosímil y una vergüenza para el país que con todo el cuerpo de inteligencia que presumió este gobierno por todo el mundo cuando recapturó al Chapo Guzmán, no pueda detener a Duarte ni a algunos otros que están prófugos”.
El senador también recordó que el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Juan Manuel Portal, reveló que el monto de los recursos no comprobados por Duarte en Veracruz -que ascendieron a 35 mil millones de pesos- es el más alto en la historia de la ASF, que nació en el año 2000. Tan solo en materia de deuda, las heredadas por César Duarte, en Chihuahua; Roberto Borge, en Quintana Roo y Humberto Moreira, en Coahuila, suman 108 mil millones de pesos, sin contar las denuncias que enfrentan por desfalco de recursos de los erarios estatales.
Herrera Ávila señaló que hasta ahora, las acusaciones de corrupción que pesan sobre los exgobernadores del PRI se han reducido a una ridícula sanción partidista, como si la expulsión o la suspensión de su militancia fuera el castigo más severo que merecen estos ejemplos extremos de corrupción y mal gobierno; afirmó que México ha tocado fondo en materia de corrupción, porque los señalamientos ciudadanos llegan al más alto nivel y el gobierno no entiende la dimensión de su problema, ni tampoco muestra ni la voluntad ni la capacidad para superar el enorme déficit de credibilidad y confianza que enfrenta.
