El artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que: “Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de esta Ley fundamental”. Destaco de ello sólo dos aspectos: 1) la voluntad popular es la que decide y 2) que la federación se establece bajo los principios del máximo ordenamiento jurídico, que es la Constitución.
La evolución histórica de nuestra Carta Magna encuentra sus orígenes en valiosos documentos como la Constitución de Cádiz (que en 1812 introdujo el sistema electoral en las diputaciones de la Nueva España), los Sentimientos de la Nación (que en 1813 abolió la esclavitud en tierras americanas) y la Constitución de Apatzingán (que en 1814 hablaba ya de soberanía popular). Sin embargo, la primera ley fundamental mexicana fue la Constitución de 1824, misma que instauró el federalismo; posteriormente, la de 1857 que estableció un catálogo de derechos humanos y la federalización del amparo; y, por último, la de 1917, que incluyó toda la tradición jurídica y política de sus antecesoras y un capitulado especial de eminente contenido social y económico con los artículos 3°, 5°, 27, 28, 123 y 130 que, entre otras cosas, establecía la educación laica, la libertad de profesión, la libertad de creencias, el dominio directo de la nación sobre los recursos naturales, la prohibición de monopolios y exenciones de impuestos, el derecho al trabajo digno y el principio histórico de la separación del Estado y las iglesias.
Las tres Constituciones que han regido a nuestro país han sido el resultado de crudos movimientos armados: el de la Independencia, el de la Revolución de Ayutla, y el de los levantamientos carrancistas revolucionarios de 1917. Es decir, las disposiciones legales en nuestro país han emanado de inclementes contiendas políticas y sociales donde grandes esfuerzos y cientos de vidas se han abonado a la causa de la nación. Por ello, representan la voz de un pueblo en lucha por obtener condiciones de vida dignas para todos; donde imperen, se respeten y se promuevan los valores humanos fundamentales.
Es por esta razón que hoy en día es urgente reflexionar que en un Estado de Derecho, como el nuestro, nada ni nadie debe estar por encima de la Ley. Ésta debe regir por encima de cualquier otro principio gubernativo. La ONG World Justice Project define lo siguiente: tanto el gobierno en su conjunto como sus funcionarios son responsables ante la ley; las leyes deben ser claras, públicas, estables y justas, y deben proteger los derechos fundamentales como la seguridad y la defensa de la propiedad; el proceso a través del cual las leyes son aprobadas, administradas e implementadas debe ser accesible, justo y eficiente; el acceso a la justicia debe ser garantizado por representantes e instancias jurídicas competentes, independientes, éticas, suficientes en número, con recursos suficientes; asimismo, las leyes deben constituir un arma contra el crecimiento del autoritarismo estatal y una inhibición del poder del gobierno.
Resulta entonces lacerante conocer la realidad que impera en nuestro país que muy lejos está de promover la legalidad. Desde hace más de 20 años, las políticas neoliberales se han dedicado a beneficiar al amasiato existente entre los corruptos supuestos representantes populares y sus cuates de las oligarquías capitalistas, horadando el tejido social y exacerbando, como nunca antes, la criminalidad, la marginación, la pobreza y el desempleo. La inobservancia de las leyes y, peor aún, la elaboración de leyes al vapor, producto de negociaciones oscuras y antidemocráticas que favorecen evidentemente a los dueños del dinero, pretenden reducir a la población en México a una masa miserable, fácilmente explotada, sin fuerza de trabajo calificada, “hombres y mujeres perdidos en la ignorancia y en el basurero de desechos de la industria del norte”, como denunció Pablo González Casanova, en su artículo publicado en La Jornada el 15 de septiembre.
Hoy mismo, las “reformas estructurales” que se pretenden implementar buscan, entre otras cosas, abaratar el valor del trabajo, gravar con mayores cargas fiscales a las mayorías sin perjuicio para las grandes empresas, abrir las puertas a la inversión extranjera en el petróleo y energéticos en detrimento de la autonomía nacional, otorgar el mínimo de seguridad social a los trabajadores, continuar apoyando a los monopolios, permitir la injerencia de las altas jerarquías católicas en los asuntos públicos, etcétera.
¿De qué sirve entonces la ley? ¿De qué sirven los logros humanos, sociales y políticos en ella asentados si no somos capaces de acatarla ni de exigir su cumplimiento? Mejor reaccionaba el indio que en el siglo XIX decía: “¿Qué los importa que nos quiten el dichoso triboto, si nos han cargado el contribuciones al antojo del Comandante que ya nos saca el sangre, porque no tenemos mas que darle? Mas mejor le estábamos antes; y no agora con el maldita Costotocion, que sos mercedes llaman el código á gusto, el código divino y quen sabe qué mas”.
