Posicionamiento sobre la Secretaría de la Familia

• A Martín Orozco Sandoval
• A la opinión pública en general
• A los medios de comunicación

El pasado el 13 de febrero, el Gobernador del Estado, Martín Orozco Sandoval instaló el Consejo Estatal de Consulta y Participación Ciudadana en Seguridad, en dicho evento protocolario hizo un llamado directo a las familias de Aguascalientes a prevenir la violencia y el delito desde el seno del hogar con el objetivo de fortalecer el tejido social y disminuir los índices de inseguridad en el estado. “De nada sirve invertir millones y millones para corregir la violencia, si no hacemos cada quien lo que nos toca, no sólo como autoridad, sino cumpliendo con la obligación que tenemos como familias desde el núcleo del hogar… El objetivo es el mismo: el ser humano; y si entre hermanos, padres e hijos no hay un buen ejemplo, no podemos como autoridad enviar un mensaje y promover políticas públicas que realmente ayuden a reflexionar y a sacudir el actuar de las personas, y mucho menos cuando no hay congruencia entre el decir y el hacer”, consignó1.

El mismo medio que publica la nota, en páginas previas informa que posterior a la instalación del Consejo, el Gobernador insiste en que se logrará este objetivo a través de la creación de la Secretaría de la Familia, promesa de campaña cuyo objetivo será fomentar la unión del núcleo de la sociedad. “Es un tema que vamos a cuajar hasta el tercer año de la administración porque nos llevará a fusionar algunas áreas como los institutos de la Juventud y de la Mujer con una parte del DIF estatal; como no hay un ejemplo en México, estamos trabajando en esta parte que nos va a llegar prácticamente tres años”2.

Esta nota define el enfoque persistente del Gobernador, quien atribuye la violencia que se vive en la actualidad a la desintegración familiar, advirtiendo que de nada servirá invertir millones de pesos en programas de seguridad si no se trabaja desde el hogar: “Tenemos que mandar mensajes que realmente sacudan el actuar de las personas… El antídoto de la violencia es el amor y hay que practicarlo donde convives día a día que es en la familia, eso es verdadera prevención del delito”3.

Llama la atención la síntesis que como conclusión presenta el Gobernador del Estado para abatir el grave problema de la violencia, pues si bien es cierto que el Observatorio de Violencia Social y de Género ha denunciado que son insuficientes las políticas públicas destinadas a la eliminación de las violencias hacia las mujeres, tanto en el seno del hogar como las violencias institucionales que revictimizan, no se pueden disociar las variables que configuran las problemáticas de violencia, acceso a la justicia y la seguridad generalizadas en el país. En este sentido, abordaremos la discusión en el tema de la Seguridad Pública, desde una urgencia de análisis y políticas públicas transversales que también atiendan la necesidad -urgente- de una educación con base en los Derechos Humanos y la Perspectiva de Género en todos los niveles, pues los objetivos perseguidos por dicho Consejo son: a) la evaluación ciudadana de políticas e instituciones; b) la información ciudadana y denuncia; y c) la participación ciudadana en el cumplimiento del Programa Estatal de Seguridad Pública. (Artículo 2° del Reglamento del Consejo Estatal de Consulta y Participación Ciudadana en Materia de Seguridad PÚBLICA, Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, lunes 8 de septiembre de 2008).

El Artículo 21 Constitucional, en su párrafo noveno establece claramente: La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.

Por tanto, podemos inferir que el Gobernador enfocó su propuesta sólo uno de los cuatro elementos que la Constitución establece como componentes de la seguridad pública; pues si bien la prevención del delito es un factor importante, también lo es que establezca la responsabilidad de los tres niveles gubernamentales; no establece que sea ésta la responsabilidad de los núcleos familiares, pues si bien es importante que toda la ciudadanía participemos en la construcción de políticas públicas, tampoco debemos delegar o descansar esta responsabilidad sólo a los núcleos familiares, en este reto también son corresponsables el resto de las instituciones sociales y de gobierno, donde niñas, niños, adolescentes, ciudadanas y ciudadanos viven, conviven, interactúan, y se desarrollan; es decir, el tema de la Seguridad Pública no puede ser sólo responsabilidad de las familias.

Sin duda alguna será importante generar campañas cívicas al interior de los hogares -todos los hogares- y de las familias -todas las familias- (sí, así en plural, pues en Aguascalientes como en México, dos de cada cinco hogares no son nucleares). Por ello también observamos con preocupación el que se haya vinculado esta propuesta con la reiteración a una promesa de campaña referente a la creación de la Secretaría de la Familia, y más aún al detallar que piensa fusionar, no se entiende en la declaración si una parte o su totalidad, los institutos de la Mujer y de la Juventud, con una parte del DIF Estatal; marcando un gran retroceso, donde lo que sí deja claro es que no existe antecedente institucional alguno en el país, lo cual, definitivamente genera mayor incertidumbre, pues estaríamos ante un experimento gubernamental armado por la fusión de instituciones o sectores de éstas y con un objetivo tan relativo como la teoría de Einstein, pues fomentar la unión del núcleo de la sociedad como objetivo suena tan vago y podría interpretarse de diferentes maneras que será interesante analizar y estudiar la propuesta de este ente imaginario se proponga.

La propuesta parece haberse modificado no en lo sustancial, sino en la forma de cómo se unirán las secciones institucionales para la creación del ente propuesto: “La Secretaría de la Familia absorbería el DIF estatal y trabajaría de la mano de otras instancias que serán incluidas dentro de este nuevo organismo, para el cual se diseñarán políticas públicas transversales que permitan abordar y resolver los problemas que tengan que ver con niños, jóvenes, mujeres y adultos mayores”4 declaró en campaña. La propuesta inicial era transformar el DIF y que éste se coordinara con otras instancias que atienden a estos sectores, ahora la propuesta es transformar las otras instancias y fusionarlas con una parte del DIF, ¿qué pasará con los objetivos y metas que se trabajan desde las áreas a fusionar del Instituto de las Mujeres, de la Juventud y del DIF?, ¿no se trastocan los objetivos institucionales de estas dependencias?, ¿desde qué perspectiva se atenderá a los diversos tipos de FAMILIAS que son ya una realidad en los hechos?

Una mala señal de esta visión sesgada que tienen las autoridades locales la tuvimos con la negativa del DIF Estatal a proporcionar la plática prematrimonial a una pareja del mismo sexo que había obtenido el amparo de la justicia federal para celebrar su matrimonio establecida en la sentencia del expediente 1474/2016-I dictada por el Juez Primero de Distrito con sede en Aguascalientes, es inadmisible que mientras la justicia federal reconozca el derecho a la igualdad de toda ciudadana y ciudadano de este país, las autoridades locales persistan en sus actitudes violatorias a todo Derecho Humano y violentando el mismo mandato que establece la Constitución en su artículo 1° en su párrafo tercero: Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Este mismo párrafo constitucional deberá ser el sustento jurídico que permita que dicha entelequia institucional no tenga una visión parcial y discriminatoria hacia los diversos tipos de familias como ya lo ha mostrado hoy en día un departamento de esa institución que originalmente se transformaría y que ahora se anuncia absorbería otras instancias. Pareciera que el concepto del principio de progresividad en los Derechos Humanos es muy difícil de entender sobre todo en los sectores conservadores y tradicionales, dentro o fuera del gobierno, o de los poderes legislativo o judicial.

Posiblemente esta audacia y persistencia del Gobernador tenga que ver con la fracción IV del Artículo 6° del referido Reglamento, pues establece que el Consejo Estatal de Consulta y Participación Ciudadana en materia de Seguridad Pública se integra de la siguiente manera: Cuatro representantes de la Sociedad Civil que serán nombrados en acuerdo con el reglamento correspondiente.

El párrafo siguiente al numeral X del mismo artículo establece: En el Caso de los integrantes del Consejo a los que se refiere la fracción IV, serán seleccionados de la siguiente manera. a) Dos representantes de las asociaciones Religiosas con mayor presencia en el Estado; b) Un representante de las Organizaciones no Gubernamentales del Estado; y c) Un Ciudadano de probada honorabilidad que resida en el Estado de Aguascalientes y que se haya significado por sus actividades en pro de la Seguridad Pública del Estado.

Será interesante dar seguimiento a las aportaciones de los dos representantes de las asociaciones religiosas con mayor presencia en el Estado y sobre todo saber cuál es su experiencia y expertise en materia de seguridad pública, curioso que se pida el requisito a “un ciudadano” y no se le pida igual a un representante de organizaciones civiles (que también las hay locales en esta materia), como tampoco se les requiere a estos representantes religiosos. Aunque este sea un consejo consultivo, ¿dónde queda el estado laico, dónde queda la representatividad de la sociedad?

Si de Seguridad Pública y de participación ciudadana se va a tratar, sería pertinente que para hacer un diagnóstico a priori voltearan a ver lo que ya otras organizaciones civiles han hecho, como es el caso del Observatorio Nacional Ciudadano que fomenta el entendimiento de las condiciones de seguridad, justicia y legalidad del país, buscando incidir en la eficacia de las políticas y acciones de la autoridad. Dicha organización tiene todo un estudio estadístico Estado por Estado desde 1997 y tiene perfectamente perfilado al Estado de Aguascalientes, que en números globales, respecto a los indicadores con los que se cuentan, este es el resumen:

Como podemos observar los delitos con mayor incidencia, sobre todo en la última década en Aguascalientes, tienen que ver con los delitos patrimoniales: robos. Mismos que si bien se pudiesen prevenirse con la promoción de valores en el seno de las familias, también lo es que las propuestas más eficaces se han propuesto desde hace tiempo, como lo hiciera destacadamente un grupo de 13 sociedades de alumnos mexicanos estudiantes en el extranjero conocida como #PropuestaMx 20145:

1. Incrementar la eficacia y eficiencia de los mecanismos de control de confianza institucional.
2. Desarrollar mecanismos internos y externos de contrapeso policial.
3. Desplegar un nuevo Sistema Integral de Desarrollo Policial (SIDEPOL) apegado a las mejores prácticas de capacitación y profesionalización.
4. Transformar el sistema de indicadores de seguridad a uno orientado en resultados.
5. Generar mecanismos de evaluación sistemática del desempeño e impacto del gasto público de los fondos dedicados a la seguridad.
6. Fortalecer los mecanismos de generación y explotación de inteligencia policial.
7. Garantizar las capacidades de aprendizaje institucional en las fallas ministeriales.
8. Generar incentivos para garantizar la implementación de la Reforma de Justicia Penal.
9. Elevar las capacidades institucionales en materia forense y pericial.
10. Implementar un Observatorio Ciudadano para el monitoreo de un Segundo Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.

Sin duda alguna estas propuestas suenan más acorde a los objetivos y fines delineados para el Consejo en su Reglamento, sería importante que desde el Poder Ejecutivo se hiciesen las distinciones necesarias respecto al tema de seguridad pública, se acequiaran de estudios serios y profesionales, y no trataran de confundir a la ciudadanía con discursos ramplones que si bien no restan, tampoco resuelven la problemática, y lo que es peor, podrían abrir la puerta para que funcionarias y funcionarios de estrechez intelectual y profesional deliberadamente decidan interponer una visión personalísima de lo que consideran debe ser una familia, pasando por encima de los derechos y los sentimientos de la sociedad diversa en la que ya vivimos desde hace varias décadas, aunque los poderes locales se nieguen aún a reconocerlo jurídicamente.

Fuentes

• La Jornada Aguascalientes, Nota de la Redacción, febrero 14 de 2017, Sociedad y Justicia, pag. 7.

• Op cit, Nota de Hilda Hermosillo, pag.4.

• Ibid.

• Nota UnoTV, Especiales Elecciones 2016, Notimex, mayo 20 de 2016.

• Nexos, #PropuestaMx 2014, noviembre 12 de 2014.

Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes