Rebasada mediáticamente por el comentario del gobernador del Banco de México, referente a que hay que impulsar la Reforma Laboral para abaratar el despido de trabajadores, se ocultó una profunda reconsideración de la política neoliberal que hizo durante esa misma entrevista. Entre las cosas que casi no rescató la prensa de lo que dijo Agustín Carstens el jueves, fue aquello de que siempre sí habría que impulsar el crecimiento de la economía interna.
Cuando México sufrió las sucesivas crisis de deuda que desembocaron en la sujeción que impuso el Fondo Monetario Internacional –con los lineamientos del Consenso de Washington– como condición de rescate, el eje de las políticas públicas gubernamentales se trasladó hacia la conversión del comercio internacional como motor del crecimiento. Así, desde la década de 1980 nuestra economía ha sido reorientada por los gobiernos, tanto del PRI (1982-2000), como del PAN (2000-2012), a favorecer un modelo basado en satisfacer a los mercados globales. De esta manera, la estructura de la planta productiva, los precios de las materias primas y del trabajo se han transformado paulatinamente en medios para privilegiar al sector de bienes y servicios comercializables, así llamados los que se exportan.
Dicho de otro modo, se han ido cerrando mecanismos de apoyo para sectores manufactureros, como calzado, confección, producción de textiles, de muebles, etc., ya que esos bienes, conforme al modelo económico adoptado, debían importarse con las divisas que generara la venta al exterior de petróleo –sin refinar ni procesar–, de minerales y de ciertos productos vegetales como hortalizas, frutas y una gran variedad de plantas para uso de la industria químico-farmacéutica internacional. Asimismo, se adaptó la infraestructura de soporte a la exportación de automóviles y aparatos electrónicos, todos de marcas extranjeras ensamblados por filiales de compañías internacionales. De allí que se realizaron fuertes inversiones gubernamentales en carreteras, puertos y redes de comunicación ordenados, como se puede constatar en los mapas, para alimentar todos los puertos terrestres y marítimos de exportación, no a mercados internos.
La inversión extranjera fluyó hacia México provocando la sensación que aún muchos conservan respecto al bienestar que vivió el país durante el sexenio de Carlos Salinas y la estabilidad que se concretó durante el de Zedillo. Esas condiciones de cierto bienestar económico fueron heredadas a Fox primero y, posteriormente a Calderón. Los exaltados logros del equilibrio económico que presumió este último en su sexto evento de autoelogios que algunos aún llaman informe, resaltaron como propios los logros macroeconómicos construidos por los últimos dos gobiernos priístas. Tuvo el acierto, eso sí, de no quitar los alfileres con los que se sostuvo la economía mexicana en casi todo ese lapso de 24 años. El “casi” se lo debemos al primer secretario de hacienda de Zedillo, Serra Puche, que apenas le dejó el despacho su antecesor en la secretaría, Pedro Aspe, quitó el candado que mantenía artificialmente fijo el tipo de cambio, provocando la crisis (el error) de diciembre del 94.
Detrás de las cifras macroeconómicas que los gobiernos del Consenso de Washington han presentado al país, hay graves desajustes sobre los que nadie habla, provocados por la desatención a la economía local en su función de satisfacer la demanda interna. En 24 años hemos tenido que pagar una debilitada planta productiva que no puede generar los empleos que se necesitan. La crisis que se han negado a reconocer se creó de la siguiente manera: la importación de bienes manufacturados (muchos, por baratos, de mala calidad) como ropa, zapatos, muebles, muchos artículos chinos como relojes, bolsas, cosméticos, juguetes, etc., desmotivó que las empresas mexicanas continuaran trabajando para producirlos. Al cerrarse empresas manufactureras, se despiden trabajadores. Con alto desempleo, se abaratan los salarios. Con menos personas con empleo y con bajos sueldos, la gente elige comprar lo más barato, que son precisamente los productos importados y, al hacerlo, continúan debilitando a las empresas nacionales.
Entre 1980 y 2011, la cantidad que los mexicanos dedican a comprar bienes y servicios de consumo, como proporción de la demanda agregada –en términos llanos, todo lo que empresas, personas y gobiernos compran en el país– cayó más de 30%. Quitando al 10% más rico del país, el consumo de todas las demás personas cayó en ese periodo en casi 50%. Esto es, el 90% de la población gasta en consumo prácticamente la mitad de lo que gastaba en 1980.
Ver sólo las cifras macroeconómicas, sin distinguir entre niveles de ingreso o entre ramas de actividad económica nos ha llevado a tomar decisiones erróneas, si no es que a justificar, con cifras agregadas que ocultan su composición, el hecho de que sigamos manteniendo un modelo económico que beneficia mucho a muy pocos, afectando muchísimo a la mayoría.
Carstens, gobernador del Banco de México a mitad de su periodo, y en el ocaso del sexenio del gobierno federal, sale a los medios diciendo que hay que apostarle “ahora sí” al mercado interno cuando ya sería catastrófico no hacerlo. Cabe la posibilidad de que Carstens se haya animado a decirlo ahora que se abre una breve ventana de oportunidad mientras se arman las políticas, programas y presupuestos que tendrá el nuevo gobierno. Es importante resaltar que existe este momento de transición y oportunidad para todos los actores económicos y sociales que con su actuar pudieran evitar futuros errores. El riesgo estriba en que el equipo entrante ha manifestado que pretende aumentar el IVA, generalizarlo a alimentos y medicinas, e instaurar un impuesto al consumo.
Si bien es cierto que la seguridad social y los necesarios programas de inversión pública requieren más recursos, no hay nada más incongruente con la condición actual del 90% de los mexicanos que pretender que éstos paguen los platos rotos. Mayores impuestos seguro que incrementarían la necesidad de servicios médicos públicos para millones de personas cada vez más angustiadas. Quizá haya que pensar primero en eliminar gastos excesivos del gobierno y cobrar los impuestos que eluden, evaden o bien les son dispensados a los grandes causantes.
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