I’ve had every promise broken, there’s anger in my heart
You don’t know what it’s like, you don’t have a clue
If you did you’d find yourselves doing the same thing too
Breaking the law, breaking the law…
Breaking the law – Judas Priest
¿A ustedes no les parece que cada vez que AMLO se refiere simplemente como Chong, cuando habla de Miguel Ángel Osorio -secretario de Gobernachong-, el tabasqueño está pensando en alguna escena de El Complot Mongol? A mí sí. En fin, era una pregunta para romper el hielo, porque no acudió a la computadora una manera coherente de inducir a la columna. Como sea, la pasada entrega de Memoria de espejos rotos fue dedicada a ensayar ideas sobre el centenario de la Constitución de 1917. Ahora en esta, se ofrecen algunos puntos de vista sobre la nueva Constitución de la Ciudad de México, sobre todo lo que se refiere a los derechos humanos de perfil más -digamos- progresista, y -¿cómo no?- de las reacciones que tuvo ésta.
En una centuria, la Constitución de 1917 se reformó entre 600 y 700 veces; es decir, más del 80% del texto original de la post revolución. Muchas veces estos cambios reflejaron más el perfil ideológico del grupo político en turno, que las necesidades nacionales. Así, con los años, se convirtió más en un texto más para expertos juristas que para ciudadanos legos. En esta amplia brecha del conocimiento ciudadano sobre la cabalidad de sus derechos y obligaciones para con el Estado, se popularizó la especie de que nuestra constitución era “buena”, pero que no se aplicaba del todo. Así pasó de ser una ley normativa a ser una ley nominal, al menos en el imaginario colectivo.
Paralelamente, en la Ciudad de México se promulgó su nueva Constitución. Un texto de claroscuros que parece ser más un conjunto de propósitos aspiracionales sobre el ideal de la civitas contemporánea, que un conjunto de normas viables y susceptibles de ser aterrizadas (como el derecho al “tiempo libre”, la “dignidad” de los animales, el derecho al salario digno, o la inclusión social universal, por poner unos ejemplos). En estos claroscuros se le pueden hacer las críticas necesarias sobre su funcionalidad política, como que -por ejemplo- no concreta la situación de la CDMX como una entidad federativa más (y que queda supeditada por su locación sede de los poderes federales), o que es la base del proyecto electoral de Miguel Ángel Mancera para 2018, o que no concretó demandas sociales como el tema de la plusvalía o la regulación legal del comercio sexual voluntario, o que para su aprobación no acudieron a la vox populi, sino a “notables” cuestionables, etcétera. Sin embargo, lo que sí es menester reconocer es que -efectivamente- da pasos importantes respecto a los derechos humanos universales: como el derecho a la muerte digna, el marco legal para la interrupción despenalizada del embarazo, la nueva regulación para el consumo de derivados del Cannabis, el reconocimiento a los derechos plenos de la comunidad LGBTTTI, por poner ejemplos.
Las reacciones críticas a esta nueva legislación cundieron desde la Iglesia católica -¿cómo no?- específicamente en los derechos que se comentaron al final del párrafo anterior, y concretamente contra lo referente a la interrupción legal del embarazo. En su editorial dominical Desde la fe, púlpito de homilías de su órgano de difusión, la Iglesia católica calificó como “asesina” a la nueva constitución de la CDMX, de la que habla como un documento que “confirma la ideologización que será ley vigente, un documento supuestamente fundamental fue secuestrado por las izquierdas intolerantes, asesinas y absurdas por reconocer derechos en donde no se deberían y no reconocer aquéllos que deberían estar en la norma”. No para ahí, continúa diciendo que “esas mismas letras carga su condena, encadenándola a los grilletes de la injusticia e inequidad, sobre todo para quienes no se pueden defender”. Así también, en un cálculo sesgado denuncia que por los abortos se ha dado “el asesinato -en diez años- de más de 170 mil personas en gestación”. Su editorial desliza la suspicacia sobre una mafiosa mancomuna entre las farmacéuticas y el gobierno, motivada -claro- por la “industria del aborto”.
Es cómico el hecho de que el mismo día de la publicación de la citada editorial -el 5 de febrero-, también publicaron en el mismo portal una “nota” que se titula (sin risas, por favor) “¡Comprobado!, donde se adora al Santísimo, disminuye la criminalidad”, en la que citan fragmentos de una entrevista a un sacerdote argentino que -sin prueba alguna, faltaba más- afirma una relación de proporción inversa entre la oración y los índices delictivos. Más allá de que la agenda del sector eclesiástico pueda -y deba- cuestionarse, de la misma manera que se cuestiona la agenda de cualquier grupo de presión, esto sirve como ejemplo de cómo padecemos esa proclividad a dejar de ver lo importante, para anclarnos en lo accesorio.
En eventos paralelos, el gobierno de EU suaviza la amenaza de enviar tropas a México para “coadyuvar” al combate contra el narcotráfico, con un plan similar al que se ejecutó en la etapa más cruenta del crimen en Colombia. Al mismo tiempo, se cuece lento en el legislativo la reforma que habrá de dar marco legal a la actuación del Ejército en la procuración de la seguridad pública a civiles. Ante estos hechos, Chong (ya quedamos, el secretario de Gobernación visto a través de El Complot Mongol) declaró en la Plenaria de los senadores del PRI que la Federación construye un “acuerdo nacional con estados y municipios para fijar plazos específicos de regreso de las tropas a sus cuarteles, una vez que los gobiernos locales hayan profesionalizado o construido sus policías”, en un plazo de un año, y pidió a los legisladores de su partido sacar adelante el marco legal para el Ejército y la Marina, porque -afirmó- “no es la intención de este gobierno, y sé que no es la de ustedes, la de militarizar a nuestro país”. Mientras eso sucedía, los secretarios de la Defensa Nacional y de la Marina se reunieron en privado con legisladores, y los urgieron a devolver a las milicias a sus cuarteles. Una llamada de atención que no es para nada poca cosa, y que cae en una coyuntura peligrosa.
Celebramos cien años de la Constitución federal, celebramos la nueva constitución de la CDMX. Ambas legislaciones con más tinte nominal que normativo, proyectadas a ideales que poco se aterrizan en la práctica. Entre tanto, nuestras fuerzas armadas urgen regresar a los cuarteles y la Segob secunda la petición castrense, en un momento en el que Donald Trump nos corre la cortesía de tratarnos como en 1999 trataron a Colombia (con la intromisión explícita de una fuerza armada extranjera en territorio nacional), para combatir con armas y cárceles un problema que debe ser combatido con inteligencia, equidad en la distribución de la riqueza, educación, empleo, y erradicación de la marginación. Como apuntaba líneas arriba, padecemos esa proclividad a dejar de ver lo importante, para anclarnos en lo accesorio. Eso entraña un costo que habremos de pagar.
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