En Aguascalientes, como bien es conocido, la cuestión del agua es un tema de la mayor prioridad en la construcción de la agenda de las políticas públicas. El municipio de Aguascalientes es de los pocos casos en el ámbito nacional donde el suministro del vital líquido se encuentra concesionado al sector privado, hasta la fecha la implementación y aprobación de este esquema han sido complicadas, y en la opinión pública en general se muestra un rechazo. Por su parte, la Federación no ha hecho el mínimo esfuerzo por tratar de implementar éste en otras ciudades del país.
En fechas recientes, la problemática relacionada con la concesionaria del servicio ha vuelto a poner el dedo sobre la llaga en lo que respecta a determinar cuál sería la manera más adecuada para proporcionar este servicio. Incluso diversos actores políticos y sociales se han pronunciado a favor de la posible revocación del título de concesión.
Existen diversos problemas estructurales, entre ellos destacan: i) el acuífero de la zona es limitado; sus características son parcialmente desconocidas y está sobreexplotado, y ii) el organismo regulador de la autoridad municipal no desempeña adecuadamente sus funciones de regulación.
Se estima que los hogares en Aguascalientes destinan 300 pesos en promedio como gasto adicional que deben hacer en agua embotellada y pago de energía eléctrica de la bomba, debido al servicio deficiente.
Es importante señalar que desde nuestra óptica es un problema sencillo de resolver, pero que se ha complicado tremendamente por la falta de una auténtica visión económica. Así, hay que partir del hecho fundamental que Caasa es lo que se conoce como un “monopolio natural” debido a que ningún ciudadano en esta ciudad puede tener acceso a que otra empresa le ofrezca este líquido, es decir, no existe la competencia. Esta peculiaridad crea ciertos incentivos perversos para que este tipo de empresas ofrezcan su producto a un precio elevado y con una calidad que deja mucho que desear. En pocas palabras, son en cierta medida ineficientes, de modo que esta ineficiencia se traslada al consumidor final mediante un sobreprecio, y como los ciudadanos necesitan este vital líquido, no les queda más que recibir el servicio a las tarifas impuestas, lo que origina una situación de clara desventaja para el consumidor.
Otro aspecto importante a destacar es que para una empresa es normal buscar obtener una ganancia cada vez mayor, de modo que todas sus acciones van encaminadas hacia la consecución de tal objetivo. En este sentido, es lógico que Caasa busque recuperar sus inversiones mediante el establecimiento de tarifas por la prestación del servicio. Lo que ya no es tan lógico ni justo, es que el concesionario abuse de su poder monopólico en detrimento de los consumidores. En Aguascalientes se tiene una tarifa que es de las más altas en el ámbito nacional.
Cabe mencionar que ciertamente la concesión del servicio generó aspectos positivos, como que el municipio pudiera canalizar una gran cantidad de recursos al ámbito social y que su deuda se redujera a un nivel de los más bajos en el país.
Hasta el momento, el organismo regulador Ccapama carece de la fuerza técnica e independencia institucional adecuada para controlar la empresa. Por lo que proponemos como parte fundamental de la solución de esta problemática, la creación de un Organismo Regulador Autónomo integrado por especialistas de las áreas económico-financieras, totalmente desligado de cuestiones políticas cuyos objetivos primordiales sean vigilar, regular y controlar a la empresa concesionaria para evitar abusos y así la obtención de utilidades excesivas a costa de los usuarios, que al final de día se traduciría en un servicio eficiente, de alta calidad y sobre todo en tarifas justas para ambas partes.
Esta propuesta se deriva de las experiencias exitosas observadas en otros países, concretamente en Inglaterra. En Inglaterra, el gobierno se limitó a crear una agencia reguladora que asegurara una tasa de ganancia razonable para los actores, a uno de los mayores objetivos de este marco regulatorio fue evitar la interferencia política en este proceso, de modo que el estatus como agencia independiente del gobierno fue supuesto para limitar la discreción de las decisiones políticas. Aquí se ha utilizado un instrumento innovador que es el establecimiento de precios tope ajustados por un factor de productividad y mejoras en la calidad.
Algunas propuestas interesantes son: i) como ya se mencionó, la creación y transformación de la Ccapama en un ENTE REGULADOR con suficiente soporte económico para su operación, ii) la adecuación del Título de Concesión, bajo un enfoque de equidad, racionalidad, y sustentabilidad de largo plazo, y iii) evaluar la conveniencia de pasar de un esquema de concesión a uno de contratos de gestión y arrendamiento. Adicionalmente, el municipio debería buscar el apoyo y asesoría de la Comisión de Competencia Económica (Cofece) que es el Organismo Autónomo que en el ámbito federal vigila que existan condiciones de libre competencia e impone sanciones en caso de no cumplirse.
Es conveniente evitar un clima de enfrentamiento entre las partes, pues la razón de ello es muy sencilla: con este tipo de acciones se le quita certidumbre económica-financiera a la empresa sobre el retorno de sus inversiones, de modo que la empresa ya no va a invertir, por lo que habría que compensarla ampliando el periodo de concesión, cosa que no es deseable. Es tiempo de ofrecer una solución seria, permanente y alejada de la contaminación política, donde todas las partes salgan ganando, sobre todo la ciudadanía.
