En los últimos días, derivado de una iniciativa presentada por el ex candidato a gobernador de Colima y senador panista Jorge Luis Preciado, se ha presentado un tema de polémica en el debate público: la portación de armas en negocios y automóviles de los ciudadanos mexicanos.
Hay que sentar el contexto: el debate no se trata ni de la portación de armas en sí, ni de la portación de las mismas de manera indiscriminada, sino solamente de la ampliación de un derecho que al día de hoy ya existe. Se debe considerar el artículo 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que desde su última reforma en el año de 1971, establece que los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos tienen derecho a poseer armas en su domicilio, para su seguridad y legítima defensa, con excepción de las prohibidas por la Ley Federal y de las reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional; esto es, los mexicanos ya contamos con pleno derecho de poseer armas de fuego, lo que la reforma planteada por preciado busca es ampliar ese derecho para que el lector pueda portar un arma en su vehículo y en su negocio, para su legítima defensa.
La controversia se sustenta en dos preguntas que a modo de argumento pueden utilizar ambas partes para defender las posturas a favor y en contra. La primera (a favor) es, bajo la lógica de que los derechos son progresivos y nunca regresivos, ¿qué tiene de malo ampliar un derecho ya existente?; la segunda (en contra) ¿no es evidente que, de fondo, la “ampliación” de este derecho trastoca el principio establecido en el artículo 17 Constitucional relativo a la potestad punitiva del Estado (ius puniendi)?
Los argumentos a favor son claros: el Estado ha fallado en su obligación de garantizar la seguridad de sus ciudadanos tal y como lo dispone el 17 de la Constitución, que otorga el monopolio de la Administración de Justicia al gobierno. Aquel adagio que reza que nadie puede hacerse justicia por su propia mano, para muchos ciudadanos se ha vuelto un grillete que los vuelve impotentes ante la deficiente administración de justicia mexicana que se caracteriza por su tendencia a la impunidad. El ciudadano común tiene miedo de ser asaltado a mano armada puesto que se ve en condiciones poco equitativas para su legítima defensa, por lo tanto necesita un arma para matar (porque le recuerdo al lector que las armas tienen esa única función) a todo aquel que, a su juicio, pretenda atentar en su contra.
Por otro lado, los que se oponen sostienen que lo que la reforma busca es dar el primer paso para eximir al Estado de su responsabilidad de administrar justicia, permitiendo al ciudadano matar (porque insisto, para eso son las armas) a delincuentes (suponiendo que a quienes el ciudadano decida matar sean delincuentes) librándose de dicha carga. Se alega además en contra que en países que tienen un control de armas más laxo, como Estados Unidos, el número de homicidios cometidos por arma de fuego es alarmante. Según datos de la BBC, en la Unión Americana entre los años 2001 y 2010, hubo más muertos por tiroteos que por presuntos ataques terroristas, de hecho 40 veces más. En el año 2015, se tiene registro de 294 tiroteos masivos de los cuales 45 fueron en escuelas (¡y quieren que no nos metamos con sus hijos!). Se tiene registro de al menos un homicidio por día efectuado por personas con posesión legal de armas por razones ajenas a la legítima defensa. En resumidas cuentas, quienes se oponen manifiestan que extender ese derecho implicaría consecuencias negativas para la seguridad pública y que el ciudadano estaría en una situación de mayor vulnerabilidad, cosa que el estado no puede permitirse.
En la opinión del que suscribe, considero que ampliar este derecho sería un error. He visto gente darse de piñas por un chiste de su equipo de futbol, personas peleándose a golpes por un intercambio de luces en sus vehículos, ¿de verdad estamos preparados para portar armas en nuevos términos? Fernando Herrera, coordinador del grupo parlamentario del PAN en el Senado, tuvo a bien deslindar a la bancada de la propuesta, porque es francamente una apología al pensamiento de personajes nefastos como Donald Trump. Y el PAN o es #TeamHillary o #TeamTrump, pero no puede ser ambos.
Alan Santacruz, columnista también de este diario, señalaba alguna ocasión que la obligación del Estado, derivada del concepto de Contrato Social de Rousseau, era aislar y sancionar a todo aquel que rompiera ese contrato mediante un hecho antisocial como lo es un delito. Yo agregaría además que, en ese orden de ideas, el estado no debería orientar sus determinaciones a normalizar los hechos antisociales, escudado en la ampliación de un derecho. Normalizar la Ley del Más Fuerte significaría, por decir lo menos, ir en contra de los principios sobre los que se funda el Estado.
Dicho sea de paso para concluir, advierto una ola de ataques contra el pensamiento garantista del Derecho en el futuro, preparémonos para el desafío que viene. Guarde esta columna.
