Fiesta en el infierno,
celebran la degradación de otro corazón.
La desilusión de un primer amor que se convirtió en Te odio.
El final de un sueño
que acaba en la resignación y la decepción.
La condenación, ángel de dolor que se convirtió en demonio
Fiesta en el infierno – Fangoria
El periodista Sergio Aguayo acaba de publicar un informe titulado En el desamparo. Los Zetas, el Estado, la sociedad y las víctimas de San Fernando, Tamaulipas (2010), y Allende, Coahuila (2011), en el cual ahonda la investigación sobre los crímenes perpetrados por los zetas en las tragedias humanitarias referidas en el título. Esta investigación, promovida por el Colegio de México, realizada con el auspicio de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), fue integrada por un equipo de investigadores, y se hizo posible gracias a una colaboración interinstitucional inédita. Esta investigación nos debe mover a reflexionar sobre la situación criminal del país y -concretamente- a plantearnos la necesidad de declarar a México en guerra civil.
Los hechos: el 22 de agosto de 2010 en San Fernando, localidad de Tamaulipas, masacraron a 72 migrantes (58 hombres y 14 mujeres de diferentes nacionalidades: mexicanos, salvadoreños, guatemaltecos, hondureños, ecuatorianos) que eran llevados por “coyotes” a la frontera norte del país. Esta masacre ocurrió porque los Zetas, en su guerra contra el Cártel del Golfo, buscaban reclutar a migrantes en tránsito hacia el norte, mediante el secuestro y la extorsión. De los 77 migrantes que capturaron ese día, sólo tres aceptaron trabajar como halcones (o incluso como esclavos), y los restantes que se negaron fueron maniatados, vendados de los ojos, y finalmente ejecutados uno a uno (incluyendo una mujer embarazada), para que no fuesen reclutados por el cártel rival. Sobrevivieron dos personas que lograron avisar a la Marina y declarar ministerialmente el horror.
Por otro lado, el 18 de marzo de 2011, en Allende, Coahuila, se avecindaba un operador de los Zetas, Luis Garza Gaytán, quien -de acuerdo a los testaferros del cartel- traicionó a la organización y le esquilmó varios millones de dólares. En represalia, los Zetas desaparecieron a todos sus familiares y allegados radicados en ese poblado (en el horror factual, no solamente a los parientes directos, sino prácticamente a toda persona con apellido Garza), los ejecutaron, y saquearon sus casas para luego demolerlas o incendiarlas. A los cadáveres los desaparecieron mediante incineración o “pozoleo” (esa indecible práctica de disolver restos humanos en agentes químicos para evitar su recuperación pericial). Las cifras no son concluyentes, pero se habla de la desaparición y presunto exterminio de alrededor de 300 personas en un lapso de meses. El poblado (con los ranchos Los Garza, y Los Tres Hermanos) quedó en calidad de pueblo fantasma, y las autoridades locales intentaron ocultar el hecho hasta que la mentira y el “no pasó nada” fueron insostenibles debido al reclamo de los familiares que radicaban en otras localidades lejanas a Allende. Para la logística de una operación tan grande, los Zetas contaron con el apoyo de la policía municipal, misma que tenían bajo su control desde hacía tiempo atrás. Por razones diversas, algunos de los actores principales de este holocausto fueron aprehendidos y extraditados a Estados Unidos de Norteamérica y figuran como testigos de otras causas de la DEA y del sistema penal norteamericano; este hecho ha impedido que se amplíen a la Procuraduría mexicana las declaraciones ministeriales de los autores del crimen.
En el informe presentado por Sergio Aguayo y el Colmex se consigna: “Es necesario recordar que el Estado tiene la obligación de prevenir las violaciones a los derechos humanos y, cuando éstas ocurran, debe establecer los hechos para contribuir a que se haga justicia y se reparen los daños causados. Para cumplir con esas tareas -y para que las víctimas y la sociedad puedan verificarlo-, una pieza clave son acercamientos rigurosos a la verdad. Hay un gran obstáculo: el entramado institucional y judicial mexicano no fue diseñado para buscar la verdad y le cuesta trabajo incorporar esta perspectiva. Éste es uno de los motivos más frecuentes tras las tensiones con aquellos sectores de la sociedad convencidos de que el acceso a la información y a la verdad es un derecho de las víctimas, de sus familiares y de la sociedad”. Aquí vemos una fisura en la potestad del Estado: ni se garantiza la seguridad pública, ni se mantienen los derechos humanos, ni se ejerce una efectiva procuración de justicia, ni se documenta ministerialmente para conocer o entender la verdad de la realidad del crimen en México, por la colusión del narcotráfico y la corrupción en el flanco más débil: la autoridad local.
La naturaleza de crímenes (verdaderos holocaustos) como los de Allende o San Fernando, sumados a los eventos relativos a Iguala-Ayotzinapa, la situación actual de amplias zonas del estado de Michoacán, y otras tantas tragedias nacionales que no han tenido un eco mediático similar, pero que se caracterizan por factores comunes como: el juicio sumario ilegal, la desaparición forzada de amplios números de personas, el exterminio de un grupo social específico, el asesinato por fusilamiento, la extinción metódica y deliberada de restos humanos para evitar seguimiento pericial, la esclavitud al crimen por su poderío, o el franco desamparo en el que el Estado ha dejado a grandes franjas de su población, nos pone en la necesidad de reflexionar sobre la pertinencia de enunciar la declaratoria de Guerra Civil en algunas zonas del país en las que el Estado no ha querido o no ha podido amparar a sus ciudadanos. La naturaleza de estos crímenes es una, y debe decirse con todas sus letras: son crímenes de lesa humanidad ante los cuales debemos exigir un debate serio sobre si ya es tiempo de acogernos a los cánones del derecho internacional para países en situación de guerra, en vistas del fracaso parcial del Estado mexicano.
Sergio Aguayo nos da pistas, y en una de las reflexiones finales de su informe, declara: “Para que el Estado mexicano demuestre su voluntad política y genere esperanzas verdaderas para poner fin a la crisis de atrocidades e impunidad, es necesario que busque el apoyo de la comunidad internacional para hacer frente a la situación. Por esa razón, resulta factible e indispensable que se constituya una entidad de investigación internacional, con sede en México, que tenga el poder de investigar y procesar causas de manera independiente en materia de crímenes atroces y casos de gran corrupción”.
No nos llamemos a sorpresa si en algún momento al ejecutivo (al actual, al anterior, o al que viene) se le cita en un tribunal internacional para que ofrezca en un juicio la verdad sobre por qué una gran mayoría de sus ciudadanos sobreviven en el desamparo más abyecto, sórdido, y atroz.
Si quiere leer el informe completo de Aguayo, aquí están estas ligas al horror: https://goo.gl/l1jq1X, https://goo.gl/Vezn6q.
Obituario: La semana pasada falleció el profesor Gerardo Calvillo Cardona. Él formó a muchas generaciones de jóvenes en el Centro de Estudios de Bachillerato Aguascalientes y ahí tuve el honor de ser su pupilo. Además de las enseñanzas en ciencias y pensamiento crítico que pude obtener de él (como resolver problemas multivectoriales sin calculadora, o entender la naturaleza por su relación con la tabla periódica, o valorar a la ciencia para la explicación de la realidad), Gerardo me moldeó varios aspectos de mi ideal del docente, mismos que le heredé para el trabajo con mis alumnos. Hubo una anécdota en la que él y yo nos referíamos al Rutherfordio con su nombre soviético: Kurchatovio; en ese tiempo ambos coincidíamos en que durante la guerra fría le habríamos apostado a Iván Drago, y no a Rocky Balboa. En fin, descansa en paz, maestro Gerardo. Paz y luz a tus deudos, que somos muchos.
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