- Buscan evitar que se repita el caso Chiapas, en donde se violó la paridad en la postulación de candidaturas de mujeres
- El Reglamento da claridad a las reglas, certeza a las elecciones y reduce la discrecionalidad
Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), aseguró que el Reglamento de Elecciones que regirá los procesos electorales de 2017 y 2018 garantizará que el sistema nacional de elecciones no permita deslindar responsabilidades de las autoridades administrativas federal y estatales en la organización de los procesos electorales y la aplicación de la normatividad.
Después de las elecciones de 2015, precisó, particularmente con lo ocurrido en Chiapas, cuando se dio la violación a las normas de paridad en la presentación de las candidaturas avaladas por el Organismo Público Local Electoral (OPLE) del estado y el fraude que ocurrió en el voto de los chiapanecos radicados en el extranjero, el INE se planteó que las competencias y atribuciones deberían quedar definidas.
Córdova Vianello explicó que a partir de las elecciones en Chiapas asumieron que “si algo ocurre mal en el ámbito de responsabilidades de la autoridad electoral local, esto también afecta el trabajo del INE”.
Explicó que el Instituto “era responsable de lo que la Constitución le mandataba específicamente y los OPLE de lo correspondía, sin más. Dos ámbitos de responsabilidad deslindadas, y cada una de estas dos instancias era competente de ver y responsable de lo que ocurriera en cada uno de esos dos ámbitos; en todo caso lo que había que hacer era afinar los mecanismos de coordinación para que estuvieran bien definidos”.
Por ello, se determinó que el INE debería tener presencia de mayor calado en las elecciones, a partir de tres planos: el primero normativo, por lo que entre agosto del año pasado y mayo de éste se emitieron 308 acuerdos, muchos de ellos en ejercicio de la facultad de atracción para fijar las reglas con las que los OPLE tenían que hacer las elecciones; el segundo, que hubiera un acompañamiento mucho más cercano del INE con los OPLE, incluso en términos de presencia física en el ámbito local, para blindar a los organismos en la construcción y ejercicio de su autonomía frente a los poderes locales económicos, sociales y, sobre todo, políticos; y en tercer lugar, vigilar y supervisar el trabajo que realizan esas instancias locales, bajo la premisa de que si pueden nombrar y remover a los consejeros, tienen la facultad intrínseca de vigilar que hagan bien su trabajo.
“Entonces el reglamento sistematiza todas las normas emitidas, pero sobre todo tiene la intencionalidad de inyectar claridad respecto de las reglas y, por ende, certeza a nuestra estructura, la del INE y la de los OPLE, y también a los partidos políticos y a los ciudadanos. Es decir, claridad respecto de las normas se traduce en menor discrecionalidad, mayor certidumbre y, al final, mayor confianza y certeza en torno a las elecciones”, subrayó el consejero presidente.
El INE cuenta con los elementos para blindar y garantizar elecciones confiables
Córdova Vianello detalló que con la experiencia alcanzada con los procesos electorales de 2015 y 2016, en los que se realizó una elección en su totalidad, además de ejercer la facultad de atracción, organizar elecciones extraordinarias locales y federales, incluyendo una concurrente, se cuenta con los elementos para poder tomar decisiones e implementar un blindaje que garantice procesos confiables los próximos años.
“Con estas reglas, podemos realizar elecciones con un grado de confianza que permita a los ciudadanos salir y decidir con su voto su futuro político y eventualmente propiciar alternancias”, destacó durante el programa conducido por Rodrigo Morales Manzanares, ex consejero electoral, y Pablo Javier Becerra, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
En este sentido, continuó, se inscribe la presentación de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica, que tiene como eje troncal construir desde abajo e involucrar a más actores para crear conciencia de cuál es el rol de los ciudadanos en el ejercicio responsable de sus derechos y libertades, además de que no sólo sean meros espectadores de lo que los gobiernos hacen o deciden: “Puede combatirse a partir de una generación de contextos de exigencia desde la misma sociedad hacia la actuación de los órganos electorales, de las instancias de gobierno, de las decisiones que se toman en el Legislativo. El rol no es nada más ir y votar, sino asumir que en la construcción de lo público son fundamentales el debate, el diálogo y la exigencia”.
Con información de la UAA
